“Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”. Eso dijo el ministerio de Defensa en su cuenta de X tras la asonada en la que fueron retenidos 18 soldados que adelantaban operaciones en contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Carmen de Atrato (Chocó). La Defensoría del Pueblo avanza en diálogos con la comunidad para lograr la liberación de los uniformados.
Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Anulfo Sánchez, los 18 soldados “fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del Eln”. El jefe de la cartera señaló que las operaciones militares, precisamente, “tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo".
Justamente, la entidad aseguró que acompañará una misión humanitaria para lograr el retorno de los 18 uniformados, quienes según la Gobernación del Chocó, estarían bajo la custodia de las comunidades indígenas del resguardo La Puria.
“Por solicitud de la comunidad, la Defensoría del Pueblo ha adelantado coordinaciones interinstitucionales con la Gobernación del Chocó y ha ofrecido todo el apoyo, para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del Ejército al seno de sus familias y a su unidad militar”, señaló en una publicación la entidad.
Por su parte, el ministro de Defensa agregó que “el secuestro de nuestros soldados constituye otros delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional”. Igualmente, que “ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, por lo cual presentaron denuncias ante la Fiscalía por las retenciones.
“A las comunidades del país les decimos, con respeto y firmeza: construyamos confianza, legalidad y protección conjunta. Cerrémosle juntos los espacios a los criminales”, dijo en su cuenta de X el ministro Sánchez.
La retención de los soldados fue inicialmente anunciada por el Comando de la Décima Quinta Brigada del Ejército, “Una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”, señaló el comando en la noche del pasado 21 de diciembre.
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