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Los presos de las cárceles de Colombia están urgidos por que se tomen las medidas que anunció el Gobierno hace casi tres semanas ya de excarcelaciones masivas, con el propósito de minimizar el impacto que podría tener un brote del nuevo coronavirus en centro de detención. En varias prisiones del país, desde ayer, los reclusos vienen haciendo manifestaciones que, en la de cárcel de Pasto, terminó con un saldo de 10 heridos.
Videos de distintas priones del país han estado circulando. Los internos de la cárcel de Cúcuta, por ejemplo, se organizaron para reclamar, a través de cuatro voceros, lo siguiente: “Con respecto a la salud, el establecimiento como tal, en cabeza de su director, coronel retirado Idelbrando Tamayo Úsuga, no ha tomado medidas para que no se propague dentro del establecimiento el virus o pandemia mundial COVID-19, ya que no se nos han suministrado tapabocas y geles desinfectantes”.
En otro video del comité de derechos humanos de La Picota (que no se emite acá por solicitud de ellos mismos), los presos, con tapabocas sobre sus rostros, dicen que “esa situación de la pandemia hace que sea muy urgente la solución de todos esos problemas”. Se refieren, básicamente, a las condiciones en que viven los presos en el país. “(Las medidas) o se toman ahora de una manera ordenada o más adelante va a ser más difícil y va a ser una situación más desordenada que puede generar problemas más serios como lo que sucedió en La Modelo: una masacre”. (El fallido motín de la cárcel Modelo que acabó en matanza)
El tema de las cárceles se la ha vuelto una especie de bomba de tiempo al Gobierno, que no solo tiene que lidiar con el problema de la coyuntura, el coronavirus, sino que al tiempo enfrenta dificultades estructurales que un solo decreto no puede resolver: la precariedad en que viven las personas detenidas en el país. Un asunto que llegó el pasado lunes al Congreso de la República para ser debatido.
En ese espacio, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dio algunas puntadas de lo que contendrá el esperado decreto de excarcelaciones. Por ejemplo, explicó que se buscará que la detención domiciliaria se otorgue de manera “escalonada”, comenzando por personas mayores de 60 años -siempre y cuando no estén en prisión por delitos violentos-, enfermos y personas con discapacidad, entre otros.
Ayer, el Inpec tomó otras determinaciones. En una circular que conoció este diario se dan instrucciones sobre traslados de reclusos, en las que se explica que los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) podrán recibir a gente que provenga de unidades de reacción inmediata (URI) o de estaciones de policía, condenados o personas con “altos perfiles delincuenciales”, siempre y cuando se les realice un tamizaje en coordinación con la Secretaría de Salud que corresponda.
Asimismo, quienes lleguen a estas cárceles deberán ser sometidos a cuarentena por un tiempo mínimo de 14 días “a fin de confirmar el dictamen médico negativo”. Los directores tienen la obligación de adecuar los espacios dentro de las prisiones para tal propósito, los cuales, dice la circular firmada por el director del Inpec, general Norberto Mujica, “contarán con los mínimos establecidos para unas condiciones dignas de reclusión”. Algo que, aseguran los presos de distintos centros penitenciarios, no existe en Colombia. (Crisis carcelaria en Colombia: de la falta de política criminal al coronavirus)
Por último, el Inpec tomó la determinación de suspender una norma que habilita a los presos que legalmente están habilitados para salir de prisión, a que lo hagan por sus propios medios. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, como limitaciones en el transporte urbano, cancelación de vuelos nacionales e internacionales, “se debe garantizar en todos los casos el traslado de las PPL (personas privadas de la libertad) en compañía de servidores penitenciarios utilizando vehículos institucionales”.