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En Colombia se habla y se escribe mucho sobre grupos armados. Nos detenemos en sus nombres, dónde están, cómo se organizan, quién los dirige, cuántos integrantes tienen, cómo se disputan los territorios y cómo se reconfiguran. Los comunicados oficiales y los noticieros presentan versiones de estos grupos como si se tratara de estructuras estables y transparentes. Igualmente, se pone énfasis en cómo los denominamos – carteles, grupos narcoterroristas, o grupos armados organizados residuales o posdesmovilización – como si esa clasificación ayudara a entender mejor su naturaleza. Además, el punto de entrada más común a los grupos tiende a ser mediante la identificación de sus supuestos cabecillas, con remoquetes que copan la conversación pública: Pinocho, Cholo, Bendito Menor, Chiquito Malo, Buche de Agua, Pecueca o Fritanga.
Durante décadas hablamos de guerrillas y paramilitares; ahora el repertorio de los grupos armados es más complejo y diverso; sin embargo, se arrastran concepciones desfasadas respecto de los cambios actuales. Por otro lado, aunque se liga de manera regular la acción de los grupos armados contemporáneos con el crimen organizado, no se suelen explorar las implicaciones de esa conexión. La atención sigue concentrada en los armados y quizá comprendemos menos de lo que creemos sobre el fenómeno criminal más amplio.
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El asunto no es que los grupos armados sean irrelevantes, ya que entender su dinámica es fundamental en el combate a diversas manifestaciones de crimen organizado en el país. El problema es haberlos convertido en el principal objeto de nuestra mirada, como si comprender su estructura permitiera comprender el fenómeno que los produce y los sostiene. Pero no es así. Los grupos armados con entrenamiento militar son uno de los componentes de los mercados y regímenes de violencia que existen en Colombia, pero no el único. Las ciencias sociales resaltan desde hace mucho tiempo que la violencia organizada requiere algo más que hombres armados: demanda recursos, relaciones, intermediarios y actores capaces de convertir la violencia en capital político y económico.
Además, para ser efectivo, el crimen organizado tiende a requerir cierto grado de ocultamiento. Salvo que responda a una operación propia propagandística o estratégica, la exposición de sus componentes y su dinámica va en contra de sus propósitos criminales. La observación es obvia pero aparentemente ignorada y tiene un par de consecuencias que vale la pena resaltar: no todo lo que se publicita sobre los grupos es cierto, y la circulación pública de información sobre los detalles del grupo (membresía, líneas de mando y actividades) lo expone y puede afectar negativamente su funcionamiento. Además de relativizar lo que parece que conocemos sobre los distintos grupos armados, cabe resaltar que, por su naturaleza, estos ejércitos son la parte más expuesta de un fenómeno más amplio y fluido. Por lo tanto, además de conocer más y mejor el componente armado, restan por esclarecer muchas dimensiones, incluyendo: qué relaciones hacen posible el control, quién las articula, quién se beneficia de ellas, y cómo se conectan con el poder político y económico.
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Un fenómeno ambiguo, oscuro y secreto
La categoría de “crimen organizado” es vaga, elástica y difusa. Más que una categoría académica o analítica es un rótulo moldeado por intereses políticos y mediáticos. En su origen, se usaba para referirse a actividades criminales que demostraban división de trabajo y coordinación; bajo esa lógica, un sector de la criminología de la época concentró su mirada en el mundo de la criminalidad de cuello blanco – ese exploración se diluyó. La mirada progresivamente se concentró sobre grupos criminales que poseen la capacidad y las conexiones para cooptar agentes estatales y garantizar la impunidad de sus actos ilegales. Durante un largo rato la atención cayó sobre la mafia, luego pasó a lo que los estadounidenses bautizaron como carteles, durante un momento fugaz se concentró sobre las pandillas centroamericanas, y ahora todos los ojos recaen sobre los grupos narcoterroristas, que son todo y nada, a la vez.
Nils Christie, un criminólogo noruego, advertía que el concepto de crimen organizado tiene propiedades parecidas a las de Dios: su existencia no es fácil de desvirtuar y su invocación puede ser utilizada y abusada para una amplia gama de propósitos. No es un fenómeno uniforme que podamos identificar, medir y comparar como si tuviera siempre las mismas características en todos los lugares. Eso no significa que no exista. Significa que debemos localizarlo, contextualizarlo y observar cómo interactúa con las instituciones, las economías y las culturas en donde opera.
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Crimen y Estado: una relación compleja que puede ser simbiótica
En Colombia, después de décadas de interacción entre violencia, economías ilegales y poder político, el crimen organizado ha dejado de ser algo que simplemente está “afuera” de la sociedad y el Estado, y se ha incorporado en determinadas relaciones sociales, económicas y políticas. Ha pasado de los márgenes a participar, de distintas maneras e intensidad, en la configuración del poder, tanto privado como público. No necesariamente como una conspiración organizada desde el centro, sino más una acumulación de relaciones.
La historia ofrece ejemplos reveladores. El trabajo de Lina Britto sobre el boom marimbero en el Gran Magdalena muestra cómo una economía ilegal no solamente aprovechó un territorio con instituciones débiles, sino que interactuó con élites locales, mercados y autoridades mientras contribuía a la construcción estatal en el ámbito local. La historiografía reciente colombiana (y mexicana) muestra que las actividades criminales contribuyeron a la estructuración de órdenes sociales, políticos y económicos que todavía inciden en cómo se manifiesta el Estado en ciertos lugares.
