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Al coronel Hernán Mejía, el Tribunal de Bogotá le concedió la libertad condicionada hace 13 días. Sentenciado por sus nexos con Jorge 40 en el Cesar e investigado por ejecuciones extrajudiciales, Mejía se encontraba detenido desde 2008. Cumplió con el requisito que exige la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de haber pasado cinco años detenido y, por cuenta de los beneficios que derivaron del Acuerdo de Paz con las Farc para los agentes del Estado, Mejía podría ser hombre libre.
No obstante, el coronel continuará en detención domiciliaria, como está desde noviembre del año pasado por razones de salud, pues el caso por el que se presentó ante la JEP es la condena a 19 años de prisión que se produjo en su contra el 9 de septiembre de 2013, junto con otros tres uniformados del batallón La Popa que comandó entre 2002 y 2004: el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade, por el delito de concierto para delinquir agravado. Es decir, por los nexos con el paramilitarismo. En la JEP no se refirió a los otros dos procesos que tiene abiertos en su contra, uno de ellos por ejecuciones extrajudiciales, y por eso debe seguir en domiciliaria.
El condenado oficial siempre ha negado tajantemente los cargos en su contra, al punto que escribió un libro titulado “Me niego a arrodillarme”. En junio pasado, el oficial radicó ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la carta en la que se comprometía a acudir a este sistema transicional, y la Secretaría dio concepto favorable para que le concedieran libertad condicionada, tal cual solicitó el 27 de junio ante jueces. No obstante, en julio, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud.
(Vea: La alianza criminal del coronel (r) Mejía)
Ese rechazo no fue bien recibido entre ciertos sectores del Ejército, especialmente en aquellos donde Mejía, aun con la condena en su contra, todavía es percibido como un militar “tropero”, el cual, a pesar de los reclamos de las víctimas, nunca dejó de asistir a audiencias con trajes del Ejército. Las voces militares no se hicieron esperar: reclamaron ante el Gobierno que había una especie de desigualdad contra los militares detenidos y el Ejército envió un oficio el pasado 25 de septiembre al Tribunal. (Aquí puede ver la condena contra el coronel (r) Mejía)
El pasado 5 de octubre, la Secretaría Ejecutiva de la JEP le remitió al Tribunal una comunicación en la cual indicaba que el coronel Mejía cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 1820 de 2016 (de amnistías e indultos) para obtener la libertad condicionada. El año pasado, antes de que el Acuerdo de Paz se firmara, Mejía había solicitado evaluación de Medicina Legal y el 28 de noviembre se le concedió la casa por cárcel, porque se encontraba en “estado grave”. Así fue como dejó el Cantón Sur de Bogotá hace 11 meses, aunque todavía no recupera su libertad por completo.
El “Zarpazo”
En 2008, el proceso contra Mejía era uno de los más importantes para la Fuerza Pública. Reconocido como un oficial con "botas en el terreno", Mejía se negó desde el inicio a aceptar cualquier responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales. En su indagatoria, revelada por este diario hace nueve años, aseguró que él sólo había realizado operaciones legítimas siguiendo órdenes de sus superiores y del propio presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Mejía siempre se declaró víctima de testigos falsos y llegó a pedir que un fiscal de Barranquilla y dos detectives del CTI fueran investigados.
La Fiscalía, sin embargo, expuso con pruebas su caso y el coronel resultó condenado. La primera sentencia que se produjo en su contra fue el 9 de septiembre de 2013, cuando el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá lo sentenció a 19 años de prisión junto con otros tres uniformados del batallón La Popa: el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade Perea, por el delito de concierto para delinquir agravado. Es decir, por sus nexos con grupos paramilitares.
Los problemas para Mejía empezaron cuando a la Fiscalía llegó una denuncia contra él presentada por un subalterno suyo del Ejército que terminó haciendo parte del Bloque Norte de los paramilitares. El exmilitar contó que, recién Mejía se posesionó en el batallón, se reunió con los jefes “paras” que “mandaban” en esa zona del país, Jorge 40, Hernán Giraldo, 39 y Tolemaida, en un municipio que para ese momento era de absoluto dominio de ese grupo ilegal: Sabanas de San Ángel.
Para cuando llegó la denuncia, Mejía era un condecorado oficial que, en su paso por La Popa de 2002 a 2004, sólo había dado resultados contra la guerrilla. Su hoja de vida se vio rápidamente cuestionada y la Fiscalía encontró, entre otras cosas, que él y el coronel (r) Ruiz Mahecha conformaron un grupo que se conocía como “Zarpazo”, el cual se encargaba de las muertes en combate.
Cuando la Fiscalía escarbó, encontró operaciones que levantaban sospechas. En una de ellas, Tormenta II, 18 presuntos integrantes del ELN fallecieron en un enfrentamiento con la Fuerza Pública. La investigación concluyó que los 18 eran en realidad paramilitares, que habían sido ejecutados por un acuerdo con el jefe de ellos y que habían sido exhibidos como “resultados positivos” ante los superiores de los coroneles. Casos como éste, incluidas las muertes de dos indígenas kankuamos que fueron presentados como guerrilleros en 2003, le costó a Mejía una segunda investigación por homicidio en persona protegida.
Es una historia paradójica de la guerra. Cuando Mejía fue capturado hace nueve años, y rindió indagatoria, se despachó contra Sergio Jaramillo, quien entonces ejercía como viceministro de Defensa. Aseguró que su detención había sido presionada por Jaramillo porque estaba “empecinado” en “entregar su cabeza en bandeja de plata a organizaciones internacionales de derechos humanos”. Ahora, Mejía tramita su libertad a través de las herramientas del Acuerdo que Jaramillo -como alto excomisionado de paz- negoció con la guerrilla, el cual incluye beneficios penales para agentes del Estado que, como Mejía, han sido sentenciados por crímenes graves.