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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar (Valle del Cauca), por cuenta de la disputa por el control territorial que libran allí cuatro organizaciones al margen de la ley: el frete Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Clan del Golfo y los Rastrojos Nueva Generación.
La entidad aseguró que esta zona, tambén conocida como el cañón del río Garrapatas, es un corredor clave para la dinámica y economías ilegales de los grupos armados, por su geografía montañosa, selvática y con afluentes que facilita la movilidad de bienes ilícitos como drogas o armas. La alerta se conoce a menos de una semana del atentado perpetrado por las disidencias de las Farc en Cali, que cobró la vida de seis civiles y dejó a 77 heridos.
La Defensoría identificó que en este momento hay al menos tres dinámicas de los grupos ilegales que podrían hacer estallar una crisis en la región. La primera es la probable disputa entre el Nuevo Estado Mayor Central (EMC) o frente Jaime Martínez de las disidencias y el Clan del Golfo, por el acceso y control del cañón de Garrapatas, ubicado entre los límites del Valle y el Chocó.
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La entidad también identificó una incidencia importante de una organización criminal denominada Rastrojos Nueva Generación, que sostiene una disputa con el Clan del Golfo en otra zona del cañón de Garrapatas; puntualmente en la vereda Venecia de Trujillo y el municipio de Bolívar. Su objetivo es posesionarse en la región y tener control territorial.
Asimismo, mencionan el avance de las disidencias de las Farc hacia La Sonora (Trujillo) y Naranjal (Bolívar) para controlar el cañón de Garrapatas. Esto, según la Defensoría, podría terminar en dos posibles rutas: una disputa directa con el Clan del Golfo o una posible alianza contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
La Defensoría asegura que, tras su análisis, es posible advertir la inminencia de una escalada de violencia, manifestada en un “incremento de homicidios múltiples y selectivos en zonas urbanas y rurales”, así como en una “posible generalización del uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) en cascos urbanos”.
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La Defensoría también resaltó que las poblaciones que corren un mayor riesgo son los pueblos indígenas Embera Chamí, específicamente los resguardos Kipara y Drúa Do, y los asentamientos Dachiní y Dai Eadebena. Además, se menciona que menores, adolescentes y las comunidades educativas son parte importante de la población en riesgo por cuenta de una escalada violenta en la región.
Además de lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre la situación en la región, los hechos violentos durante los últimos meses en municipios como Riofrío. El 29 de enero, por ejemplo, en los corregimientos de Fenicia y Salónica fueron detonados dos artefactos explosivos. Por fortuna, esos hechos solo dejaron a una persona herida y daños en construcciones aledañas a los sitios en los que fueron instalados los artefactos.
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