Entre el pasado martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre se registraron acciones armadas contra estaciones de Policía y puestos de control en el departamento del Chocó, mediante el uso de drones cargados con explosivos. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo.
A través de un comunicado público, la entidad señaló que el 29 de septiembre se presentaron acciones contra la estación de Policía de Condoto y un puesto de control, que dejaron a un policía herido. “Nos solidarizamos con la Policía Nacional y con el integrante de la institución afectado”, aseguró.
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Luego, un día después, se registró otro ataque con ráfagas de fusil y el lanzamiento de granadas desde drones contra la estación de Nóvita. La entidad señaló que los hechos ocurrieron mientras se celebraba una misa con motivo del cierre de las festividades patronales.
“Uno de los explosivos impactó una vivienda aledaña a la estación de Policía y, ante las detonaciones y ráfagas de fusil, los feligreses y habitantes del sector tuvieron que resguardarse”, explicó la Defensoría del Pueblo en su comunicado. Sumado a esto, el 1 de octubre se recibieron nuevos reportes sobre ataques contra la estación de Policía de Río Iró.
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La Defensoría señaló que estos hechos, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (Eln), “han puesto en riesgo la vida e integridad de integrantes de la fuerza pública y han expuesto a las comunidades que habitan cerca de las instalaciones afectadas”. Además, la entidad mencionó que se han registrado afectaciones materiales en viviendas y bienes comunales.
En ese sentido, la Defensoría mencionó que recientemente ha advertido sobre el creciente uso de drones por parte de grupos armados ilegales para transportar y lanzar artefactos explosivos: “Su utilización en acciones armadas representa una amenaza para la población civil, especialmente en zonas habitadas o próximas a bienes de carácter civil”.
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En esa línea, la entidad exigió al Eln respetar estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asimismo, pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que fortalezcan las medidas de prevención y protección frente a los riesgos derivados del uso de drones en acciones armadas.
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