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A través de un comunicado emitido en la tarde de este 22 de febrero, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la situación humanitaria que enfrentan las comunidades campesinas en la zona rural de la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, en el municipio de Aracataca (Magdalena), debido a los recientes combates entre el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.
El ente señaló que, aunque los enfrentamientos ya han cesado hasta la fecha, aún no se tiene información sobre posibles víctimas civiles. Asimismo, indicó que la población sigue expuesta a “riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente”.
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La Defensoría señaló que esta situación ha llevado a que varias familias se vean obligadas a desplazarse hacia el casco urbano del municipio, así como a municipios vecinos. Según el ente, en el marco del Comité de Justicia Transicional se informó que se ha identificado el desplazamiento forzado de, al menos, 46 familias, lo que equivale a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, indicó que “las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario”, como la retención de teléfonos celulares y mercados, así como la restricción de cualquier medio de transporte.
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Este escenario de riesgo se configuró tras la escalada de violencia y la disputa por el control territorial de zonas estratégicas entre las ACSN y el Clan del Golfo, dinámica que, según la Defensoría, “ha generado graves afectaciones a la población civil y ha profundizado la situación de vulnerabilidad en la región”. Por ello, la entidad instó a las autoridades competentes a implementar de manera inmediata un plan de acción para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
La Defensoría también indicó que, ante la posible reactivación de los combates, es necesario mantener un monitoreo permanente sobre la situación de las personas que se mantienen en zona rural del municipio. De igual manera, la entidad pidió a la administración municipal activar el Plan de Contingencia, “con el fin de garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, solicite el apoyo y la corresponsabilidad de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
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El ente también pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mantener y fortalecer la atención a los menores de edad afectados por el recrudecimiento de la violencia. Finalmente, la Defensoría exhortó a la fuerza pública a adoptar todas las medidas necesarias, en el marco del respeto al Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil y evitar la intensificación de la crisis humanitaria.
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