La defensora del Pueblo, Iris Marín, y el gobierno de Abelardo de la Espriella chocaron de nuevo por la manera en que el Ejecutivo está exhibiendo los resultados de sus uñas recientes operaciones militares en los que han muerto varios integrantes de grupos armados. Esta vez, el choque fue con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien dijo que Marín se equivoca al “equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”.
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El pasado domingo 6 de septiembre la defensora Marín le pidió al presidente Abelardo de la Espriella dejar de exhibir los cuerpos de personas muertas durante operaciones militares como parte de sus anuncios públicos y cuestionó el uso de estas imágenes para mostrar los resultados de la fuerza pública. Según expuso en ese momento, “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
El jefe de la cartera política de De la Espriella respondió a Marín resaltando el trabajo de la Defensoría en el cuidado de las víctimas y los derechos humanos en el país. Sin embargo, dijo que es lamentable “lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”.
En su trino, Lara sostuvo que “el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país”. Por eso, dijo, “queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza”. Resaltó además que “Colombia está poniendo fin al cinismo de la ‘Paz Total’, la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país”.
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El ministro aseguró que “seguiremos haciendo cumplir la ley”. Ante esa respuesta, la defensora Marín sostuvo que desde la entidad “confiamos en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento. Mientras tanto, avancemos de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas, como acordamos recientemente”.
La jefa de la Defensoría dijo también que “la alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana”.
Marín agregó que “desde la Defensoría estamos listos para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente en las acciones que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población. Esta respuesta se suma a la primera solicitud que hizo y por la cual empezaron los choques desde el pasado 6 de septiembre. En ese momento la defensora del Pueblo señaló que “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”.
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Desde la Defensoría señaló que aunque Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada, es la primera vez que se ve a un “presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. Marín sostuvo que el deber del Estado es “proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a los grupos armados responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos”.
En su momento, Marín fue clara con su mensaje: “Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”. Aun así, insistió en que “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria” y que su ejercicio exige analizar la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad de cada acción, “porque incluso en la guerra existen límites”.
La Defensoría del Pueblo fue enfática en que “los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”. En esa línea, la funcionaria planteó que “la posibilidad de desplegar acciones militares en las que personas pueden perder la vida es posible, en muchas ocasiones es necesario, quizás indispensable, pero no son deseables. Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”.
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