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La conferencia, que arranca este martes, está liderada por la Red de Estudios Sobre Drogas en América Latina (Redesdal) y busca volver a reunir a académicos, expertos y comunidades en temas relacionados con el uso de drogas en la región. A través del intercambio de información y análisis de los principales fenómenos en cuanto a producción, tráfico y consumo, Redesdal quiere concentrar la atención en los debates para comprender a fondo una realidad. El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas hace parte de las instituciones fundadoras y financiadoras de este encuentro, así como el departamento de Ciencia Política de Northwestern University.
En el marco de esta conferencia, en la que se abordarán temas como mercado del cannabis, las gobernanzas criminales, y las reformas urgentes a las políticas de drogas, Ana María Arjona, en entrevista con El Espectador, habla sobre los paneles clave del encuentro, así como las principales problemáticas que necesitan un abordaje completo y profundo para entender el fenómeno de las drogas en la región.
¿Cuáles van a ser los pilares temáticos en esta tercera versión de la conferencia Redesdal?
En todas las conferencias intentamos abordar aproximaciones académicas a preguntas sobre las diferentes etapas en los mercados de drogas. Desde producción, tráfico transnacional, local, y consumo. En esta conferencia en particular tenemos paneles sobre regulación de diferentes mercados, la legalización del consumo del cannabis recreativo o medicinal y también regulación armada de los mercados que son ilegales. Buscamos entender también cómo los grupos armados en ciertas regiones de Colombia regulan el cultivo, el comercio de la coca, de la pasta base y la cocaína. Tenemos paneles sobre tráfico y los fenómenos que lo acompañan.
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También hay paneles sobre violencia y gobernanza criminal, que a mi modo de ver es uno de los fenómenos más importantes en este momento en la región y en el contexto donde grupos armados participan en estas economías que ejercen como gobernantes en las comunidades donde operan. Lo que buscan los paneles es mirar cómo desde el inicio de la cadena en el mercado, de la producción hasta el consumo, las políticas que hay se implementan para intentar alcanzar diferentes objetivos.
¿Por qué es importante tener espacios de análisis en los que se abordan los fenómenos de producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina?
El narcotráfico y los fenómenos que están asociados a este son uno de los obstáculos más grandes que tiene la región para su desarrollo humano en un sentido multidimensional. Es algo que se inserta en la vida de los países en casi todos sus ámbitos, a pesar de que es un tema que recibe muy poca atención. La violencia recibe mucha atención, pero se habla muy poco de la importancia de entender las causas, las dinámicas, las consecuencias de estos fenómenos, los resultados o los impactos de diferentes políticas. En este sentido, la red en general surge bajo la necesidad de conectar a los investigadores e investigadoras que están trabajando en estos temas en diferentes países en América Latina.
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Por ejemplo, Perú, Bolivia y Colombia han sido históricamente los únicos productores de coca y es increíble que exista tan poco intercambio académico sobre lo que sabemos de los cultivadores de coca, los mercados, los impactos en las comunidades, los efectos de políticas públicas. Un primer objetivo es conectar a las personas que están investigando, de modo que podamos usar el conocimiento que se construye en otros contextos. El segundo objetivo de Redesdal es facilitar la diseminación de los resultados de las investigaciones para que los hacedores de políticas públicas reflexionen sobre lo que se ha hecho.
¿Por qué todavía se invierte poco en la investigación de este fenómeno que atraviesa tantas dinámicas de Latinoamérica?
Está la asimetría entre la importancia del problema y la atención que le dedicamos. Aunque puede ser claro el problema de la violencia, no se suele pensar que el debate sobre las posibles políticas es muy amplio. Hay que combatir a los grupos armados, al narcotráfico. Hay que reducir la oferta y bajar la violencia. Las drogas son un tema muy moral. Suelen mover miedos. Si hay un rechazo al consumo, no se cuestionan cuáles son las políticas que se deberían desarrollar porque se asume que lo único que se puede hacer es prohibirlo y atacarlo. Ahora que tenemos países donde la violencia es tan alta, quizás un debate que debemos tener son las prioridades de los países. Es el objetivo central de países como Colombia: reducir al máximo la oferta o reducir la violencia.
Ese estigma sobre el tema de drogas tampoco permite una comprensión completa del fenómeno ¿Cuál es el objetivo de esta tercera conferencia en términos de pedagogía?
Esperamos que con esta conferencia, igual que con la investigación que se produce en la región, se empiecen a transformar mitos que tenemos sobre los mercados de drogas. En Colombia, por ejemplo, ha habido muchos mitos sobre los cocaleros, sobre las familias que se dedican a cultivar coca. Hay investigaciones e informes académicos que describen quiénes son estas personas. En todas esas descripciones se encuentran unos perfiles muy diferentes al imaginario colectivo. La mayoría de las personas que cultivan coca son muy pobres, a pesar de estar cultivando, sus ingresos son realmente inferiores al promedio nacional.
Solo conocer a estas personas cambia el problema en la mente de la gente. Entender mejor cuáles son las dinámicas en los territorios donde operan estos grupos y cuáles son los impactos en las poblaciones, puede ayudar a la opinión pública a entender que no es solo atacar a los grupos, sino cómo se atacan sin estar re victimizando y creando más vulnerabilidad para las personas que viven allí. Cambiar muchos de los prejuicios o de los supuestos que suelen tener las personas sobre diferentes sectores de la población que pueden estar impactados por el narcotráfico, puede cambiar el interés de la gente en priorizar políticas de drogas.
