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Guadalupe y sus tres hijos no solo pasaron por el horror de perder a su padre y esposo por cuenta de la guerra, sino que, además, se enfrentaron a la demora de las autoridades judiciales para la entrega de sus restos óseos. Han pasado 11 años desde que identificaron los restos de Antonio, y hasta el momento, su familia no ha podido darle sepultura. Tuvieron que recurrir a una acción de tutela que fue analizada por la Corte Constitucional, para que Medicina Legal y la Fiscalía les dieran una respuesta. El alto tribunal les dio la razón y dio directrices a las entidades.
El 20 de mayo de 2002, en el corregimiento de La Fortuna, municipio de Agua Clara, en Santander, Antonio desapareció forzosamente. Cuatro años después, Guadalupe, su esposa, reportó el caso ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Durante 2006, familiares de Antonio recuperaron los que creían eran sus restos y los trasladaron hasta el Instituto Nacional de Medicina Legal. Hasta diciembre de 2010, el órgano forense decidió tomar muestras de ADN a sus tres hijos para cotejarlos y quedaron de notificar los resultados.