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El exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y otras siete personas fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de interventoría del puente elevado de la calle 60. El ente acusador sostiene que, durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato, se habrían omitido controles y se habrían autorizado pagos que no tenían relación con el avance real de la obra.
Además del exmandatario, fueron vinculados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata; y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
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El contrato de interventoría superó los COP 2.997 millones y fijó un plazo de ocho meses. Su objetivo era garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y de sus interconexiones.
Según la investigación, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, a pesar de que este estaría inhabilitado para contratar con el Estado. Para la Fiscalía, esa circunstancia debió haber impedido que la propuesta avanzara en el proceso de selección.
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Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Otro punto central del caso son los desembolsos. De acuerdo con lo establecido, los pagos al consorcio interventor debían hacerse según el porcentaje de ejecución del contrato de obra, es decir, en proporción a lo que efectivamente se había construido. No obstante, la policía judicial evidenció que al interventor se le reconocieron más de COP 1.000 millones cuando el avance de la construcción era inferior al 6 %.
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Según la Fiscalía, Hurtado Barrera, en su calidad de alcalde, presuntamente no ejerció los controles necesarios sobre el proceso de selección ni sobre la ejecución contractual. A Guzmán González se le señala de haber participado en la adjudicación y de haber respaldado actuaciones que permitieron realizar pagos contrarios a lo pactado.
Por su parte, Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio, habría promovido cobros que no correspondían a las condiciones del contrato ni al desarrollo de la obra. Finalmente, Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez habrían supervisado, tramitado o avalado los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedir que se hicieran los pagos.
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jose efrain(lr3j3)•Hace 7 minutosTarde pero la justicia va llegando .Eso fué un escándalo y nadie comprende por que los aquí llamados aún no han sido judializados.