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De aquí que resulte insuficiente pensar en la relación entre Estado y crimen como una oposición dicotómica: el Estado como perseguidor del crimen organizado. Por su prevalencia y la competencia interna que existe en el mundo subterráneo, el resultado de la persecución que afecta negativamente a un grupo o a un sector suele beneficiar a otro. En la medida en que el Estado no logra combatir a todos los que participan en la criminalidad organizada, la selección que tiene lugar – intencional o no – al perseguir a unos sobre otros puede favorecer a algún competidor. Es decir, distintas autoridades pueden perseguir con firmeza a unos actores mientras otras acuerdan, negocian o simplemente ignoran o toleran las actividades de otros. La selectividad en la aplicación de la ley y la omisión son poderosos recursos con impactos en el desempeño de las actividades criminales que, fácilmente, pasan desapercibidos.
La interacción no es simple, ni necesariamente sigue un patrón delimitado de arriba hacia abajo. El crimen organizado es fluido y tiene una gran capacidad de adaptación; logra detectar ventanas de oportunidad y ajustar sus dinámicas a los ambientes cambiantes. Se aprovecha de competencias y conflictos – por ejemplo, entre policía y militares, o entre políticos que se enfrentan en elecciones – para tejer sus redes de influencia. Con el tiempo, algunas relaciones pueden estabilizarse y adquirir características diferentes: no necesariamente hay colaboración, pero sí puede haber coexistencia conveniente.
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Benjamin Lessing ha mostrado cómo la gobernanza criminal puede coexistir con la gobernanza estatal y cómo, en determinadas circunstancias, pueden desarrollarse relaciones simbióticas. La simbiosis no requiere que las partes dejen de ser entidades distintas ni que exista cooperación deliberada. Puede surgir de relaciones que producen beneficios mutuos sin que estos sean necesariamente buscados o reconocidos como tales. Por lo tanto, si queremos entender los marcos de gobernanza en determinados territorios, no debemos aislar el estudio de la gobernanza oficial del de la gobernanza criminal.
En algunas comunidades, además, esta coexistencia tiene consecuencias profundas. La coerción y el miedo reducen el espacio para el ejercicio de una ciudadanía efectiva: se puede votar, pero con condiciones; reclamar, pero con límites; y participar, pero bajo observación – siempre conscientes de que puede haber sanciones si se incumplen las reglas tácitas. Se configura así una ciudadanía de baja intensidad, que a su vez debilita la democracia y facilita la reproducción de las mismas relaciones de poder, con el crimen organizado incrustado en partes de la sociedad y el Estado.
Muchos de los grupos armados contemporáneos no pretenden derrotar ni reemplazar el poder estatal, sólo buscan que determinadas decisiones, mercados y territorios funcionen a su favor. Su objetivo no es necesariamente controlar el poder público ni derrocar gobiernos, sino lograr que determinadas decisiones favorezcan sus intereses. La violencia funciona como recurso coercitivo para influir en decisiones: puede inhibir a un competidor, garantizar el cumplimiento de una transacción o modificar el comportamiento de un funcionario. En este sentido, la violencia no solamente destruye dinámicas sociales y económicas, también las organiza. Establecido el orden, ya no es necesario recurrir de manera permanente al uso explícito de la fuerza; basta con que exista una amenaza creíble de que las reglas pueden hacerse cumplir violentamente.
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Lo que no solemos ver
El crimen organizado puede estar en el territorio y en las comunidades, aunque no aparezca armado. El dinero ilegal se transforma en tierra, oro, empresas, campañas políticas, obras públicas, inversiones financieras tradicionales, o flujos de inversión hacia el mercado cripto y la industria de las apuestas en línea. La violencia coercitiva se despliega de manera invisible para conseguir el pago de una deuda, la adjudicación de un contrato público, la adopción de un decreto municipal que dispone una rezonificación territorial o un traslado presupuestal. Estos asuntos anodinos difícilmente compiten con la fascinación por el componente bélico.
Este tipo de criminalidad está presente en el comercio de todos los días cuando se acepta y se tolera un mercado regulado por amenazas, en el que la protección se convierte en un servicio pago. Así se establece una rosca extorsiva de protección que involucra al Estado por acción u omisión, ya sea porque los agentes estatales reciben alguna porción de las rentas, porque es más conveniente ignorar el esquema y ocuparse de otros asuntos, o porque están amenazados.
En esta cadena de ejemplos, vale recordar que cuando hay una acción militar o policial contra un enemigo, es probable que otros actores busquen beneficiarse. La operación publicitada contra algún cabecilla o reducto del grupo armado puede desatar una reacción en cadena que no se registra públicamente. Capturar mandos y desmantelar estructuras armadas es necesario, pero no basta. El dirigente puede desaparecer, pero las relaciones que hicieron posible su poder suelen permanecer. El grupo armado puede fragmentarse y las economías, alianzas y mecanismos de protección pueden reorganizarse.
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El problema no es solamente quién tiene las armas; es quién está detrás de ellas, más aún quiénes son los emprendedores que convierten la violencia en poder político y económico. Y esa pregunta nos obliga a mirar más allá de los camuflados y las armas. Requiere que pongamos atención a la contratación, la minería, la construcción, las finanzas, la política, las burocracias locales, las empresas y las relaciones sociales que permiten que la violencia produzca beneficios mucho después de que deja de ser visible.
Finalmente, no necesitamos dejar de estudiar a los grupos armados; necesitamos dejar de asumir que estudiarlos nos revela todo aquello que hay que confrontar. Debemos preguntarnos: ¿cómo interactúan actores criminales, estatales, políticos y económicos para producir determinadas formas de poder en sectores como la construcción o la minería, o en territorios como Arauca, Cauca, Antioquia o Norte de Santander? La propuesta es hacer un análisis complejo que alumbre esas zonas grises que preferimos ignorar: esa penumbra en la que sabemos que interactúan lo legal y lo ilegal, pero en la que resulta más cómodo no preguntar demasiado.
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