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La guerra entre grupos armados en el departamento de Arauca no da tregua. La Defensoría del Pueblo pidió una “respuesta inmediata y coordinada de los entes competentes en todos sus niveles” para salvaguardar y proteger la vida de las 35 familias de la vereda El Perocero, del municipio de Puerto Rondón (Arauca), que están en medio de los enfrentamientos entre grupos armados.
Integrantes de los Frentes 10, 28 y 45 del Comando Conjunto de Oriente del autodenominado Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y miembros del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln), sostienen enfrentamientos que han generado temor entre los habitantes. Según indicó la Defensoría del Pueblo, muchos de ellos se han visto obligados a salir con banderas blancas para evitar ser atacados y poder conseguir alimentos.
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Asimismo, la entidad aseguró que en otras dos veredas, El Ripial y Maporal, donde viven unas 29 familias, también existe grave riesgo de confinamiento por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. La Defensoría señaló que “la situación constituye una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), pues los combatientes no están atendiendo el principio de distinción”.
Por medio de un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos señaló que, ante el riesgo que enfrentan los habitantes de las tres veredas mencionadas, es primordial atender las recomendaciones formuladas con anterioridad en la alerta temprana 014 de 2025, para el departamento de Arauca, impulsando acciones urgentes de disuasión, protección, atención integral y prevención.
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Por último, la Defensoría del Pueblo solicitó a los grupos armados en disputa, el Eln y las disidencias de las Farc, que buscan el control territorial y social de la zona, “cesar los combates y, en ningún caso, poner en peligro a las y los habitantes rurales de Puerto Rondón”.
La situación de seguridad y orden público en el departamento de Arauca ha sido tensa durante los últimos meses por cuenta de la disputa entre grupos ilegales por el control territorial. Fuerza pública y población civil han sido blanco de ataques por parte de los actores armados. Por ejemplo, la base militar de Puerto Jordan, ubicada en el municipio de Arauquita, ha sido objeto de dos atentados con explosivos, en los que murieron cuatro uniformados.
Cerca de allí, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) estalló también el 16 de enero de este año una de las más graves crisis humanitarias del país. Los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá Córdoba” y el Frente de Guerra Oriental del Eln causaron el desplazamiento de 82.955 personas y el confinamiento de 1.740. Otras 163 fueron asesinadas, además de 11 soldados y ocho policías.
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