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En la noche de este sábado 25 de julio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por la crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca. Puntualmente en los municipios de Huisitó y El Tambo, donde se han presentado durante los últimos días duros enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.
Según la entidad, los combates de la fuerza pública en esta semana han sido contra la estructura Carlos Patiño del llamado Estado Mayor Central (EMC), la disidencia al mando de alias “Iván Mordisco”. La Defensoría denunció que estos hechos han dejado a seis personas heridas y afectaciones a la población civil que está en medio del fuego cruzado entre actores armados.
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La Defensoría liderada por Iris Marín Ortiz avanza en este momento en verificar la información preliminar sobre la situación, según la cual “las afectaciones a personas y bienes civiles (inclusive a niños y niñas en instituciones educativas) provienen no solo de la estructura armada ilegal, sino de acciones de la fuerza pública”, según indicaron en un comunicado.
Desde la entidad han adelantado labores de monitoreo y acompañamiento a la población civil, especialmente a los 12 menores de edad, los docentes y el rector de una de las instituciones educativas de la región, que estaban en el plantel educativo cuando fueron sorprendidos por el fuego cruzado entre disidencias de las Farc y uniformados del Ejército Nacional.
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También hicieron parte del comité de justicia transicional convocado por las autoridades de la región para hacerle seguimiento a la grave situación humanitaria después de que esta semana las disidencias de las Farc intentaran instalar un retén ilegal y se hicieran pasar por civiles en el municipio de Huisitó para atacar a integrantes de la fuerza pública.
“Recordamos que la población civil, y en especial las niñas, niños y adolescentes, gozan de protección reforzada conforme al Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política. Las instituciones educativas deben preservarse como bienes de carácter civil y como espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez, libres de las afectaciones derivadas del conflicto armado”, indicó la Defensoría.
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De paso, le hicieron un llamado a todos los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y no ejecuten acciones que pongan en riesgo a la población civil, “especialmente aquellos de carácter educativo y pongan en peligro la vida de menores de edad, o comprometan bienes de carácter civil, en particular las instituciones educativas”.
La entidad también le pidió a la fuerza pública que, en el desarrollo de las operaciones militares, “observe estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario, adoptando todas las medidas factibles para evitar las afectaciones a la población y bienes civiles, especialmente las escuelas”.
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Agregaron: “Cuando exista la posibilidad de afectar a personas menores de edad, las actuaciones de la fuerza pública deben considerar su interés superior y extremar las medidas de protección”. A las demás entidades competentes les pidieron garantizar la atención humanitaria a las personas lesionadas y el acompañamiento psicosocial a los menores, docentes y comunidad afectados por la situación de seguridad y orden público.
“Reiteramos que la planeación y ejecución de operaciones militares debe incorporar una evaluación permanente de los riesgos para la población civil (...) La exposición a enfrentamientos armados puede generar graves afectaciones, inclusive psicosociales, con impactos particulares en el bienestar y desarrollo de menores de edad”, concluyó la entidad.
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