A solo dos días de que la Fiscalía llame a juicio a Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, un juez de Bogotá dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José.
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Se trata de la primera condena relacionada con el sonado caso de los títulos universitarios falsos con los que la joven de 24 años, defendida por el anterior jefe de Estado en distintos espacios, buscaba hacerse a uno de los puestos del desaparecido Ministerio de la Igualdad, aunque ella todavía dice ser inocente. El exfuncionario llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y pagará tres años de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Dos diplomas y dos actas de grado falsas emitidas por la Fundación San José son el origen de la condena en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez. La sentencia, leída este 7 de septiembre por el juez 46 penal de Bogotá, señala que el 1 de julio de 2025 el exfuncionario emitió dos títulos académicos falsos a nombre de Juliana Guerrero: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública.
Esto, a pesar de que la joven no había cumplido con ninguno de los requisitos para graduarse: no había presentado las Pruebas Saber, no registraba asistencia a clases ni había terminado de cursar el plan de estudios correspondiente a esos programas académicos. Para el gobierno que la defendió hasta el último día, se trataba simplemente de una problema burocrático.
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Sin embargo, la investigación de la Fiscalía ha demostrado que se trató de un engaño al propio gobierno. Juliana Guerrero, que en ese momento buscaba ser viceministra y necesitaba cumplir con esas condiciones, hoy está a un paso de ser llamada a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Su nombre empezó a sonar en abril de 2025, luego de que el entonces presidente Gustavo Petro la designara como delegada ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Después volvió a sonar como la persona seleccionada para asumir el Viceministerio de las Juventudes. Para llegar a ese cargo, según la Fiscalía, la joven presentó al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público los títulos, que la propia Fundación de Educación Superior San José ya dijo que eran falsos.
Su escalada hacia un cargo en el Gobierno se vio frenada por las denuncias que cuestionaron la legalidad de sus títulos. La entonces representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentó en su momento recibos que darían cuenta de que Juliana Guerrero, al parecer, pagó COP 8 millones por los dos títulos de la universidad.
Uno de los puntos de inconsistencia es que, aunque los diplomas y actas de grado tenían fecha del 1 de julio de 2025, la joven hizo tres pagos por concepto de derechos de grado entre el 28 y 29 del mismo mes. Es decir, pagó por su grado tres semanas después de la graduación. El Ministerio de Educación le puso la lupa y abrió una investigación preliminar contra la universidad.
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Tras advertir los errores en la entrega del título, fue la propia institución educativa la que decidió anular los títulos universitarios el 7 de noviembre de 2025. “La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, señaló la universidad en su momento. Aclarada la falsedad de los diplomas, sobre la mesa quedó la pregunta sobre quién facilitó la expedición de los títulos falsos de la candidata a viceministra.
La primera pista para responder ese interrogante la dio la Fiscalía, el 9 de febrero de este año, cuando anunció la imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la universidad. Un mes después y tras dos aplazamientos, el 26 de marzo, ambos fueron imputados por la fiscal Jessica Montealegre Villaquirá.
Lo que sostiene el búnker es que la joven presentó los títulos universitarios “a sabiendas de que eran falsos” y que, de ese modo, “intentó engañar a los servidores públicos” que adelantaban su proceso de selección, pues trató de lograr la validación de dos estudios que no había realizado.
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Sobre el rol de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, lo que argumentó la fiscal del caso es que “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”. Esto, pese a que la joven ni siquiera registraba su asistencia a las clases.
Para ambos, la Fiscalía anunció que los llamaría a juicio, pero el pasado 20 de agosto, durante la diligencia de acusación a la que Juliana Guerrero no se presentó, el ente investigador anunció que había llegado a un preacuerdo con el exsecretario general de la Fundación San José. El principal sustento para validar esa negociación eran sus aportes para aclarar el caso.
Tanto la Fiscalía como la representación de la universidad argumentaron que Luis Carlos Gutiérrez Martínez se puso a disposición para aclarar lo sucedido con los títulos falsos. Entre otras cosas, aceptó que “consignó hechos falsos en documentos auténticos” al usar su usuario en las plataformas institucionales para validar los certificados académicos de Juliana Guerrero, pese a que no cumplía con los requisitos.
La sentencia conocida este lunes señala que el exfuncionario, “en su calidad de secretario general, tenía a cargo la verificación, validación y certificación de los títulos académicos”. De ese modo, “faltó a la verdad y creó un riesgo público”, pues la educación es de carácter público, aunque esté en manos de instituciones privadas.
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La petición de la universidad fue que Luis Carlos Gutiérrez Martínez se disculpara. Y así lo hizo en audiencia: “Ofrezco disculpas públicas por una mala decisión, por una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica y a todos sus actores (...) Lamentablemente violenté el reglamento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, expresó el exfuncionario durante la diligencia.
El juez ordenó una pena de tres años de prisión, que podrá evitar con el pago de una multa, sumado a la inhabilidad de tres años para ejercer cargos públicos. Ahora el turno será para Juliana Guerrero, quien no ha asistido a tres audiencias en su contra, dos de imputación y una para ser llamada a juicio.
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Por Gustavo Montes Arias
