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A través de un comunicado entregado por la Defensoría del Pueblo este viernes 6 de febrero, la entidad, dirigida por Iris Marín Ortiz, alertó sobre la escalada de violencia en las veredas Linderos y La Libertad, ubicadas en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Según indicó la Defensoría en el comunicado, desde el 26 de diciembre de 2025 ha recibido y verificado reportes sobre enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá Córdoba”, y la Segunda Marquetalia.
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El ente señaló que ya ha puesto en conocimiento de la situación al Ministerio del Interior, al mando de Armando Benedetti, en al menos tres oportunidades. Esto, “mediante comunicaciones formales que advierten la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección; la más reciente fue remitida en las últimas horas, sin que a la fecha se evidencien respuestas con impacto efectivo en el territorio”.
Asimismo, la Defensoría indicó que dichos combates entre guerrillas mantienen a la población civil en un riesgo permanente, “que incluye afectaciones a la vida e integridad personal, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar, amenazas y homicidios selectivos”, así como riesgos de desplazamiento forzado, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
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Es por ello que la Defensoría del Pueblo realizó un llamado a dichos grupos armados, instándolos a excluir “de manera estricta a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de acciones que pongan en peligro a las comunidades, conforme a las normas del derecho internacional humanitario”.
La Defensoría del Pueblo recordó, además, que el Estado Mayor de Bloques y el frente se encuentran en medio de conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, y que adquirieron ciertos compromisos en el Ciclo VII, en el que se comprometieron a desescalar las afectaciones a civiles.
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“Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, aseveró la Defensoría. Por último, el ente instó a las entidades del Estado a adoptar de forma inmediata acciones urgentes, coordinadas y eficaces para “garantizar la protección integral de la población, con especial énfasis en la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes”.
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