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El 21 de octubre de 2018, El Espectador lanzó el video “Falsos positivos: 10 años esperando justicia”, de su serie Hagamos Memoria. Comenzaba con el presentador (el jefe de redacción de este diario, Élber Gutiérrez), pidiéndole a la audiencia ponerse en los zapatos de quienes han sufrido por cuenta de este grave crimen: “Se imagina que su papá, su hermano o su hijo fueran raptados mediante engaño por algún miembro del Ejército? ¿O que a ese familiar suyo lo cambiaran de pueblo, lo disfrazaran de guerrillero, lo asesinaran y hasta cobraran recompensa por haberlo matado? Pues esos son los falsos positivos, otra triste práctica de la guerra en Colombia”.
Este video terminó siendo objeto de una particular discusión en la Escuela de Armas Combinadas del Ejército (Esace) este año. El Espectador conoció la copia de un ejercicio de clase en el cual, tras ver el capítulo de Hagamos Memoria, les pidieron a los estudiantes presentes -oficiales y suboficiales- que indicaran “qué mecanismo de protección o acción constitucional debe(rían) interponer contra el periodista y argumente por qué”. Asimismo, en el ejercicio se pedía lo siguiente: “Usted como miembro del Ejército Nacional de Colombia cree que con la afirmación hecha por el señor periodista respecto de lo contemplado en la directiva 029 del 2005, se le vulneran derechos constitucionales. Por favor señalarlos”.
::El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos::
Esa última pregunta tenía que ver con la parte del video en la que se cuenta que en 2005, en el gobierno Uribe, el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, firmó la directiva que “autorizaba el pago de recompensas a los militares a cambio de cada guerrillero o paramilitar muerto”. En el ejercicio, la profesora que lo encabezó, quien es abogada, pregunta si con esa afirmación se afectaron, por ejemplo, el derecho a la honra o el derecho al debido proceso. Y, al final, les pide a sus estudiantes explicar “en qué consiste la responsabilidad de usted como militar y servidor público que es del Estado Social democrático y de Derecho (analizando lo planteado por el periodista)”.
Este diario consultó al Ejército al respecto, con una pregunta esencial en mente: ¿instruye esta institución a sus uniformados para que tomen medidas legales en contra de periodistas que discuten el tema de los falsos positivos? La respuesta, según los voceros de la entidad castrense, es que no. “Es una coincidencia que se haya tomado ese trabajo de El Espectador como referencia para el ejercicio de clase. No es nada en contra del medio ni de los periodistas en general. Simplemente, se tomó como ejemplo para un análisis académico en la materia de constitucional, pues nosotros, así como tenemos deberes, tenemos derechos. Pero no es nada institucional ni sistemático”, contestaron.
Los voceros del Ejército explicaron que la profesora a cargo de la clase es civil y de cátedra en el Esace, “tiene maestría en derecho constitucional y está aplicando al doctorado”, y que esa actividad de clase hace parte de su autonomía como docente, pues no está impuesta desde el programa de estudios. El ejercicio se realizó en el marco de la especialización de administración de recursos militares para la defensa nacional, explicaron, y todos los años se cambian los casos que se analizan. “No hay ninguna instrucción para que los militares desarrollen acciones en contra de los medios de comunicación”, agregaron los voceros de la institución.
::El documento que entregó la Comisión Presidencial sobre falsos positivos:.
El Espectador consultó a Jonathan Bock, director ejecutivo (e) de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien señala que hay tres elementos a considerar: el primero, que se trata de la formación de funcionarios públicos. “Deben recibir un enfoque más amplio en el tema de derechos. Aquí se está direccionando, de alguna manera, un comportamiento contrario a los medios de comunicación, que tiene que ver con la animadversión que hay en algunos sectores de Fuerza Pública hacia la prensa. Un curso direccionado de esa manera puede afectar su obligación de ser lo más tolerantes que puedan con la prensa. La libertad de cátedra se vale, pero esta es la formación de funcionarios ‘duros’”.
Bock agrega que este es un enfoque en contra de la libertad de expresión, que las actividades mencionadas pueden resultar sesgados. Y, por último, que “Hay un ambiente palpable de enemistad con los medios y este tipo de ejercicios termina reforzándolo”. Bock señala que no es partidario “de tramitar las diferencias metiéndole más gasolina, sino de discutir la importancia de la prensa en la democracia, aun con los errores que esta comete”. Y que, por eso mismo, las cátedras que los militares reciban deberían estar encaminadas a fomentar una relación más armónica con la prensa, pues quienes reciben los entrenamientos hoy son los que mañana van a ejercer como servidores en cargos esenciales para la tarea de de los periodistas de informar.
“Las autoridades del Ejército deberían enseñarle a los actuales oficiales y soldados que los falsos positivos fueron parte de una época oscura y siniestra que nunca debería regresar a Colombia. En lugar de ello, les enseñan como empapelar a periodistas que publican sobre estos aberrantes delitos. Si bien todas las personas tienen derecho al honor, las tutelas no pueden utilizarse de forma abusiva para restringir el debate público y la labor de los medios, especialmente tratándose de información sobre gravísimas violaciones a los derechos humanos. El comandante del Ejército, general (Nicacio) Martínez Espinel, debería dar una explicación seria sobre este asunto", señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.