A los albergues del casco urbano de Ituango siguen llegando familias desplazadas desde la vereda La Filadelfia, en el corregimiento de El Aro. El último reporte de las autoridades registra hasta ahora 181 personas, de las cuales 65 son menores de edad. Desde el pasado domingo 23 de agosto, la Defensoría señaló que la huida de la población rural se debió a recientes combates entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero el Ejército señaló a El Espectador que ese día no se registraron disputas en la zona. En esa línea, información de inteligencia señala que hombres del frente 18 de “Mordisco” habrían desplazado a las personas y las presionaron para que dijeran “que las habían desplazado el Clan del Golfo”.
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La versión choca con la de líderes sociales como Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), quien asegura que fuentes en la zona sí escucharon los combates el pasado domingo. Más allá de las versiones, que ahora será tarea de un fiscal especializado investigar, según anunció el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, el líder Quijano sostuvo que este desplazamiento masivo es la consecuencia de fallas estatales y de la política de seguridad en el departamento. Desde hace meses, la situación de orden público se ha visto afectada por la expansión de grupos armados que se disputan el control de las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal.
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Frente a este último desplazamiento, Quijano señaló que la “Procuraduría está fallando en hacer seguimiento a los incumplimientos de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría y falta que las autoridades también tengan verdaderas estrategias de prevención y protección”. Desde Corpades, “siempre hemos planteado que es urgente tener una estrategia de seguridad integral que tenga todos estos elementos, no solamente la presencia de un policía, un soldado, helicópteros y demás”, expresó el líder, quien enfatizó en la necesidad de un componente de paz en lo urbano y en lo rural: “No puede haber una estrategia de seguridad basada solamente en el tema de la guerra”.
Asimismo, Quijano advirtió que, en los próximos días, estas disputas armadas por el territorio se podrían extender a “otros municipios del norte y del Bajo Cauca, donde se presenten comportamientos iguales. Es decir, confinamientos y nuevos desplazamientos, como el que acaba de ocurrir en Ituango”. Desde el pasado junio, El Espectador publicó las alertas de líderes en la zona sobre una arremetida del frente cuarto de las disidencias de alias “Calarcá”. El defensor de derechos humanos en Antioquia, Óscar Yesid Zapata, quien hace parte de la Fundación Sumapaz, denunció que “existe un plan de expansión territorial” de dicho grupo hacia El Bagre, Segovia y Remedios, zonas históricamente controladas por el Clan del Golfo.
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Información de inteligencia del Ejército y líderes sociales afirman que entre las filas de “Calarcá” existieron rupturas que llevaron a miembros del frente 18 a unirse con “Mordisco”. Este brazo armado de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) es liderado actualmente por Dubian Alirio Berrio Posso, conocido como alias “Diomer”, nombrado por “Mordisco” tras la reconfiguración por la muerte del antiguo jefe de estructura, Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, durante un bombardeo en zona rural de Ituango, el pasado 10 de marzo. El primero en reemplazarlo fue Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias “Román Trescodos”, pero seis días después fue capturado.
A este frente 18, además del desplazamiento en Ituango, también se le atribuyó por parte de las autoridades la instalación de un artefacto explosivo en la vereda Los Galgos de Ituango, en la madrugada del pasado 20 de agosto, restringiendo el paso vehicular durante dos días. Durante la operación para desactivar la bomba, un soldado del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada terminó con heridas en un brazo y una pierna tras la activación de otro explosivo. A este antecedente, fuentes del Ejército sostuvieron que los últimos combates en Ituango se registraron el pasado 17 y 18 de agosto en las veredas Tinajas y San Luis, más hacia el occidente de donde ocurrieron los últimos desplazamientos.
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Tras finalizar el consejo de seguridad en Ituango, el gobernador Rendón dio tres anuncios: el primero es el ingreso, en las próximas horas, del Ejército al corregimiento de El Aro y la presencia de “un escuadrón móvil de carabineros para reforzar las labores de control en la zona”, que será gestionado por la Policía. El tercer anuncio tiene que ver con una recompensa de “hasta COP 100 millones por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Diomer’, de las Farc, y hasta COP 100 millones por alias ‘El Pollo’, del Clan del Golfo, señalados como responsables de este desplazamiento”. “La prioridad es proteger a la población civil y garantizar que la fuerza pública recupere el control”, concluyó Rendón.
Al tiempo que las autoridades intentan garantizar las condiciones de seguridad para que las familias regresen a sus hogares, el líder Fernando Quijano insistió en una respuesta del Estado que vaya más allá de lo militar y apueste por escenarios de diálogo. De acuerdo con el presidente de Corpades, “el conflicto en Ituango se redujo con los diálogos entre el gobierno Petro y disidencias, aunque se cometieron muchos errores”. Ahora, recalcó Quijano, el llamado es al gobierno de Abelardo de la Espriella para que considere que con el “aumento de pie de fuerza no se arreglan los problemas del conflicto. La necesidad de la paz requiere no abandonar las posibilidades de diálogo para evitar que la población siga siendo afectada”.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
