Este lunes, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos encontró responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands por las consecuencias de su millonaria financiación, con hasta US$ 1,7 millones, a las Autodefensas Unidas de Colombia. Deberán indemnizar a un grupo de ocho familias, quienes padecieron el asesinato de un ser querido, por parte de paramilitares que, entre 1997 y 2004, recibieron tal cantidad de dinero de una empresa mundialmente reconocida. En Colombia, altos ejecutivos relacionados con el caso están en juicio, pero, de este lado del mundo, la justicia está cojeando en dar su veredicto.
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La Fiscalía de Colombia tiene en juicio a 10 altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands en la década de 1990 y 2000. En septiembre de 2019, el ente investigador dejó en firme su acusación por el delito de concierto para delinquir y el Tribunal Superior de Antioquia, en 2021, negó aquellos alegatos que alertaban una supuesta violación al debido proceso. Entre los acusados está Álvaro Acevedo González, quien fue gerente general y representante legal de Banadex, la filial más productiva de Chiquita Brands en Colombia, entre 2001 y 2004. Según el escrito de acusación, en ese periodo se realizaron 18 pagos a las convivir por más de $1.400 millones y, en específico, $338 millones al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.
Según ha develado la justicia a lo largo de los años, las organizaciones convivir fueron utilizadas por diversas facciones de las AUC para legalizar los pagos de Chiquita Brands. Como explicó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, les pagaban a través de ellas “tres centavos de dólar” por caja exportada. Así, de otro lado, lo sentenció el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2007, cuando confirmó la millonaria financiación de la multinacional a esta organización considerada como terrorista extranjera. Con la reciente decisión del Tribunal de Florida, de otro lado, quedó demostrada la conexión entre esas entregas de dinero y los crímenes en el Urabá y el Magdalena Medio.
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Sobre ello, la Fiscalía nacional cuenta, por ejemplo, con esta declaración del exjefe paramilitar Hebert Veloza, alias HH, comandante del Bloque Bananero de las AUC: “Cuando el grupo de autodefensas hace presencia en la región de Urabá, Carlos Castaño, era quien manejaba la relación con los bananeros directamente, los aportes económicos se los hacían a él, no recuerdo bien si a finales de 1995 o a principios del 1996, aparece el señor Raúl Hasbún y le propone a los Castaño, implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero, ahí nacen las convivir que fueron creadas para poder recaudar ese dinero y que las empresas bananeras le dieran salida legal”.
De hecho, según la acusación de la Fiscalía contra los exdirectivos, se resalta que “desde Cincinnati (donde se ubica la oficina corporativa de Chiquita Brands en Ohio (Estados Unidos)) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”. La acusación también tiene en juicio a Víctor Manuel Henríquez, quien fuera presidente ejecutivo de la bananera Banacol, empresa que la Fiscalía considera filial de Chiquita, aunque lo niegue desde 2001 y diga que solo le compraron la operación en el Urabá.
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Otro de los acusados es Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, quien fuera abogado de Banadex y miembro de la junta directiva desde 1995 hasta 1998. Las pruebas en su contra, de acuerdo con el escrito de acusación, señalan que habría asistido a la reunión de 1997 en la finca Montecasino de Carlos Castaño, en la que finalmente se concretaron las entregas de dinero. Además, con información consistente del Departamento de Justicia estadounidense, estaría retratado aprobando pagos a las convivir como representante legal de Banadex, a pesar de que el gobierno norteamericano ya había catalogado, hace años, a las AUC como organización terrorista.
También están en juicio Víctor Julio Buitrago Sandoval, quien fuera jefe de seguridad de Banadex para las regiones de Santa Marta y Urabá, desde 1999 hasta 2004, y quien está acusado por presuntamente tramitar varios de los pagos. “Se encuentran pruebas documentales que incriminan al señor Víctor Buitrago, como los soportes contables de los pagos efectuados a las Convivir Punta de Piedra, Tagua del Darién y Papagayo, y de los pagos por la cuenta ‘Manager Funds’ y ‘Otros pagos’”, se lee en la acusación.
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El juicio también vincula al ciudadano estadounidense John Paul Olivo, quien fuera contralor de Chiquita Brands para Norteamérica y quien actuó como contralor para Bandex, desde 1996 hasta 2001. En su propia indagatoria señaló que conocía los pagos a la convivir Papagayo, aprobados por Charles Dennis Keiser, quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000. La Fiscalía le reprocha que semejantes pagos en efectivo sí o sí debían haber estado bajo su conocimiento y, como él mismo lo reconoció, una situación tan anómala debía informarse a la casa matriz, situación que solo sucedió años después de que las AUC fueran reseñadas como organización terrorista.
Los otros acusados son Fuad Alberto Giacoman Hasbún, ciudadano hondureño y excontralor de Chiquita Brands en Colombia, desde 2002 a 2004. Jospe Luis Valverde Ramírez, ciudadano costarricense y exrepresentante legal de Bandex, entre 2000 y 2002. Jorge Alberto Cadavid Marín, antiguo vicepresidente financiero de Banacol, entre 1993 y 2008. Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004. Contra todos ellos, incluidos los anteriormente mencionados, está en firme un escrito de acusación desde 2021, pero las audiencias de juicio están frenadas. Por ahora, las respuestas para las víctimas llegan desde la justicia estadounidense, mientras en Colombia se sigue a la espera.
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