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Cuatro personas deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, tras decisión de jueces de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación, mediante su Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), los judicializó por presuntamente participar en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.
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De acuerdo a su presunta responsabilidad individual, a las cuatro personas se les imputaron distintos delitos, entre ellos pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos en su contra.
En una primera investigación, desarrollada en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España, fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, ubicados en Pitalito (Huila) y Cartagena (Bolívar), respectivamente.
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Según la Fiscalía, ambos habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos con contenido sexual que involucraba a menores de edad. A Muñoz Claros se le señala de haber distribuido 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés, de acuerdo con la investigación, habría recibido y difundido este material.
Con información suministrada por la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) de Interpol, las autoridades ubicaron en Armenia (Quindío) a una mujer que fue presentada ante un juez de control de garantías. Según la investigación, ella habría registrado en video agresiones sexuales contra su propia hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año de edad.
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El cuarto caso se originó a partir de una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que permitió detectar en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP asociada a un teléfono móvil utilizado para distribuir material de abuso sexual infantil. Según la Fiscalía, el dispositivo pertenecía a un hombre que presuntamente también agredía sexualmente a su hijastra, de siete años, y habría producido fotografías y videos de las agresiones.
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