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23 Jul 2020 - 2:00 a. m.

El fiscal Barbosa está trabajando para acabar Justicia y Paz

Francisco Barbosa anunció antes de posesionarse que tenía la idea de acabar este sistema de justicia transicional. En estos meses ha venido coordinando un análisis para ponerle fecha de cierre. Magistrados creen que se necesitan seis años más.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
En la Fiscalía están trabajando en un análisis para darle cierre a este sistema de justicia. / Gustavo Torrijos
En la Fiscalía están trabajando en un análisis para darle cierre a este sistema de justicia. / Gustavo Torrijos
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El fiscal Francisco Barbosa está buscando ponerle fin a Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional creado en 2005 para investigar y juzgar a los paramilitares. Así lo había anunciado cuando, recién elegido, visitó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 3 de febrero de este año, y, sentado al lado de la presidenta de esta corporación, la magistrada Patricia Linares, dijo: “La Ley de Justicia y Paz debe cerrase”. Barbosa no se volvió a referir al tema, pero este diario pudo confirmar que en el ente investigador han estado trabajando en un análisis interno para ponerle una fecha de caducidad al sistema, así haya todavía más de 2.720 desmovilizados pendientes por sentencia.

(En contexto: Ponerle fin a Justicia y Paz, la propuesta del fiscal Francisco Barbosa)

“Estamos trabajando para determinar, con base en variables técnicas, la fecha de cierre de la justicia transicional”, dijo una fuente de la Fiscalía. Desde que fue ternado, Barbosa ha dicho que se debe fortalecer el ente investigador en los territorios, y en enero aseguró que su propuesta nació de que se necesitan “fiscales y colaboradores para trasladar a las seccionales”. Sin embargo, para Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de los Andes y directora de ConPaz, esta propuesta “suena a que también puede haber un interés en no profundizar más en asuntos que pueden generar información incómoda -otra vez-”, como ya ha pasado con revelaciones de Justicia y Paz en el pasado.

A algunos magistrados de Justicia y Paz les parecía que el anuncio de Barbosa era precoz, pues ni siquiera se había posesionado cuando lo hizo, y no le prestaron mayor cuidado. Luego el fiscal designó a Salomón Strusberg, un abogado con amplia experiencia en contratación pública, como director de justicia transicional. Ese cargo consiste en coordinar a los fiscales de las salas de Justicia y Paz (en los tribunales de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga). Y, aunque La Silla Vacía aseguró que el nombramiento no cayó bien en la Fiscalía porque la formación de Strusberg no está relacionada con el tema, entre los magistrados de Justicia y Paz sí ha caído bien, supo este diario.

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Por ejemplo, por invitación de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, este año se reunieron todos los magistrados del sistema con Strusberg. Un acercamiento así no solo no se había dado antes, sino que ha servido para que se gestionen cuestiones operativas, como la continuación de las audiencias en medio de la pandemia del COVID-19. Además, el director llegó a impulsar temas como la extinción de dominio sobre los bienes de exparamilitares y ha priorizado el esclarecimiento de todas las masacres atribuidas a esos grupos ilegales, así como los falsos positivos y los crímenes basados en género.

Fuentes de la Fiscalía dicen que, al parecer, Strusberg también quiere avanzar en la eterna promesa incumplida de la Fiscalía: la espinosa investigación de los financiadores del paramilitarismo -la “paraeconomía”-. Además, en la entidad estaban listos para salir a campo a realizar varias exhumaciones pendientes, pero se atravesó la pandemia. Ante este impulso de la administración de Barbosa, los magistrados de Justicia y Paz se llevaron la impresión de que el fiscal había reculado en su propuesta inicial. “La sensación que tenemos es que no hay un propósito de la Fiscalía de cerrar este sistema”, dijo una fuente de la sala de Bogotá hace unas semanas. Sin embargo, la idea de ponerle fecha de cierre sigue en firme.

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Aunque en el ente investigador todavía no hay una fecha, tienen claro que no va a ser cercana. No es un tema de meses. Aún hay más de 2.700 exparamilitares pendientes por sentencia, más de cuatro veces el número de condenados por esa jurisdicción entre las salas de Bogotá, Barranquilla y Medellín: 650. Los funcionarios de ese sistema consultados por este diario dicen que para terminar su labor necesitan, como mínimo, otros seis años, muy a pesar de que Justicia y Paz enjuicia a los postulados en grupo, por el bloque o frente al que pertenecieron, prioriza algunos hechos y construye patrones de criminalidad, en lugar de juzgar caso por caso.

