Demanda asegura que petroleras dejaron de pagar $4 billones en regalías

Tres multinacionales petroleras que operaban en Casanare podrían verse obligadas a pagar $4 billones en regalías, a pesar de que ya cesaron actividades en Colombia. Estos dineros que tienen que girar las compañías que explotan petróleo, gas, carbón, y otros minerales, para promover el desarrollo y la equidad en las regiones de las que extraen los recursos, son pagados periódicamente y en paralelo a la operación. Pero una demanda que está por ser fallada asegura que las compañías, el Ministerio de Minas y Ecopetrol calcularon erróneamente el valor que debían entregarle a la región. Y que ese mal cálculo no ocurrió solo una vez, sino que, al parecer, se extendió por ocho años.

Tres multinacionales petroleras que operaban en Casanare podrían verse obligadas a pagar $4 billones en regalías, a pesar de que ya cesaron actividades en Colombia. Estos dineros que tienen que girar las compañías que explotan petróleo, gas, carbón, y otros minerales, para promover el desarrollo y la equidad en las regiones de las que extraen los recursos, son pagados periódicamente y en paralelo a la operación. Pero una demanda que está por ser fallada asegura que las compañías, el Ministerio de Minas y Ecopetrol calcularon erróneamente el valor que debían entregarle a la región. Y que ese mal cálculo no ocurrió solo una vez, sino que, al parecer, se extendió por ocho años.

(Lea también: Tribunal admite demanda para restitución de tierras al consejo del río Guajui)

Las empresas demandadas son la británica BP, la francesa TotalEnergies (por su subsidiaria Tepma) y la canadiense BP Santiago (que adquirió a la compañía Triton en 2003), las cuales operaron, bajo cinco contratos con distintas participaciones, los campos de Floreña, Cusiana y Cupíagua, de los más grandes del país. Los demandantes sostienen que, entre 1999 y 2007, estas tres compañías le habrían reportado al Estado una menor actividad, con lo cual, supuestamente, pagaron menores regalías e impuestos. Es decir, al parecer, reportaron haber extraído menos barriles de petróleo, lo que significó que le entregaron al Casanare y sus municipios una cifra menor.

La diferencia, dicen los demandantes, llega a casi $4 billones, una cifra que no es menor para tres campos, si se tiene en cuenta que a ese mismo valor ascendió la suma de regalías de todo el sector minero energético del país para el primer semestre de 2021. Del lado de los demandados, en el que además de las empresas están Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, han dicho que los cálculos del demandante son equivocados, pero hasta la cabeza de una de las multinacionales ya dijo que las cifras concuerdan. A fin de cuentas, es una discusión técnica y financiera tan compleja, que ha tomado más de doce años en resolverse.

(Le puede interesar: Glencore planea retirarse de minas de carbón de Prodeco en Colombia)

La acción popular la interpuso en 2008 el geólogo Fabio Velandia, nacido precisamente en Aguazul, Casanare, quien trabajó por más de 15 años en el sector petrolero. Se dio cuenta del supuesto error mientras miraba los estados financieros de una de las compañías, que están abiertos al público porque las tres sociedades cotizan en bolsa. Luego compró copias de los reportes de producción petrolera en el Ministerio de Minas e hizo sus propios cálculos de cuánto deberían pagar las compañías en impuestos y regalías. Los hallazgos lo sorprendieron: según sus números, hay $40 billones en producción de petróleo sobre los cuales, al parecer, no se pagaron impuestos ni regalías.

Dos peritajes

El juzgado primero administrativo de Yopal, donde cursa la acción popular, nombró un perito financiero y contable, y uno técnico. Al financiero que nombró el juez no le entregaron la contabilidad completa, sino certificaciones de auditoría de cuánto habían producido año a año y cuánto crudo tenían en inventario cada una. El perito, entonces, hizo lo que pudo con la información disponible y en 2019 entregó sus conclusiones, luego de reconstruir los movimientos de las petroleras a partir de documentos oficiales, como las actas de liquidación de regalías del propio Ministerio de Minas.

(Le puede interesar: El sinsabor entre los wayuu por el fallo de la Corte Constitucional contra Cerrejón)

Desde ahí empezó a observar discordancias, por ejemplo, en los inventarios. El perito hizo una operación sencilla: a los barriles producidos y en inventario de cada año, les restó las ventas que las compañías reportaron en sus estados financieros. Es decir: a todo el petróleo que tenía cada compañía en stock, le restó lo que ellas mismas reportaron que habían vendido. El resultado de esa resta tendría que arrojar el número de barriles que quedaban en inventario. Y estos inventarios ya habían sido auditados, desde 1999, por la firma Ernest & Young. Sin embargo, los números no coinciden en ninguno de los ocho años.

Por ejemplo, para el año 1999, el perito financiero encontró que la inglesa BP se habría quedado con un inventario de 2’200.000 barriles después de todo lo vendido, pero la auditoría dice que solo se quedó con 217.000. Es decir, habría una diferencia de casi dos millones de barriles de crudo, solo en un año. Con un agravante: “Los archivos de la empresa BPX nunca fueron puestos a disposición del perito y su Equipo de apoyo. Las cifras correspondientes a la página web, se verificaron conforme fueron presentadas en el expediente y con base en ellas se registró la información ya indicada de BPX”, según dijo el perito contable en su informe.

