Tras cumplir una década, la Ley Antitrámites de 2012 tuvo un desenlace kafkiano. Esa norma, que eliminaba trámites innecesarios y parroquiales de todas las entidades, le ordenó al Ejército tener un servicio en línea que hiciera más sencillo para los colombianos definir su situación militar. La entidad cumplió la orden, no sin polémica: la contratación de ese software terminó en un millonario proceso de corrupción que tiene en juicio a tres oficiales. Ahora, el juez del caso decidió enviar el proceso a la Justicia Penal Militar, tras concluir que los millonarios contratos fueron “actos del servicio” y se rehúsa a entregar información, asegurando que el caso tiene reserva sumarial.
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Los oficiales que están en el banquillo de los acusados y que se han declarado inocentes son Carlos Fernando Moreno Jerez, Javier Hernando Rojas Manosalva y Luis Francisco Lara Salamanca, director, subdirector y jefe de sistemas de la Dirección de Reclutamiento del Ejército. Según la Fiscalía, los tres militares ya retirados, idearon y aprobaron el proceso de contratación que terminó poniendo en marcha, en 2013, la página web libretamilitar.mil.co, que aún hoy no sirve para el fin que fue creada: que las personas obligadas a prestar el servicio militar puedan hacer todo el proceso en línea, en lugar de trasladarse hasta una base militar.
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Aunque el expediente se había manejado en total sigilo en la Fiscalía y el Ejército, sus pruebas y detalles quedaron expuestos luego del masivo hackeo que sufrió el año pasado el ente investigador. El Espectador tuvo acceso a esa filtración y encontró cómo proceso que pretendía hacerle la vida más fácil a los colombianos terminó siendo un dolor de cabeza y un posible desfalco millonario. Entre las presuntas irregularidades que halló la Fiscalía está que el Ejército contrató en abril de 2013, de manera directa y como gastos reservados, a la unión temporal NEC-Intelecto, bajo el pretexto de que se trataba de una compra de equipos.
El caso de corrupción por la página web de la libreta militar
Lo que llamó la atención de la Fiscalía es que el Ejército hubiera usado una modalidad de contratación, la de los gastos reservados, para poner en marcha la página web. En especial, porque esa fórmula se usa, por ejemplo, para pagar a fuentes secretas por información de inteligencia. Además, el fiscal del caso cuestionó que el negocio se hiciera de manera directa y reservado, cuando el objeto del contrato era la creación de una plataforma para uso y provecho de cualquier ciudadano que ayudaría “a regular en línea la situación militar de los colombianos”. Durante la investigación, la Fiscalía encontró otras irregularidades.
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Una de ellas es que todo el proceso de contratación debía aprobarlo el comité de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de esa dependencia militar. Sin embargo, el fiscal encontró que esa solicitud y firma se pidió un mes después de firmado el contrato. Una vez las empresas contratadas pusieron a andar la página web de libretamilitar.mil.co, se encendieron las alarmas. Por ejemplo, la plataforma permitía que cualquier ciudadano accediera a módulos a los que solo podían entrar miembros del Ejército y, además, se presentaron fallas en todo el proceso: desde la carga de los documentos, la liquidación del valor de la libreta, el botón de pago, e incluso para imprimir la libreta militar misma.
En pocas palabras, la página no servía. Ninguno de los errores pudo ser corregido, en parte porque los militares investigados firmaron actas de recibo del contrato en diciembre de 2013 y la plataforma entró a producción ocho meses después, en agosto de 2014. Finalmente, en el escrito de acusación que la Fiscalía presentó en su contra, se les reprochó a Carlos Fernando Moreno, Javier Hernando Rojas y Luis Francisco Lara que le entregaron dos contratos más a la misma empresa: uno en 2013, por $400 millones, para capacitar a militares en el uso de la herramienta y otro en 2015, para hacerle mantenimiento a la plataforma, pues, de nuevo, nunca funcionó correctamente.
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El sospechoso paso a la Justicia Penal Militar
Aunque la Fiscalía tenía todas las pruebas para llevar a juicio a Moreno, Rojas y Lara por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, tras citarlos a una audiencia en la que les leyó el escrito de acusación, sus abogados dijeron que el juez no era competente. La defensa de los uniformados, en pocas palabras, señaló que todas las decisiones que les cuestionaba la Fiscalía tenían que ver con sus funciones en la Dirección de Reclutamiento. Es decir, que se trató de lo que los abogados llaman actos del servicio y que, en esa medida, debía juzgarlos la Justicia Penal Militar.
El juez Romel David Arévalo ni rechistó. En una decisión de 20 páginas, el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá concluyó que sí se trata de un acto de servicio “porque dentro de las funciones constitucionales asignadas al Ejército está la de reglamentar lo concerniente al servicio militar obligatorio”. Es decir, que todo el proceso de contratación que cuesitonó la Fiscalía, en el que al parecer los coronel retirados no cumplieron con las reglas de la contratación, contrataron con dinero público a una empresa que no tenía la capacidad de cumplir con el negocio y nunca lograron poner en marcha la página web, tiene relación con sus funciones militares.
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Ahora, con el proceso en la Justicia Penal Militar, la investigación volvió casi que a la fase inicial. Así lo confirmó el juez 73 de Instrucción Militar, Reinaldo Cardona, al responder a un derecho de petición enviado por El Espectador. El funcionario judicial se negó a darnos acceso al proceso “por la etapa procesal en la que se encuentra” y aseguró que el caso actualmente tiene reserva porque está en instrucción, pese a que ya la Fiscalía había imputado cargos y hasta había leído el llamado a juicio contra los tres coroneles retirados. Un desenlace enredado y lleno de trabas para un proceso de corrupción que nació, nada más y nada menos, que con la Ley Antitrámites.
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