La Corte Constitucional ha estado a contrarreloj en su labor desde que nació en 1991. La variedad de temas que debe abordar y el poco tiempo para hacerlo han sido el pan de cada día de los magistrados. Esa, que parecía ser su lucha cotidiana, no se había convertido en su dolor de cabeza hasta que la demora por emitir los fallos de sus decisiones les empezó a pasar cuenta de cobro. Determinaciones de constitucionalidad, como la que amplió los requisitos para acceder a la eutanasia, o acciones de tutela, como la que otorgó personería jurídica del Nuevo Liberalismo, le han costado críticas a la Corte, no por decisiones polémicas, sino más bien por una situación de trámite: el retraso en la publicación y notificación de las sentencias.
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El caso más reciente, y que puso en evidencia nacional las demoras en el alto tribunal, ocurrió esta semana. Lo hizo el Ministerio de Salud, a través de un escueto comunicado de prensa, en el que explicó que en Colombia no se han ordenado eutanasias a pacientes terminales cuya expectativa de vida sea mayor de seis meses, porque no conocían la sentencia completa en la que la Corte Constitucional flexibilizó las reglas para acceder a ese procedimiento. La explicación de la cartera ministerial obedeció a la cancelación de la eutanasia que iba a recibir Martha Sepúlveda, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica y pretendía ser la primera mujer en acceder a ese procedimiento bajo la jurisprudencia que sentó la Corte en julio pasado.
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Esa decisión sobre las nuevas reglas de juego de la eutanasia en el país se conoció el 22 de julio a través de un comunicado de prensa, en el que el alto tribunal solo publicó la parte resolutiva del fallo, pero no el contenido de fondo sobre el análisis jurídico. Por tratarse de un tema en el que la Corte modificaba un artículo de la Constitución(proceso de constitucionalidad), con solo ese comunicado bastaba para que el fallo tuviera que cumplirse. Así lo aclaró el propio alto tribunal y expertos constitucionalistas, quienes señalaron que el Ministerio de Salud no podía argumentar no conocer la sentencia completa para aprobar esos procedimientos médicos. En medio de ese revuelo por el caso de Martha Sepúlveda, el alto tribunal publicó la sentencia el pasado 12 de octubre.
Aunque para muchos es claro que basta con el comunicado de prensa de la Corte, desde un sector de la academia piden más claridad de parte de los magistrados. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, pidió esas aclaraciones. En diálogo con El Espectador, el abogado dijo que, a través de un derecho de petición, le solicitaron al alto tribunal que dé claridad a la ciudadanía sobre los efectos jurídicos que tienen los comunicados de prensa respecto a las sentencias de control de constitucionalidad. En palabras más sencillas, lo que dice el experto es que la corporación debe aclarar a partir de cuándo empieza a regir la orden impartida y qué tanto valor legal y jurídico tiene el comunicado de prensa.
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Burbano, si bien considera que el comunicado en efecto sirve para dar a conocer a la opinión pública la decisión, en la práctica, “para un funcionario público es muy complicado impartir directrices si no se conoce la totalidad de la sentencia. Eso genera muchas dificultades”. Según el reglamento de la Corte, los magistrados ponentes de una decisión tienen un plazo de 30 días para emitir la sentencia, con todas las aclaraciones y salvamentos de voto que hubo durante la discusión. No obstante, el caso reciente de la eutanasia es el ejemplo de que están quedando en deuda. No solo se demoró en publicar más de lo acordado, sino que la Corte Constitucional publicó la sentencia sin los reparos de los magistrados que aclararon o salvaron su voto.
En su defensa, varios miembros de la Sala, en diálogo con este diario, explicaron que la congestión judicial y las dinámicas de su labor hacen que esta sea cada vez más tediosa. Pese a que no se excusan en ello, sí consideran que las discusiones en el interior del alto tribunal son tan álgidas, que los magistrados ponentes, en muchos casos, tienen que rehacer por completo sus ponencias recogiendo todas las apreciaciones positivas y negativas de sus compañeros. Una vez se toma el tiempo de consignar las premisas en el documento, este es remitido nuevamente a cada uno de los ocho despachos para su revisión y posterior firma. En ese orden de ideas, lo que argumentan es que la demora no obedece a una gestión tardía en su labor, sino por el contrario, “en el estudio juicioso” de cada uno de los casos.
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A esa postura se sumó el exmagistrado de la Corte Luis Guillermo Guerrero, quien conoce las dinámicas del alto tribunal porque culminó su periodo hace un poco menos de dos años. El jurista coincidió en que “la Corte ha hecho un esfuerzo en reducir tiempos. Se falla de manera oportuna, pero el debate muchas veces implica que se deba hacer ajustes a la ponencia. Una vez esos ajustes se hacen, el documento se redistribuye y tiene que ir de magistrado en magistrado. Solo ese proceso de firmas, y ahora con la virtualidad, se vuelve un poco engorroso”. Guerrero añadió que en otras altas cortes lo que se hace es que no se anuncia la decisión hasta cuando ya están las firmas recogidas, pero eso en la Corte Constitucional tienen un grado de dificultad por los vencimientos de términos.
Aunque la historia Martha Sepúlveda y su fallida eutanasia evidenció las demoras en la Corte, lo cierto es que existen otros casos que evidencian el retraso. Varias decisiones de tutelas tomadas en el segundo semestre de 2021 por la Corte Constitucional han dejado un sinsabor en las partes que, de alguna forma, tienen que ver con los procesos. Por ejemplo, la tutela que ganó el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien aseguraba que una filtración en la Corte Suprema de Justicia había violado sus derechos al buen nombre y debido proceso, se conoció un poco más de dos meses después de tomada la decisión, y la demora paralizó por un tiempo la labor de la Sala de Primera Instancia de esa Corte en el proceso de parapolítica en su contra.
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Otra de las decisiones que aún se encuentran en stand by, pero prometen salir antes de que culmine esta semana, es el fallo de tutela que le otorgó personería jurídica al Nuevo Liberalismo. La decisión en este caso se dio el 5 de agosto de 2021 y todavía no se conoce su sentencia. Otro ejemplo es la tutela que presentó la exrepresentante a la Cámara Ángela María Robledo, con la que pretendía pelear su investidura como política, tampoco ha salido publicada, pese a que la decisión se tomó el 1° de julio pasado. En estos casos, el constitucionalista Juan Manuel Charry expone que la demora en la emisión de los fallos no es una situación nueva. Si bien puede causar incertidumbre en los convocados en los procesos, no viola ni sus derechos ni términos.
El experto recordó que la Corte tiene tres meses de plazo para emitir un fallo de tutela. En diálogo con este diario, resaltó que “el alto tribunal está haciendo una tarea muy grande”, debido a que estima que este recibe alrededor de 25 mil trámites al año, de los cuales solo resuelve un poco más de 1.200. Con lo sucedido con el expediente de eutanasia, ahora la Corte trabaja bajo presión, pues las decisiones que quedan por tomar durante lo que resta del segundo semestre del año no son menores: el aborto, la reforma al Código Electoral y la definición sobre el tema de baldíos. Expedientes que podrían ser históricos para la Corte que, mientras toma decisiones de fondo, tiene que ponerse al día con las sentencias, salvamentos y aclaraciones de voto que siguen atrasados en los despachos.