Para el caso de las regalías es otro el ejercicio. Con las actas de liquidación del Ministerio de Minas, el perito pudo establecer, por ejemplo, que en 1999 se produjeron 156.974.873 barriles de petróleo que sí pagaron regalías. Sin embargo, el perito técnico llegó a una cifra distinta, a partir de información que le entregaron las propias compañías sobre su actividad: 157.202.597 barriles producidos el mismo año. Es decir, para los demandantes, hay una diferencia de 227.724 barriles por los que, supuestamente, las multinacionales no pagaron impuestos, ni regalías. Y ahí no termina el cálculo.

(Lea también: Denuncian en la OCDE a dueños de la mina Cerrejón y piden que se vayan de La Guajira)

De los cinco contratos de explotación de petróleo sobre los que habla la demanda, el 60% le correspondía a Ecopetrol, las tres multinacionales se repartieron un 40%, y el 20% restante, se supone, era lo correspondiente a regalías. Entonces, multiplicando la diferencia que supuestamente no se pagó por el valor del barril de entonces, se tiene, según cuentas de los demandantes, que las tres compañías no pagaron impuestos de $5.357.688.969 de su producción. De ese valor, correspondería a regalías la quinta parte, que indexado al precio actual lleva a los demandantes a concluir que se adeudarían $3.103.399.409, solo en regalías de 1999.

El ejercicio lo repitió el perito financiero con todos los años, llegando a conclusiones muy similares a las de los demandantes: la producción, al parecer, no coincide con lo que se pagó. En los alegatos de conclusión de los demandantes, conocidos por este diario, se dice que BP dejó de pagar en regalías $761.050.099.099; TotalEnergies, $1.637.559.382.873; BP Santiago/ Triton, $117.711.511.933; Ecopetrol, $1.212.528.489.714 y el Ministerio de Minas, $117.177.577.998. Es por eso que le piden al juez, que les ordene pagarle al departamento de Casanare y a los cinco municipios en los que operaban las plantas un total de $3.846.027.061.617.

Las demandadas responden

En su defensa, las empresas y las entidades demandadas han dicho que los cálculos de los demandantes y del perito están mal. De hecho, intentaron tumbar el peritaje técnico con un sinnúmero por un sinfín de supuestos errores, recurso que les negó el juez que estudia el caso. La Agencia de Hidrocarburos, en su defensa, dijo que no debía ser vinculada al proceso porque lo que se cuestionaba eran supuestas regalías que habían dejado de pagar tres compañías. El Ministerio de Minas, consultado por El Espectador, dijo que “ha actuado en el marco de su competencia y sus acciones se encuentran ajustadas a la legalidad”.

(Lea también: El complejo pleito por tierras en Becerril entre los yukpa, campesinos y mineros)

“Consideramos que la acción popular presentada no tiene fundamento, entre otras razones que se encuentran en las piezas del proceso, porque la liquidación de regalías se hizo conforme a la ley y a las regulaciones vigentes”, añadió la cartera. En un sentido similar, Ecopetrol dijo que su actuar siempre era ajustado a la ley y que los demandantes no cumplieron con los requisitos de una acción popular. Consultada por este diario, la compañía colombiana señaló, además: “Los análisis efectuados por el accionante para concluir el menor pago de regalías son erróneos pues se apoyan en información consolidada por terceros ajenos a las operaciones de los contratos de asociación”.

Y añadió Ecopetrol en su respuesta a El Espectador: “No existe diferencia alguna entre el crudo y gas realmente producidos y los reportados como producción de petróleo y gas fiscalizados. Ecopetrol considera que no existe daño al derecho colectivo, pues la Empresa ha actuado y lo seguirá haciendo en estricto cumplimiento de la ley y la normatividad”. En una orilla similar, las compañías demandadas han dicho que los cálculos de los demandantes acuden a cifras que no son las reales y que de allí puede provenir el error. Sin embargo, una y otra vez en el proceso se ha dicho que las cifras las obtuvieron de los estados financieros que publican las propias empresas.

Así como las entidades públicas, los representantes de las empresas BP, BP Santiago y TotalEnergies han asegurado ante el juez que no vulneraron derechos colectivos con sus acciones y que nunca actuaron de mala fe. De hecho, resaltaron los estrictos controles del Ministerio de Minas, insistieron en que esa cartera liquidó las regalías tal cual estaba dispuesto en la ley y en los contratos, y sostuvieron que nunca se afectó el patrimonio público ni el equilibrio ecológico, que era otra de los reproches de los demandantes. Por ende, le han pedido al juez que desestime todos los pedidos de la demanda.

Una acción popular, según abogados consultados, puede tardarse entre tres y cuatro meses en ser fallada en primera instancia. Esta va a cumplir ya 13 años desde que fue interpuesta, sin que a la fecha haya una decisión judicial en firme. Aunque el juez tiene todo cuesta arriba, porque se está enfrentando a pesos pesados de la industria mundial de hidrocarburos, ya tiene el tiempo en contra. Si les da la razón a los demandantes, el siguiente interrogante a resolver será cuánto deben pagar las petroleras, pues los cálculos de los demandantes y del perito no se basaron en su contabilidad, sino en aproximaciones, y la cifra podría ascender a mucho más de los $4 billones que piden.