Por ejemplo, apenas la semana pasada la Fiscalía culminó la imputación -fase previa al enjuiciamiento- contra 246 hombres del bloque Central Bolívar, por más de 4 mil crímenes. Ese proceso de imputación tardó año y medio: entre febrero de 2019 y julio de este año. Así las cosas, desde que se instaló la sala del Tribunal de Bogotá, en 2009, esa corporación ha emitido 40 sentencias, y las de Barranquilla y Medellín comenzaron a funcionar dos años después y han expedido 14 y 15 fallos, respectivamente. Todo, según cifras que la propia jurisdicción allegó al Senado en junio pasado en un documento al que tuvo acceso El Espectador.

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Allí los magistrados explican también que tienen 150 procesos en marcha. “Falta mucho por esclarecer”, comenta Rettberg. Y, en la misma línea, el abogado Germán Romero, que ha defendido a víctimas del conflicto, dijo que la Fiscalía tiene una deuda en investigar a “políticos, agentes de la Fuerza Pública y empresarios que han sido identificados en Justicia y Paz como parte de estructuras paramilitares”. Aunque una fuente de la Fiscalía explicó que esas indagaciones las lleva la delegada para la Seguridad Ciudadana en la justicia ordinaria, Romero agregó que la continuidad de la justicia transicional es clave para garantizar que los exparamilitares sigan colaborando.

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Y es que en Justicia y Paz reina el “sálvese quien pueda”, como le dijo a El Espectador uno de los juristas que estuvo detrás de su diseño: los postulados están obligados a hablar y admitir sus delitos, a riesgo de terminar condenados a penas mayores. Por esto, agregó la fuente, “fue más eficaz de lo que la gente ha pensado: todos los jefes paramilitares pagaron mínimo ocho años de cárcel”. De hecho, en el informe enviado al Senado, los magistrados dejaron constancia de que los grandes excomandantes paramilitares, como H.H., Ramón Isaza, Juancho Prada, el Alemán, Ernesto Báez (quien murió el año pasado), Julián Bolívar, Cuco Vanoy y Diego Vecino, entre otros, ya fueron condenados por sus crímenes.

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Los magistrados también expresaron que, cuando los postulados no han cumplido con sus compromisos o han vuelto a delinquir, han sido expulsados, como los temidos Vicente Castaño, Don Mario, Macaco, Jorge 40 y el Tuso Sierra. Asimismo, mientras se discute su fin, en Justicia y Paz se lleva a cabo el que podría ser “el proceso judicial más grande de la historia de Colombia”, como lo definieron los togados que lo llevan en el Tribunal de Barranquilla: la imputación de más de 24.000 crímenes al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por las atrocidades que cometió en el Catatumbo, en los Montes de María, en la Sierra Nevada y otros lugares del norte del país.

El documento cierra diciendo que los resultados obtenidos por el sistema de Justicia y Paz “son óptimos y muy superiores, en menos años, a los obtenidos por tribunales internacionales que han juzgado esta clase de crímenes”. Los magistrados se comparan en otros informes conocidos por El Espectador con instancias como el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia o el Tribunal Internacional para el genocidio de Ruanda, que en mayores períodos han obtenido menos sentencias y condenado a menos personas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en el país político está la sensación de que no son muchos sus resultados.

Esto se explica, dice el profesor e investigador de la Universidad Javeriana, Andrés Dávila, porque desde que el sistema de Justicia y Paz fue concebido se pensó que tendría efectos inmediatos. Algo que, desde luego no ocurrió. “Lo que sí empezó a pasar con los años y luego del vuelco que le dio la Corte Constitucional es que, con mil defectos, en Justicia y Paz, comenzaron a aparecer muertos, masacres, desplazados y otras verdades”. Sin embargo, agrega Dávila, “como es el sistema transicional del expresidente Álvaro Uribe, los sectores de izquierda siempre lo han mirado por encima del hombro, y les cuesta admitir sus avances”.

Ahora, Dávila cree que la decisión de cerrar este sistema no puede recaer únicamente en la Fiscalía. En su opinión, debería haber una discusión más amplia que se lleve, incluso, al Congreso. Para Rettberg, “es el punto de la justicia transicional, hacer puentes entre un momento y otro, y luego dar paso a la justicia ordinaria”, pero se debe ser cuidadoso con sus avances para que el trabajo de todos estos años no vaya a perderse. Los magistrados de ese sistema, por su parte, están anclados en que no han culminado su trabajo y una frase con la que firman el informe enviado al Senado expresa su posición: “Justicia y Paz no es un experimento sino un referente”.

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