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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre cinco municipios del departamento del Huila por la expansión de estructuras del denominado Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Mordisco”. Según la entidad, hay riesgo por homicidios, extorsiones, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y restricciones a la movilidad.
Según la alerta de la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz, hay un grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) por la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, que hacen parte del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel.
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La alerta temprana advierte “graves consecuencias humanitarias” por cuenta de la expansión del grupo al margen de la ley. “El grupo disidente mantiene un control hegemónico sobre corredores estratégicos de la cordillera Central que conectan al Huila con el sur del Tolima y el departamento del Cauca, facilitando el tránsito de armas, suministros y economías ilegales”, indicaron.
En lo corrido de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó al menos seis asesinatos “de carácter ‘ejemplarizante’” atribuidos a las disidencias de las Farc y justificándolos en el supuesto incumplimiento de sus “normas” en la región. “Las tasas de homicidio han alcanzado niveles preocupantes, particularmente en Palermo y Neiva”, señala la alerta temprana.
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A eso se suman las extorsiones contra caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, que son citados a zonas rurales para acordar pagos bajo amenaza. Todos estos constreñimientos, según la Defensoría, son impuestos por medio de “manuales de convivencia” que contemplan incluso horarios de movilidad y prohibiciones de ingreso a personas foráneas.
“Se ha detectado la instrumentalización de liderazgos comunales, que son coaccionados para transmitir las órdenes del grupo armado, lo que genera estigmatización y riesgos de ataques tanto de los ilegales como de la fuerza pública. Han sido documentadas graves infracciones al DIH, pues los integrantes del Frente Ismael Ruiz han utilizado a las personas civiles como escudos humanos al alojarse en sus viviendas durante combates”, señala.
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La Defensoría tiene también información sobre ocupación de escuelas por parte del grupo al margen de la ley, poniendo en riesgo a estudiantes y docentes. “Preocupan el posible uso de drones con explosivos y problemáticas en la gestión digna de cuerpos de personas que murieron en combates”, señala la alerta temprana emitida por la entidad.
Los menores de edad están bajo especial riesgo por el reclutamiento forzado para las filas de las disidencias de las Farc por medio de engaños con promesas económicas, regalos (motos, celulares) y manipulación en redes sociales. Firmantes del Acuerdo de Paz también han sido desplazados forzadamente, igual que indígenas del pueblo nasa que son amenazados.
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La Defensoría del Pueblo exigió “una respuesta rápida” por parte de las autoridades competentes y puso sobre la mesa 19 recomendaciones para entidades del orden regional y nacional “para que impulsen una respuesta rápida en materia de disuasión de la amenaza, prevención del reclutamiento de menores, protección de lideresas y líderes sociales y personas firmantes de paz, y mitiguen vulnerabilidades con el mejoramiento de la conectividad vial y digital en las zonas rurales aisladas”.
Concluye señalando que estas medidas y recomendaciones deben orientar al Estado en su hoja de ruta para contener la expansión de estructuras al margen de la ley y su inminente impacto humanitario en comunidades como las del departamento del Huila. “Las entidades deben implementarlas bajo un enfoque de seguridad humana, a fin de que la atención a los riesgos esté acompañada de estrategias para garantizar los derechos de la población”.
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