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Luego de tres años de trámites, recursos y cruce de documentos, el empresario Carlos Mattos está siendo extraditado a Colombia para comparecer en los procesos que hay en su contra por un escándalo de corrupción judicial. Su extradición la autorizó España, de donde también es ciudadano, por orden de la Audiencia Nacional —el máximo tribunal español—. Este 17 de noviembre fue entregado a oficiales de la Policía colombiana y, a quien fuera dueño por un cuarto de siglo de la representación de la marca de carros Hyundai en Colombia, le espera un juicio por presuntos sobornos a una jueza. Él se ha declarado inocente.
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El caso se remonta a 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. El empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. El periodista Daniel Coronell reveló al cabo de unos meses que el juez que emitió esa decisión, Reinaldo Huertas, “compró su carro nuevecito y de contado, menos de una semana después de haber entrado en vigor la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos”.
Las investigaciones arrojaron resultados en enero de 2018. La Fiscalía capturó entonces a tres funcionarios de los juzgados civiles de Bogotá, quienes aceptaron, uno a uno, haber manipulado el sistema electrónico que administra el reparto aleatorio de las demandas para que el recurso que interpuso Mattos cayera en el despacho del juez Reinaldo Huertas. Luego fueron capturados cinco exfuncionarios más de la Rama Judicial y el abogado Luis David Durán, quien hizo parte del equipo de defensa de Carlos Mattos para la demanda y quien también aceptó haber direccionado el recurso para que fuera el juez Huertas quien decidiera.
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Todas las pistas conducían a que Carlos Mattos, quien hoy tiene 73 años, tenía algún rol en el entramado de corrupción. Los investigados aceptaron haber recibido millonarios sobornos de manos de Luis David Durán, quien en febrero de 2019 selló su colaboración con la Fiscalía: hablaría en contra de Mattos, del juez Huertas y del otro abogado del empresario, Alex Vernot, excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Ese principio de oportunidad fue prorrogado, lo que significa que Durán ha seguido aportando evidencias.
Solo hasta octubre de 2018 la Fiscalía decidió imputarle cargos a Carlos Mattos por los presuntos sobornos que rodearon el proceso que falló el juez Huertas. Lo vinculó, entonces, a un proceso penal por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema y daño informático. El empresario estaba en España y, a pesar de ser contactado por todas las vías —hasta lo citaron en el consulado colombiano en Madrid— nunca asistió a su imputación, con lo cual un juez de Bogotá lo declaró contumaz y ordenó su captura internacional.
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Pero luego se conoció que Huertas no fue el único juez que recibió sobornos. Durán y otro implicado contaron cómo a la jueza Ligia del Carmen Hernández también le entregaron varias veces dinero en cajas de zapatos, por sumas que alcanzaron al menos los $100 millones. La mujer también aceptó cargos. Aunque hubo al menos cinco entregas así, la Fiscalía reprocha dos de ellas, pues ocurrieron mientras la funcionaria judicial todavía tenía en su poder demandas que había interpuesto Mattos para quedarse con el negocio de Hyundai. Según testimonios, el propio Mattos estuvo en al menos una entrega, que ocurrió en su carro.
La Fiscalía, nuevamente, le imputó cargos y un juez ordenó, una vez más, su captura internacional. Es este segundo caso por el cual la Audiencia Nacional accedió a extraditarlo desde mayo de 2019. A pesar de un amparo —lo que en Colombia llamamos tutela— que interpuso para frenar el trámite, el tribunal ordenó su detención preventiva. Mientras tanto, el proceso por la solicitud de extradición del caso relacionado con el juez Huertas fue avanzando y la misma corporación lo citó el 6 de octubre de 2021 a comparecer. Fue capturado allí mismo.
“Cuando ha terminado esta vista, se le ha ordenado detener para que se ejecute la entrega de la primera solicitud de extradición”, le dijo un portavoz de la Audiencia Nacional a AFP ese día. Y ese mismo día, el general Jorge Vargas, director de la Policía colombiana anunció que enviaría oficiales de Interpol a España para hacer efectiva la extradición de Mattos lo antes posible. Sin embargo, el abogado de Mattos, Iván Cancino, había anticipado de los quebrantos de salud de su defendido, pues incluso contaban con un parte médico que recomendaba que no viajara sin supervisión de personal de salud. Desde entonces, el empresario estaba recluido en una enfermería de Soto del Real, a las afueras de Madrid.
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