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22 Sep 2021 - 10:50 p. m.

El ajuste que la Procuraduría quiere hacerle a la “Ley Antichancleta”

En marzo pasado, el Senado aprobó una ley para prohibir los castigos físicos contra niños, niñas y adolescentes. No obstante, en el papel quedó que un castigo físico es semejante a una “acción de crianza” y otras disposiciones cuestionadas sobre la patria potestad de los padres.
Imagen de referencia.
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Foto: GETTY

La Ley 2089 de 2021 o “Ley Antichancleta”, que prohíbe en el Código Civil los castigos físicos contra niños, niñas y adolescentes, es todo un hecho desde marzo de este año. No obstante, hay palabras y frases que quedaron firmadas y que incomodaron a un par de demandantes que tienen una queja en la Corte Constitucional, con la cual buscan darle un nuevo sentido a la norma. En un reciente concepto, la procuradora general Margarita Cabello les dio la razón a los demandantes.

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Por ejemplo, en el Artículo 1 de la “Ley Antichancleta” quedó claro que los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad tiene derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo con sus creencias y valores. Todo, siempre y cuando no utilicen el castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes. El problema, según Cabello y los demandantes, está en el párrafo que sigue, pues quienes están a cargo de los menores de edad solo podrán perder la patria potestad si la conducta es reiterativa.

“El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente”, dice la ley, lo cual es un contrasentido para Cabello. De acuerdo con el concepto de Procuraduría, toda esa frase implica que el Estado colombiano no podría sancionar todo tipo de violencia física y psicológica, sin importar si ocurre una o decenas de veces. Con un hecho, para los demandantes, ya es suficiente para pensar en sanciones ejemplares contra los padres o responsables.

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Luego, los demandantes y la procuradora general hicieron notar su incomodidad con una de las definiciones del Artículo 2 de la “Ley Antichancleta”, que está relacionada con el concepto de castigo físico. Según como quedó la norma, ese tipo de conducta es una “acción de crianza, orientación o educación” en el que se utiliza la fuerza física y tiene por objeto causar dolor, pero que no alcanza a constituir maltrato intrafamiliar. Para Cabello, los niños, niñas y adolescentes tienen especial protección constitucional y, por tanto, no se debe contemplar ningún tipo de maltrato dentro de su proceso de crecimiento.

“En relación con la expresión acusada del Artículo 2, el Ministerio Público estima que la equiparación del castigo físico como una acción de ‘crianza, orientación o educación’, también es problemática desde una perspectiva constitucional, puesto que, dado el valor simbólico del lenguaje, promociona el uso de la fuerza física como un método pedagógico y, por ende, fortalece el imaginario colectivo que lo considera justificable”, agregó Margarita Cabello.

Así las cosas, reuniendo conceptos desde otros puntos de vista, la Corte Constitucional deberá decidir si las expresiones remarcadas de la “Ley Antichancleta” se ajustan a lo escrito en la Constitución Política. No obstante, en sentencias anteriores la alta corte ha sido reiterativa en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en 1994, la Corte explicó que: “Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma. El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva”.

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Incluso, la Corte Constitucional explicó que, reprender a los menores de edad de esa forma, lo único que genera es un dominó de conductas que luego se reproducen en sociedad. “(El uso de la fuerza bruta) ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento del espíritu de los menores de edad, la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará victimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social”, concluyó.

La “Ley Antichancleta”, por su parte, no contempla sanciones penales a quienes castiguen a sus hijos, sin embargo, obligó a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a crear una estrategia nacional pedagógica para que se busque la eliminación de los castigos. Durante el proceso de la norma en el legislativo, el único partido político que se opuso fue Colombia Justa y Libres, movimiento cristiano, pues desde su perspectiva violentaría la libertad que tienen las familias para educar a sus hijos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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