La Inmaculada, conocida también como La oficina de Tuluá, viene sembrando el terror en ese municipio del Valle del Cauca desde hace varios años. Este fin de semana, en una presunta retaliación por la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, líder de esa organización, quemaron ocho vehículos y dos guardias de tránsito fueron atacados (uno de ellos murió). En entrevista con El Espectador, Leonardo Vergara, director de la Fiscalía del Valle del Cauca, revela detalles sobre las prácticas de la organización criminal, dentro de las cuales instrumentalizan menores de edad, manejan ollas de vicio, tiene oficinas de cobro y más. A pesar de los intentos por ponerle freno a La Inmaculada, dice el fiscal, no hay un control efectivo en las cárceles, por lo cual las órdenes seguirían saliendo desde los penales.
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¿Qué ha avanzado en la investigación sobre los hechos ocurridos este fin de semana, y en general en los hechos violentos cometidos por La Inmaculada?
Este fin de semana dos menores de edad fueron capturados por los actos violentos que se presentaron. Uno de los menores, tiene 14 años, llevaba una motocicleta y varios celulares, importantes para toda la investigación de los hechos que ocurrieron este fin de semana, pero también le fue hallado el combustible que usaron para al parecer incinerar los vehículos. Ahí hubo el restablecimiento de derechos de este menor, incluso quedó en manos del Instituto de Bienestar Familiar, al tener un tratamiento como víctima de reclutamiento. Sobre el otro menor capturado, se están adelantando las audiencias preliminares para lograr una medida de internamiento preventivo en su contra. Por estos hechos también fueron capturados dos adultos. Ya fue legalizada su captura y les fue incautado combustible y los vehículos que usaron.
Esta organización en general utiliza a los menores de edad para transportar armas de fuego; para actos de terrorismo como los del fin de semana; labores de vigilancia y seguimiento a personas que van a ser víctimas de este grupo armado. Las labores investigativas de la Fiscalía se adelantan para encontrar a los responsables de estos hechos.
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Un guardia de tránsito del municipio murió y otro resultó herido este fin de semana en presuntos actos de sicariato. ¿Cómo avanzan las labores de investigación para dar con los responsables de estos dos hechos?
En este momento se está haciendo el abordaje de víctimas, la recolección de los testigos presenciales del hecho, entre ellos una mujer embarazada que estaba con uno de los guardias, y los videos de las cámaras que hay en el municipio, especialmente donde se presentaron los hechos. Todo está inmerso en toda la actividad investigativa que tenemos ya en contexto en contra de la estructura criminal. Definir los móviles en este momento sería totalmente irresponsable, pero de acuerdo al modus operandi, es algo que ha sido visto con anterioridad por parte de esta estructura criminal y que ha tenido como objetivo a varios miembros de la Secretaria de Movilidad en Tuluá. Esperemos en los próximos días tener una respuesta al respecto.
De acuerdo con las investigaciones, ¿cómo opera entonces La Inmaculada?
Ellos tienen varias fuentes de financiación. Sus fuentes de financiación han estado ligados al tráfico de estupefacientes, control de las ollas de vicio del municipio, pero también con el monopolio de alimentos. La extorsión a los transportadores y a las personas que traen sus alimentos y los comercializan en Tuluá y los municipios aledaños. Nosotros tenemos líneas investigativas enfocadas en este esfuerzo, de identificar a quienes hacen parte de esta cadena delictiva y de su financiación. También extorsionan y tienen oficinas de cobro en donde presionan a empresarios haciendo cobros de algunas deudas que son vendidas a la estructura criminal. Eso está en el desarrollo de actividades investigativas.
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¿Que acciones se han adelantado desde la Fiscalía para combatir entonces a esta organización y sus fuentes de financiación?
La Fiscalía tiene una línea de investigación desde 2022 con resultados. Diseñamos una estrategia para investigar y judicializar cinco líneas de investigación: homicidios y tentativas de homicidio; terrorismo y las conductas asociadas a estos hechos, como los incendios a vehículos y lanzamiento de objetos peligrosos; amenazas contra defensores de Derechos Humanos, miembros de la Rama Judicial y servidores públicos; y hechos de corrupción administrativa ligados a esa rama judicial; y los hechos violentos que se presentaron en la jornada electoral del año anterior, donde fue electo el actual alcalde, Gustavo Adolfo Vélez.
Para abarcar esta estrategia investigativa se identificaron 94 hechos victimizantes, entre ellos las víctimas de incendio, entre otros delios, por eso lo que hizo esta estructura criminal el fin de semana tiene relación con hechos anteriores y hay un modus operandi donde ellos generan temor a sus víctimas y ya lo venían ejecutando. Hemos identificado que regularmente hay una afectación y luego un comunicado de la estructura que envían por medios abiertos. Ese es el trabajo que la Fiscalía ha venido identificando y judicializando a presuntos responsables. Van 69 personas judicializadas. En esa estrategia conjunta se ha reducido el homicidio: fue del 40%. A la fecha tenemos dos relacionados con riñas y los otros con la organización.
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Las autoridades señalan que esta organización sigue delinquiendo desde las cárceles ¿Qué sabe al respecto y que se está haciendo desde la Fiscalía?
De nuestra parte hacemos todas las investigaciones y cuando identificamos que vienen de algún centro carcelario, inmediatamente nuestros fiscales están ordenando las diligencias de allanamiento en estos centros penitenciarios. Pero nos quedamos cortos porque eso es un control directo del INPEC. Este Instituto deber adelantar todas las actividades de prevención y regulación al interior de estos establecimientos carcelarios para que estas personas estén incomunicadas y no tengan acceso por teléfonos móviles a sus víctimas. Hay unas personas que están al interior de la cárcel.
Hay unas figuras de esa estructura criminal que han sido capturadas, ente ellas alias Pipe Tuluá, quien fue condenado a 30 años y tendría responsabilidad en al menos 39 homicidios y varios hechos victimizantes. Este hombre, según las investigaciones que adelantamos, es quien ha venido extorsionando a muchas personas desde la cárcel y por eso desde la Fiscalía hemos venido siguiéndole la pista. También personas como Juaco, el Zarco, el Enano, quienes siguen ejerciendo labores dentro de la cárcel.
La Fiscalía ha adelantado las investigaciones y ha logrado que jueces impongan medidas en su contra, pero el control de las cárceles sí debe ser más efectivo para evitar que estas personas tengan acceso a comunicaciones y puedan incluso dirigir la organización desde las cárceles del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
