La Jurisdicción Agraria nunca había estado tan cerca de ser una realidad. Sin embargo, el Congreso sería el palo en la rueda que impide que el proyecto finalmente se concrete. La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, instó al Legislativo a “adelantar de manera urgente los dos debates que restan para la aprobación del proyecto de ley que fija los procedimientos de la jurisdicción agraria y rural”. Según la entidad, miles de campesinos, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales siguen sin acceso a una justicia especializada en temas rurales, pese a que la jurisdicción ya fue avalada por la Corte Constitucional.
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Colombia se comprometió, desde 2016, a desarrollar un sistema judicial especializado y eficaz para resolver dilemas sobre tierras, propiedades, ocupación, cultivos, pesca y decisiones administrativas agrarias, con el propósito de garantizar paz mediante el acceso a la tierra. En mayo pasado, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló a El Espectador que se han presentado tres proyectos ante el Congreso. El primero fue un acto legislativo que ya incorporó la jurisdicción agraria a la Constitución Política. El segundo corresponde a un proyecto de ley estatutaria que define cómo funcionarán los tribunales y los juzgados.
Y el tercero es una ley ordinaria que define los principios, el procedimiento y las competencias de los jueces y magistrados agrarios. En otras palabras, las reglas del juego. Pese a los avances normativos, el proyecto ha sido aplazado al menos ocho veces, tanto por la inasistencia de los miembros de Cámara y Senado, como por la falta de votos suficientes para respaldar la iniciativa. El retraso llevó a que la Defensoría cuestionara el actuar del Legislativo, señalando que “las poblaciones rurales continúan enfrentando largos desplazamientos, costos elevados, ausencia de acompañamiento jurídico suficiente y múltiples barreras para acreditar pruebas y hacer valer sus derechos”.
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En contraste, otros ámbitos de la justicia han avanzado en modernización, virtualidad y eficiencia, según indicó la Defensoría. Además, Marín advirtió que esta brecha afecta de manera particular a las mujeres del campo, “quienes solo poseen el 30% de la propiedad rural y acceden apenas al 4% del crédito agrario”. El futuro de la Jurisdicción Agraria sigue hoy en manos del Congreso. Y mientras la discusión se aplaza una y otra vez, miles de campesinos, comunidades étnicas y especialmente mujeres campesinas continúan resolviendo sus conflictos de tierras de forma improvisada, sin procedimientos claros ni jueces especializados que atiendan las necesidades de la población rural del país. Los ojos están puestos en el Congreso.
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Por Ana Sofia Montes
