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Defensoría lanza alerta para tres municipios de Tolima por expansión de disidencias

De acuerdo con la entidad, la población civil de Rovira, San Antonio y Roncesvalles está en alto riesgo por la consolidación de varios frentes de las disidencias de las Farc y sus nuevas dinámicas de confrontación.

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De acuerdo con la entidad, la población civil de Rovira, San Antonio y Roncesvalles está en alto riesgo por la consolidación de varios frentes de las disidencias de las Farc.
Foto: Archivo particular

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Tres municipios de Tolima están bajo alerta de la Defensoría del Pueblo por riesgo a que se violen sus derechos en medio de la expansión de varias estructuras de las disidencias de las Farc en la zona. Específicamente, se trata de los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, que viven, dentro de otras cosas, una nueva dinámica de confrontación entre los grupos armados que disputan el control del territorio.

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De acuerdo con la Alerta Temprana 029-2026 emitida por la Defensoría del Pueblo, hay "riesgos de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), para la población civil de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, municipios ubicados en el departamento del Tolima". Esta advertencia responde a la "consolidación y expansión de estructuras disidentes de las extintas Farc-Ep bajo diferentes comandancias".

Los hallazgos de la Defensoría dan cuenta de la presencia de tres facciones armadas: la "consolidación del frente ‘Joaquín González’, perteneciente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)" en Rovira, la "consolidación del Frente ‘Gerónimo Galeano’, adscrito al Estado Mayor Central (EMC)" en San Antonio, y la "expansión del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidencia independiente" desde el Valle del Cauca hacia Roncesvalles. Dichas estructuras compiten por "establecer y ampliar su influencia sobre áreas estratégicas".

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El modus operandi, dice la entidad, no se basa en confrontación directa, sino en "mecanismos de coacción y control social" combinando "presencia armada intermitente, pequeñas comisiones y redes locales". Entre sus acciones predominantes figuran la "convocatoria obligatoria a reuniones", la "carnetización de los pobladores" para controlar desplazamientos, la "regulación coercitiva de actividades comerciales, productivas y de transporte", el "cobro de extorsiones o imposición de contribuciones ilegales" y el reclutamiento.

La Defensoría determinó que los factores de vulnerabilidad que agravan el contexto incluyen "las privaciones socioeconómicas de los hogares rurales; el aislamiento y la dependencia de pocas rutas; la limitada capacidad institucional y la concentración de la oferta en las cabeceras". Estas condiciones estructurales "no constituyen la causa de la violencia", pero "reducen las capacidades de protección de las personas y comunidades" ante las imposiciones armadas.

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La población en situación de riesgo incluye a "comunidades campesinas, población Pijao, dignatarios comunales, líderes y lideresas sociales, comerciantes, transportadores, productores rurales, servidores públicos" y "niños, niñas, adolescentes y jóvenes". En el caso de las mujeres rurales, "las labores de cuidado, la dependencia económica y las dificultades de movilidad pueden incrementar la exposición a amenazas, desplazamiento y violencias basadas en género".

También, se advierte que una recomposición de mandos o la presión de operaciones militares podría desencadenar una "confrontación abierta". Esto provocaría "combates en cercanías de comunidades, homicidios selectivos, desplazamientos individuales o colectivos, confinamientos de hecho" e "instalación de artefactos explosivos" en caminos y puentes, obstaculizando las misiones humanitarias e institucionales.

Ante este escenario, la Defensoría formuló 19 recomendaciones, solicitando al Ministerio de Defensa, Policía y Ejército "asegurar la presencia permanente de unidades en las vías" e implementar acciones de "disuasión del riesgo para evitar la expansión de grupos al margen de la ley". Asimismo, insta a la Gobernación del Tolima a "aumentar el gasto público social" en escuelas para prevenir el reclutamiento e instrumentalización de menores.

Finalmente, recomendó a las autoridades territoriales "aumentar el gasto público dirigido al mejoramiento y construcción de vías" estratégicas, al SENA promover la "promoción de trabajo formal" para jóvenes y mujeres, y al Ministerio de Justicia "crear y promover estrategias para mejorar el acceso a la justicia en zonas rurales", abordando la problemática bajo un "enfoque de seguridad humana" y de garantía integral de derechos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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