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Luego de que se conociera que la Fiscalía llamó a juicio al presidente y expresidente de la Drummond Colombia, José Miguel Linares y Augusto Jiménez, respectivamente, por supuesta financiación de grupos paramilitares, entre 1996 y 2001, la acusación del ente investigador tiene varios detalles sobre uno de los expedientes más espinosos de una multinacional en Colombia. En el documento de 145 páginas conocido por este diario, el fiscal del caso resolvió declarar como crimen de lesa humanidad el presunto delito de concierto para delinquir que se les imputa a los reconocidos empresarios.
Más precisamente, lo que hoy está en discusión en los estrados judiciales es sí las cabezas de la compañía en su momento entregaron dineros al frente Juan Andrés Álvarez del bloque Norte de las Auc, que estuvo al mando de alias Jorge 40, quien volvió al país en septiembre pasado luego de que el gobierno de Álvaro Uribe lo extraditara a Estado Unidos por delitos de narcotráfico. Por todo lo visto, para la Fiscalía se impone catalogar el delito de concierto para delinquir agravado, como de lesa humanidad y declarar, en consecuencia, la acción penal imprescriptible.