Han pasado más de 25 años desde que los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa fueron retenidos y desaparecidos en Medellín (Antioquia). Ni la justicia ordinaria ni la transicional han logrado esclarecer el crimen en contra de estas dos personas que, paradójicamente, se dedicaban a buscar a otros desaparecidos.
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Solo una persona ha sido señalada por su presunta responsabilidad: el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. Sin embargo, el proceso no ha avanzado y el exoficial de la Policía acaba de ser expulsado de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), por no aportar verdad para esclarecer el hecho ni reconocer su responsabilidad.
La decisión de expulsar a Santoyo Velasco la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que desde marzo de 2025 estudiaba la “actitud negacionista” del exoficial, quien entre 2012 y 2019 pagó una condena en Estados Unidos por haber sido auxiliador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En septiembre de 2021 se acogió la JEP y pasó de una cárcel a una guarnición policial, mientras aportaba verdad sobre las relaciones entre fuerza pública y paramilitares en el conflicto. Sin embargo, sus aportes escasos y poco convincentes llevaron a que la justicia transicional le cerrara la pista y que casos como el de las desapariciones de Claudia Monsalve y Ángel Quintero regresen a la justicia ordinaria, en la absoluta impunidad.
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La búsqueda de Claudia y Ángel
Claudia Monsalve y Ángel Quintero eran líderes sociales, defensores de derechos humanos e integrantes de la seccional Medellín de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). El 6 de octubre del año 2000, como parte de su trabajo de activismo social, estuvieron gran parte del día en la Fiscalía 27 Delegada de la Unidad Seccional de Delitos contra la Libertad Individual y otras Garantías.
Habían ido a ese despacho a denunciar la desaparición forzada de algunos de sus familiares: Rubén Úsuga Higuita, Wilson Úsuga Higuita y Arvey Posso Úsuga. Era viernes y, terminadas sus labores, sobre las 10:15 de la noche, caminaban por el centro de la ciudad cuando fueron interceptados por hombres armados.
Según lo que han documentado organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que durante las últimas dos décadas ha acompañado de cerca el caso, Claudia Monsalve y Ángel Quintero cruzaban por la carrera Bolívar con la calle Amador, en el centro de Medellín, cuando presuntos integrantes de las AUC que se movilizaban en una camioneta Chevrolet doble cabina de color gris y en una motocicleta los obligaron a irse con ellos.
Desde entonces no hay rastro de su paradero. Sus familiares los esperaron durante toda la noche con la zozobra de saber que ya antes habían sido blanco de amenazas. Al día siguiente estuvieron por el centro de la ciudad con la esperanza de tener pista de ellos, sin ninguna fortuna.
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Adriana Quintero, hija de Ángel Quintero, recordó en 2019, en una conversación con la organización Peace Brigades International (PBI), que dos días antes de la desaparición su padre, él le advirtió que se tendrían que desplazar. “Me llamó al trabajo y me dijo: ‘¿Usted qué opina de que nos cambiemos de casa, de que nos vayamos de la ciudad o del barrio?’ Y yo le respondí: ‘¿Otra vez?’ Él se quedó callado y esa fue nuestra última conversación”, recordó la mujer, hoy exiliada en Suiza.
Sería el segundo desplazamiento al que se tendrían que enfrentar, pues en 1997 habían llegado a Medellín desde la región de Urabá, luego de que Ángel Quintero fuera víctima de un atentado por su trabajo de liderazgo social.
Adriana esperaba el fin de semana para hablar a detalle con su papá sobre lo que le había dicho de un inminente desplazamiento por razones de seguridad. Pero esa conversación nunca sucedió, porque en la noche del viernes, Ángel Quintero y Claudia Monsalve fueron desaparecidos.
Según la información recopilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los presuntos integrantes de las AUC que estarían detrás de la desaparición “creían que la Asfaddes tenía lazos con la guerrilla” y, por ende, sus integrantes eran objetivo para ellos. El organismo internacional documentó también que los familiares pusieron el caso en conocimiento del teniente Jhon Belarmino Gualdrón, encargado de su seguridad.
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El 7 de octubre, un día después de la desaparición, una persona que hacía parte de Asfaddes recibió una llamada en su casa de una persona que se identificó como “Comandante Mauricio”, para atribuirse la responsabilidad del hecho. “Grábese bien este mensaje, dígale a Silvia que somos un grupo independiente, nosotros tenemos al señor Ángel Quintero”, dijo el hombre, según lo recopilado por la CIDH en su expediente del caso.
Las autoridades buscaron a Claudia Monsalve y Ángel Quintero durante poco más de un mes hasta que el 14 de noviembre del año 2000, “por haberse agotado todas las diligencias y acciones de búsqueda sin ningún resultado”, la Fiscalía decidió concluir la búsqueda de los líderes sociales.
La familia de Ángel Quintero y las de otras tres personas que hacían parte de Asfaddes tuvieron que salir de Medellín hacia Bogotá y luego exiliarse en distintos países por cuenta de los graves problemas de seguridad. Sin embargo, su persistencia y la de las organizaciones de derechos humanos que durante casi 26 años han pedido que se esclarezca el hecho y que se encuentren los cuerpos de los dos líderes desaparecidos, llevaron a que las autoridades dieran con un eslabón clave en la investigación.
