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El panorama de confusión y presiones en el que Colombia busca luchar contra las drogas

Mientras las tensiones binacionales parecieran desescalar entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, expertos señalan que todavía no hay claridad sobre las cifras y las políticas en la lucha contra las drogas en Colombia. Además, de cara al 2026, el camino es frágil para que no se materialicen futuras posibles intervenciones militares sobre Colombia.

Redacción Judicial

11 de enero de 2026 - 10:01 a. m.
Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera.
Foto: Laura Zuleta
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Una llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció calmar las aguas en medio de amenazas de intervención militar de ese país sobre Colombia, similar a la que sucedió en Venezuela recientemente, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

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El mandatario colombiano no sintió ajenos los bombardeos que en la madrugada del pasado 3 de enero llovieron sobre la capital del país vecino, Caracas, y que se justificaron bajo los presuntos nexos que el gobierno estadounidense dice que hay entre Maduro y carteles del narcotráfico. Petro, desde la Casa de Nariño, una semana después del ataque, realizó esa llamada, para que los bombardeos esta vez no fueran sobre Colombia.

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Lo hizo también atendiendo a los constantes señalamientos del mandatario Donald Trump en los que lo ha nombrado “líder del narcotráfico”, “enfermo”, “productor de cocaína”, y en los que también ha cuestionado las acciones de Petro en cuanto a la guerra contra las drogas.

Al mismo tiempo, en ese tablero entraron a jugar las decisiones que ya ha tomado el presidente de Estados Unidos en su contra, como incluirlo en la lista Clinton, que sanciona por vínculos con el narcotráfico, además de quitarle la visa y quitarle la certificación a Colombia. Pero una de las principales razones de esa llamada fue atenuar la amenaza de una intervención militar y pactar una reunión para explicar cómo funciona la lucha contra el narcotráfico.

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Tras la llamada, el magnate estadounidense invitó a Petro a la Casa Blanca y ya fijó el calendario para ese encuentro en la primera semana de febrero, en el que el mandatario colombiano hará fuerte énfasis en los resultados en materia de lucha contra las drogas, y evitar esa posible intervención.

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Aunque en la conversación que sostuvieron el pasado miércoles Petro esbozó algunos puntos, la cita contemplaría un informe detallado en el que el jefe de Estado colombiano resaltará la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios para la producción de este narcótico. Lo cierto es que, según expertos, el tema sigue siendo confuso, pues los datos siguen sin ser concluyentes, y a eso se le suma que todavía no existe suficiente claridad en el éxito de la política antidrogas de Petro.

“En estos tres años no ha habido muchas evoluciones en términos de respuesta, cambios en producción o comercialización. Lo cierto es que Colombia ha hecho la tarea rigurosa para el control de la oferta y la producción de cocaína, con todas las presiones internacionales, lo que pasa es que los esfuerzos económicos, sociales y militares no son suficientes.

La producción se mantiene o crece, y los problemas de narcotráfico también”, explicó Lucas Marín Llanes, investigador en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed). A la par de ese escenario, en el país siguen mutando los grupos armados ilegales, y con ellos las dinámicas del narcotráfico en los territorios, lo que dificulta entender el fenómeno.

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En esa misma línea, Isabel Pereira, coordinadora de la línea de política de drogas del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), detalló que si bien existen enclaves cocaleros muy establecidos en zonas como el pacífico nariñense y caucano, Putumayo y Catatumbo, cada vez toman más fuerza en otras zonas del país.

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“Hay cambios en las dinámicas de quienes controlan rutas y cómo las controlan. Hay una segmentación que hace que ya no se controlen todos los pasos de la cadena, sino que haya distintos grupos más atomizados que controlan fases específicas. Si bien el gobierno Petro estaba intentando hacer algo distinto, al menos suspender las fumigaciones y las erradicaciones terrestres, las otras cosas (como interdicción y erradicación manual) tampoco funcionaron”.

Las cifras que respalda el gobierno Petro

Mientras que Trump se mantiene en que el trabajo de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas fracasó y que, incluso, hay una complicidad para que crezca, el presidente Petro insiste en que su gobierno tiene cifras que prueban lo contrario.