Recientemente se han visto casos de asonadas de las comunidades contra el Ejército durante operaciones de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. ¿Qué revela este tipo de reacción de las comunidades frente a la erradicación?
Si uno mira la historia de las políticas de drogas en Colombia, el Estado ha hecho promesas que ha incumplido una y otra vez. Lo que pasó con el Acuerdo de Paz quizás es el caso más extremo. Fueron unas propuestas enormes para muchas familias. Se incumple en infraestructura, en entrenamiento, en capacidad técnica, en ayudas. Ahora se les está pidiendo, 7 años después, a esos mismos campesinos que crean en el Estado y que acepten unos cambios o se acomoden a unas políticas cuando ya se les ha incumplido lo que se les propone. En Colombia hemos tradicionalmente olvidado y abandonado a poblaciones enteras y esperamos que ellas sigan cumpliendo con su parte del contrato social, aunque la parte de responsabilidad del Estado no se esté cumpliendo.
Desde las ciudades no alcanzamos a imaginar lo que es para un campesino sacar sus productos, lograr venderlos y medianamente comer. En muchas de las zonas donde hay cultivo de hoja de coca no hay una carretera terciaria por donde sacar los productos. Los transportistas cobran unos precios que le dejan al campesino prácticamente una ganancia mínima. Los grupos armados resuelven muchos de esos problemas de transacción que el Estado no está resolviendo y no es que le quede una gran ganancia a los campesinos, pero sí es más alta que la que tendrían con los otros productos que a veces son simplemente inviables.
Eso se podría llamar entonces la gobernanza criminal ¿Cómo los gobiernos criminales se convierten de cierta manera más fuertes frente a un Estado que para algunas comunidades se muestra débil? ¿Cómo entender ese fenómeno?
Los grupos armados en general cuando necesitan controlar un territorio para sus operaciones, requieren que exista también un control de la población porque termina siendo como un escudo del grupo armado. Una de las maneras que tienen estos grupos para controlar el territorio, para hacerse más fuertes y más difíciles de combatir por parte de un grupo rival o por parte del Estado, es gobernando a las poblaciones. Los grupos armados muchas veces son los que ofrecen lo que el Estado no está ofreciendo. Muchas veces los grupos armados facilitan la prestación de servicios, provisión de salud o espacios de entretenimiento.
Estas cosas les permiten tener un arraigo cada vez más profundo en la población que a la vez se traduce en un mayor control. La pregunta es si un grupo armado llega a una comunidad ¿Qué tanto importa el tipo de presencia estatal que había antes? Un poco el supuesto suele ser que mientras más presencia sea estatal, más difícil es para los grupos entrar a gobernar porque ellos llegan a llenar un vacío que existe antes de la llegada del grupo. Lo que proponemos precisamente en este panel es que en lugar de estar pensando en la presencia estatal, deberíamos pensar en la calidad de la gobernanza que hay en esta zonas.
En esta tercera conferencia no solamente se van a abordar temas relacionados a la coca, sino que también se va a hablar de otros mercados emergentes como el tusi ¿Cómo se puede entender el mundo de las drogas, no solo desde la coca, que es desde donde partimos normalmente, sino desde todas estas otras drogas que empiezan a tener auge y fuerza?
La razón por la que hablamos tanto de la coca y de la cocaína es porque muchas de las dinámicas regionales, no solo en Colombia, tienen que ver con la zona andina siendo productor de toda la cocaína. Eso convierte a América Latina en un lugar muy estratégico. La importancia de la cocaína es innegable y explica cómo se están expandiendo tantos grupos armados y tantas rutas de narcotráfico. Estas estructuras se empiezan a diversificar no solo hacia otras drogas como el tusi, sino también hacia otras economías ilegales como el tráfico de personas, la minería ilegal. El tamaño de las economías ilegales crece a medida que estos grupos tienen habilidades para participar en un tráfico ilegal.
¿Qué evaluación podría hacer de la política de drogas actual que tiene Latinoamérica y cuáles serían las reformas urgentes en esa política?
Claramente la guerra contra las drogas no nos ha llevado a algo positivo en la región. El consumo mundial no ha bajado, ha aumentado. La producción ha sido tercamente estable. El nivel de pureza de la cocaína no ha bajado. Esto sugiere que lo que hemos hecho en todas estas décadas, no ha funcionado. Hay que aceptar que no tenemos un planeta paralelo donde no ha habido guerra contra las drogas para compararlo, pero aún si alguien pudiera demostrar que gracias a la guerra contra las drogas se ha bajado un poco el consumo o la producción, hay que poner esto en balance con los niveles de violencia que ha sufrido la región.
En las investigaciones de los últimos años está ampliamente demostrado que las políticas de desarticulación de grupos armados como arrestar o extraditar a los líderes, muchas veces logran fragmentar más los grupos, aumentar niveles de violencia y no reducir la producción de ninguna droga. Si esto genera un montón de violencia y no se está reduciendo la producción ¿Vale la pena? ¿Cómo la región puede valorar estos objetivos simultáneos de reducción de producción y defensa de la vida?
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
