La Procuraduría abrió un expediente disciplinario contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $US 2,8 millones (más de $12.000 millones de pesos) para la compra de municiones. Al parecer, el contratista Eagle Commercial S.A., viejo conocido, fue el único bendecido de esa operación.
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Según la investigación de la Procuraduría, Eagle Commercial habría sido el único contratista invitado a participar en lo que sería un concurso abierto para el suministro de municiones a la Policía Nacional. Incluso, se le habría otorgado el contrato de manera directa y en tiempo record, como lo explicó el órgano de control al abrir una indagación preliminar.
“El órgano de control busca establecer si se presentaron irregularidades tanto en las etapas precontractual, como en la celebración y ejecución del contrato, que contemplaba la adquisición de más de cuatro millones de cartuchos de distintos calibres”, explicó la Procuraduría.
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Según el Registro Único Empresarial (RUES), Eagle Commercial está activa y su gerente es Arquímedes Bonilla Vega, un ingeniero que ya ha dado explicaciones en medios de comunicación con respecto a contratación estatal. Se le conoce por haber sido, hasta hace unos años y según investigación de Caracol Radio, vecino en un condominio en Fusagasugá (Cundinamarca) de policías de la talla de los generales (r) Rosso José Serrano y Rodolfo Palomino.
Entre los clientes de Eagle Commercial han estado la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el extinto DAS, y la Embajada de Estados Unidos. En 2005, el nombre de la empresa fue ampliamente conocida tras quedar en un escándalo por la adquisición de equipos de interceptación por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.
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Los equipos entregados por Eagle Commercial nunca tuvieron efectividad para interceptar llamadas telefónicas entre celulares que utilizaban tecnología Simcard. En ese momento se produjo un control de advertencia de la Contraloría a la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana. Arquímedes Bonilla, entonces, aseguro que el problema tuvo origen en una modificación de las compañías celulares y que su empresa cubrió los gastos y ajustó los equipos.
Por otro lado, Eagle Commercial quedó también enel ojo del huracán, a nivel internacional, cuando en 2009 la Policía le compró a prueba 140 armas tipo Taser, importadas, a su vez, de una multinacional estadounidense. Todo cuando, entones, el Comité de las Nacionales Unidas contra la Tortura reiteraba que su utilización representaba una grave violación de derechos humanos. Al tiempo, en Arizona se creía que en Colombia iniciarían los “tiempos de Robocop”.
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El Espectador conoció que la empresa fue constituida en Bogotá en agosto de 1997 y que su primera razón social fue la de comercialización de “frutos nacionales de origen nacional o extranjero”. Con el tiempo se transformó en un potente contratista que ha abastecido a las fuerzas de seguridad del Estado y que, incluso, ha impartido cursos que contaron con la aprobación del Gobierno de Estados Unidos. Ahora, la Procuraduría considera que resultó exclusivamente favorecido en un millonario contrato de municiones.
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