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La Corte Constitucional regañó duramente a la Fiscalía por las investigaciones sobre las muertes de niños en La Guajira. El alto tribunal citó a una sesión técnica en el Palacio de Justicia este lunes para hacerle seguimiento a las decisiones que ha tomado sobre haber declarado el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el departamento de La Guajira. Es decir, los hechos que vulneran la Constitución. En el encuentro, los magistrados llamaron la atención sobre las investigaciones que se están adelantando por la muerte de los menores en el departamento.
A la cita acudieron miembros del Gobierno y de los distintos entes de control, como la Fiscalía y la Procuraduría, los que expusieron las distintas acciones que han tomado para superar la crisis en La Guajira, sobre todo las enfocadas hacia la protección de la vida, salud y demás derechos de la población infantil. Sin embargo, el presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes, consideró que el trabajo se está quedando corto para darle cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017.
El togado señaló que en la Guajira “los niveles de posible corrupción son demasiado altos, no hay ninguna duda. Y para la Sala, a partir de datos objetivos en la constatación de ese hecho, exige a su vez actividades en desarrollo de conductas que estén en esa ruta de demostrar que se está trabajando”.
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Dentro del llamado de atención, el magistrado Reyes señaló que los reparos de la Corte son con la intención que se analice lo que falta y se tomen mejores decisiones para que se cumpla cabalmente la sentencia. Además, dijo que en el alto tribunal no buscan imponer sanciones, sino “ver cómo logran superar la situación que está afectado a niños y niñas wayúu”.
Sobre la posible corrupción en el departamento, el magistrado Reyes añadió que los entes de control deben trabajar para acabarla “y no puede ser la protagonista cuando se habla de políticas públicas”. Además, resaltó que “el drama de La Guajira no admite más aplazamientos”.
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Para el cierre de la sesión, el presidente de la Corte le dijo a la Fiscalía que “cada muerte de un niño o de una niña de La Guajira es un homicidio por omisión. Alguien tiene que ver con esa muerte. Alguien tendría que responder. Tendría que haber una investigación penal por cada niño / niña muerto”. Reyes concluyó expresando que “cada muerte de un niño que no se puede valer por sí mismo para el derecho penal tiene un significado en esos términos”.
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