En el complejo caso apareciedron pistas sobre la presunta participación del entonces general Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien entre los años 1996 y 1999 fue comandante del Gaula de la Policía en Medellín, unidad señalada de “chuzar” ilegalmente más de 2.000 líneas telefónicas.
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El capítulo de Santoyo
Aunque para octubre del año 2000, fecha de la desaparición de Claudia Monsalve y de Ángel Quintero, el ahora general retirado Santoyo Velasco ya no estaba al frente del Gaula en Medellín, las autoridades tenían pistas de que en esa dependencia de la Policía se habrían firmado órdenes falsas para interceptar ilegalmente 2.020 líneas telefónicas, entre ellas las que usaban los integrantes de Asfaddes.
El 11 de enero de 2001 la Fiscalía hizo una inspección en las instalaciones del Gaula en la capital antioqueña y allí encontró un oficio con fecha del 7 de septiembre del año 2000, un mes antes del crimen, en el que se ordenaba rastrear las comunicaciones de Claudia Monsalve y de Ángel Quintero.
El documento daba cuenta de que los rastreos se prologaron hasta el 5 de octubre, un día antes de su desaparición. “Existen pruebas que demuestran que entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre de 2000 el teléfono de Asfaddes Seccional Medellín estuvo interceptado ilegalmente, y que estas fechas concuerdan con la desaparición forzada de las presuntas víctimas”, indica la CIDH en uno de sus informes sobre el seguimiento al caso.
El mismo informe agrega además que para esa instancia “hay serios indicios que apuntan a que agentes del Estado participaron en los hechos”. Para abril de 2001, la Fiscalía ya tenía pistas de la presunta participación de Santoyo Velasco en el crimen y abrió una investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada.
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Los testimonios de algunos antiguos miembros del grupo criminal La Terraza fueron claves para la vinculación de Santoyo Velasco al caso, pues le dijeron a la justicia que el entonces general, con quien tenían relación, les habría ordenado actuar en contra de Claudia Monsalve y Ángel Quintero, a quienes señalaba de ser guerrilleros.
A pesar de que las pistas sobre la operación de interceptaciones ilegales habrían estado a cargo de personas que cumplían órdenes del exoficial, la justicia colombiana poco o nada ha hecho respecto al caso. Al menos cinco fiscales tuvieron el expediente en sus manos sin lograr resultado alguno, al punto que la justicia de los Estados Unidos se les adelantó.
El 14 de diciembre del año 2012, Santoyo Velasco fue condenado en Estados Unidos por el delito de conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, puntualmente a las AUC. Llegó a un arreglo con la justicia, pagó menos de siete años de cárcel y el 29 de abril de 2019 regresó a Colombia, expulsado por ese país.
Las autoridades lo esperaban con una orden de captura que había sido emitida tres días antes y fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba la investigación en su contra por la desaparición de Claudia Monsalve y Ángel Quintero. El 15 de octubre de 2021 se acogió a la JEP; el proceso en su contra pasó a la justicia transicional y fue trasladado a una guarnición policial.
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Los últimos cinco años pasaron sin pena ni gloria sobre el expediente. Pese a que la JEP le dio luz verde a Santoyo Velasco, el exoficial ha sostenido que la desaparición de Claudia Monsalve y de Ángel Quintero ocurrió cuando él ya no estaba al frente del Gaula Medellín. Que para la fecha de los hechos él estaba en Bogotá, en un cargo administrativo, antes de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo nombrara su jefe de seguridad, en 2002. Justo ese “negacionismo”, como lo calificó la JEP en su más reciente decisión, puso al general en retiro a caminar sobre la cuerda floja, hasta el punto de ser expulsado de esa instancia.
“El compareciente ha sostenido ante la JEP una postura de negación de haber participado desde la estructura de poder de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Secuestro y la Extorsión en Medellín, Antioquia, y luego, a nivel nacional, en el apoyo a los grupos delictivos que hacían presencia entonces en esa región (...). Omitió realizar cualquier aporte efectivo a la verdad, desconociendo con ello que, tanto las víctimas como sus familias, tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad”, señaló la JEP en su decisión.
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A sus cuentas pendientes con la justicia ordinaria se suman también los señalamientos por el crimen del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en el occidente de Bogotá. La Fiscalía anunció en diciembre de 2015 que llamaría a Santoyo Velasco y al general en retiro Rito Alejo del Río a indagatoria.
¿La razón? El extraditado comandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, le dijo en agosto de ese año a una comisión del ente investigador en Estados Unidos que los dos oficiales tuvieron conocimiento y una activa participación en ese crimen. Además, que el excomandante del Gaula en Medellín habría desviado la investigación al entregar información reservada sobre la ubicación de gente de La Terraza.
Ahora Santoyo Velasco tendrá que regresar a una cárcel convencional y su expediente volverá a manos de la Fiscalía, que lo acusó formalmente el 30 de septiembre de 2024 como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y autor mediato del delito de desaparición forzada.
Es esa misma instancia donde en los últimos 25 años no han ocurrido mayores avances con el expediente. Mientras el exoficial acata las decisiones recientes de la justicia, las familias de Claudia Monsalve y de Ángel Quintero siguen buscándolos hasta encontrarlos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
