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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en la contratación pública del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asimismo, abrió una segunda indagación por contratos suscritos con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz.
Las medidas se conocen luego de las declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella sobre la situación. “Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: voy a llegar al fondo de todo”, dijo el jefe de Estado el fin de semana anterior.
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Según detalló el Ministerio Público, la primera indagación, anunciada este miércoles 21 de octubre, se relaciona con posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios con terceros, pese a que el hospital contaría con los recursos necesarios para prestarlos directamente. También se investiga un posible favorecimiento a familiares de autoridades del departamento.
Asimismo, la Procuraduría señaló que no se habría adelantado la contratación necesaria para la disposición de residuos peligrosos y que, al parecer, no se ha pagado la nómina de los trabajadores de la institución desde hace varios meses. En ese sentido, el órgano de control solicitó copias de los contratos suscritos por el hospital relacionados con la prestación de bienes y servicios.
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También pidió un informe detallado que indique si la institución contaba con los mecanismos necesarios para la disposición de residuos peligrosos. Con la apertura de esta indagación previa, la Procuraduría aseguró que busca identificar o individualizar al o los posibles autores de alguna falta disciplinaria.
La segunda indagación, conocida por medios de comunicación y fechada el pasado 20 de octubre, busca establecer posibles favorecimientos en la adjudicación de contratos a Vonblon Pomare, esposo de la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, entre 2018 y 2024. Esta indagación tendría origen en una nota publicada por la revista Semana el pasado 19 de octubre, titulada “Los contratos del esposo de la congresista a la que enfrentó Abelardo De la Espriella en San Andrés”.
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Según el reporte, el esposo de la congresista figuraría en cuatro contrataciones estatales por un valor total de COP 1.709 millones. Uno de los negocios mencionados por el medio de comunicación corresponde a la adquisición de un inmueble ubicado en el edificio Coral Palace, en una operación destinada a adquirir esos terrenos para un proyecto de construcción del alcantarillado pluvial del distrito cuatro de San Andrés.
El medio señala que la Secretaría de Infraestructura le habría desembolsado a Vonblon Pomare el 24,29 % del valor del contrato, es decir, COP 1.700 millones, y que valía COP 7.000 millones. Según el medio, la adquisición estaría vinculada al cumplimiento de una sentencia relacionada con el estado de cosas inconstitucional en materia de derechos de los niños del pueblo Wayuu.
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En ese sentido, la Procuraduría busca establecer si hubo o no favorecimientos en la adjudicación de contratos estatales al esposo de la congresista. Asimismo, busca determinar qué funcionarios participaron en dichas contrataciones y procesos. El Ministerio Público ordenó la entrega de los estudios previos, las justificaciones jurídicas, técnicas y financieras, los registros presupuestales y los informes de supervisión de los contratos que habría suscrito Vonblon Pomare.
Además, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró a medios de comunicación que el próximo jueves 22 de octubre viajará al archipiélago de San Andrés una comisión de cinco expertos, en el marco de las investigaciones. También señaló que este tipo de diligencias se realizarán en los nuevos casos que “irán surgiendo”.
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