De nuevo la Defensoría del Pueblo tiene la vista puesta sobre el departamento del Chocó. En la mañana de este lunes 30 de marzo, la entidad defensora de derechos humanos emitió una alerta temprana de inminencia sobre el municipio de El Litoral de San Juan, por cuenta de posibles enfrentamientos entre disidencias de las Farc y Ejército de Liberación Nacional (Eln).
La entidad advirtió que en esa región del país hay “graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)”, relacionadas con la disputa entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del Eln y el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC).
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Según la Defensoría, estas dos estructuras al margen de la ley tienen un interés especial en controlar la quebrada Munguidó, un afluente clave para las movidas de los grupos ilegales porque conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Es por allí por donde los grupos mueven el narcotráfico hacia el Pacífico y controlan la minería ilegal y el tráfico de madera.
La Defensoría detalló además que las veredas que están en riesgo son Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Pángala, Palestina, Coco, Qichero, Taparal, Taparalito San José, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Guaimía, Villa Victoria, Peñita, Las Brisas, Tordó, Chivirico, Osorio, Chapién, Durardur y Cocomá. Todas hacen parte del consejo comunitario general del San Juan (Acadesan) y del resguardo indígena Chagpien Tordó.
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“La Defensoría advierte sobre una reconfiguración armada que se viene dando desde el 2025, pues el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre áreas históricamente controladas por el Eln, posiblemente bajo una alianza o acuerdo de relevo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC (antes AGC)”, indicó la entidad en su pronunciamiento.
La entidad señaló también que en lo corrido de 2026, distintos hechos violentos han dado pistas sobre una posible escalada violenta en la región, como el asesinato de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en el río Munguidó. Ese hecho provocó el confinamiento forzado de 1.367 personas (465 familias) de comunidades negras e indígenas.
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“La población local ha reportado estar aguantando hambre debido al bloqueo impuesto por los grupos armados”, indicaron desde la Defensoría del Pueblo. Agregaron además que las personas “tienen prohibida la movilidad por los ríos, impidiéndoles realizar actividades vitales como la pesca, la caza y la agricultura”, por lo que se requiere tomar medidas urgentes.
Además, la entidad defensora de derechos humanos advirtió que en la región hay un panorama de “gobernanza armada”, mediante ataques con drones y la distribución de panfletos en los que, incluso, señalan que se declarará objetivo militar a quienes no se unan a las filas de su estructura ilegal “o sean señalados como colaboradores del bando contrario”.
“Esta dinámica de estigmatización y control restringe la autonomía de las autoridades étnicas de las organizaciones Acadesan (representa a comunidades afro) y Woundeko (representa a comunidades indígenas), quienes en ocasiones deben pedirles ‘permiso’ a los grupos ilegales para desplazarse por su propio territorio”, concluyó la Defensoría.
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