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Los datos entregados por el presidente colombiano señalan que los cultivos de hoja de coca comenzaron a frenar su crecimiento en 2021, año en el que, según el jefe de Estado, se registró un 43%; en 2022, 13%; en 2023, 9,8%, y en 2024, tan solo 3%. Dichos números los acompañó diciendo que “¿por qué dicen que es un fracaso? Si yo lo que veo es que es un éxito en relación con lo que sucedió”. De igual manera, expuso cifras sobre incautaciones de cocaína.

Sus datos apuntaron a que “en 2021 crecieron 32%; decrecieron 1% en el 2022; en 2023 fueron del 13%, y en 2024, 19%”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también ha respaldado esa perspectiva con cifras.

El alto funcionario señaló que en el actual gobierno van “2.652 toneladas de cocaína incautadas, equivalentes a más de 26.000 millones de dosis comunes que dejaron de circular en las calles, y cuyo valor estimado supera los USD 235.000 millones”. Igualmente, señalan sus números, que se han destruido 17.735 laboratorios, se han erradicado 58.216 hectáreas de hoja de coca, y que han sido “neutralizados 11.894 integrantes de los más peligrosos carteles/grupos armados organizados (GAO)”.

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El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló que, hasta 2023, Colombia concentraba el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y aumentó en un 53% el producto.

Sin embargo, el informe también ha estado en medio de tensiones sobre los criterios para la medición. A finales de octubre pasado, el presidente se adelantó a la publicación oficial del reporte y reveló estimaciones preliminares según las cuales los cultivos de hoja de coca habrían crecido alrededor de un 3 %, alcanzando cerca de 262.000 hectáreas. Petro insistió en que esas cifras deben leerse con cautela y diferenciar entre áreas efectivamente productivas, zonas abandonadas y territorios en proceso de sustitución.

Hasta ahora no se conoce el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para 2024. La UNODC anotó que continúan trabajando en la elaboración del informe y que el documento aún no tiene una fecha definida de publicación por lo que no se puede hablar de retrasos, sino que esto obedece a procesos de desarrollos metodológicos que son propios del reporte.

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Además, puso en duda la metodología usada por la ONU. Por otro lado, la relación entre Trump y Petro, y sus perspectivas sobre lucha contra el tráfico de drogas, viene caldeada desde hace poco más de un año y ya ha tenido profundas consecuencias en la cooperación binacional. Por ejemplo, en septiembre pasado, el gobierno de Washington descertificó a Colombia por su desempeño en esa lucha, la cual calificó de insuficiente.

Las tensiones internacionales de cara a las elecciones

Para la investigadora, el presidente de Estados Unidos estaría usando la excusa de una guerra contra las drogas, a modo de reencauche, para “enmascarar” otros intereses en la región. Esa tesis se sustenta, en parte, en que todavía no es clara completamente la intención de una intervención a Colombia, mientras que en Venezuela, según Pereira, el interés estaba en el petróleo de ese país.

“Tanto en el caso de Venezuela, como para el caso de Colombia y México, la lucha contra las drogas y las exigencias que se le ponen a los países latinoamericanos de cumplir la misma lógica de guerra contra las drogas, se está usando como una cortina de humo para amparar, por ejemplo, una intervención militar”, agregó.

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Para los expertos consultados, esto podría tener repercusiones en el escenario político - electoral que arranca en Colombia. Según la investigadora de Dejusticia, es claro que para Estados Unidos lo que se declara en Colombia en materia de política de drogas es una condición para ser aliado, o no. Eso va a influenciar en cómo los candidatos hablan del tema.

“Sin el factor Trump, un candidato de centro o de izquierda podía más fácilmente decir que no se fumiga con glifosato, por ejemplo, pero ahora con la amenaza Trump de que si no cambiamos la guerra contra las drogas, entonces invade. Hay que tratar de resistir en lo político y, en lo jurídico, tratar de no volver a la peor versión, algo similar a un Plan Colombia como en el año 2000”, explicó Pereira.

Lo cierto es que está por verse si las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se van a poder resolver con la próxima reunión entre los mandatarios en la Casa Blanca. Sin embargo, los expertos apuntan a que el panorama no es muy alentador. “Parece que volvemos a una relación con Estados Unidos narcotizada. Llevábamos unos 15 años en un esfuerzo diplomático sostenido de varios gobiernos de desnarcotizar la agenda bilateral con Estados Unidos, pero con Trump volvemos a un escenario donde si Colombia no le da a Estados Unidos lo que ellos quieren en materia de lucha contra las drogas, entonces ya sabemos los resultados de Trump”, señaló Isabel Pereira, de Dejusticia.

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