La génesis del enredo que tiene al fiscal Eduardo Montealegre dando explicaciones desde hace diez días es un reporte preliminar de más de 60 páginas elaborado por la firma de la politóloga Natalia Springer en diciembre de 2013. El documento buscaba hacer una primera aproximación a través de herramientas cuantitativas, algoritmos y ecuaciones para calcular probabilidades de los patrones de macrocriminalidad de las Farc con relación al secuestro en el último medio siglo en Colombia, en virtud de un contrato por $895 millones, que incluía tres informes más. (Lea: Filtro académico al informe Springer)
Los cuestionamientos que hicieron en diciembre de 2013 a ese informe preliminar tanto el interventor del contrato, Carlos Ariel Useda, así como la fiscal de la Unidad de Análisis y Contextos (Unac), Mónica Suárez, derivaron en una controversia pública que tiene a Eduardo Montealegre muy incómodo. A escasos seis meses de terminar su administración, el fiscal se defiende y contraataca (ver entrevista con el fiscal Montealegre). Asegura que se ha banalizado la discusión, que está satisfecho con los resultados de Natalia Springer y que sus aportes sí son revolucionarios en Colombia y en América Latina.
Muy a pesar de que en repetidas ocasiones y a través de derechos de petición este diario le solicitó al fiscal los resultados de la firma Springer, que fueron el detonante de esta controversia, El Espectador conoció el documento elaborado por esa empresa y titulado “El secuestro en Colombia. Análisis cualitativo y cuantitativo sobre la amplitud y la sistematicidad de la práctica criminal de responsabilidad de las Farc-EP en Colombia”. Con el fin de ubicar el debate en el escenario académico que corresponde, este diario les pidió a varios de los más reputados investigadores del conflicto colombiano que evaluaran el reporte, que hoy revela en exclusiva este diario (ver documento).
Dos de ellos aceptaron ser citados y publicar sus anotaciones sobre el reporte Springer: Francisco Gutiérrez Sanín y Daniel Mejía Londoño (ver análisis de Gutiérrez Sanín y de Mejía Londoño). Dos más prefirieron no aparecer públicamente, pero sí le enviaron a El Espectador sus conceptos. Los cuatro coincidieron con el interventor Carlos Useda y la fiscal Mónica Suárez: el informe preliminar sobre el secuestro en las Farc era problemático, desconocía la literatura académica sobre el conflicto colombiano, arribaba a conclusiones ligeras y hasta ingenuas, adolecía de rigurosidad, tenía múltiples deficiencias metodológicas y sus algoritmos no resultaban “sofisticados”.
Por ejemplo, Gutiérrez Sanín, doctor en ciencias políticas con estudios en matemática aplicada y miembro de la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto, sostuvo, siguiendo a Borges, que “el trabajo bajo evaluación es original y sensato, pero donde es sensato no es original, y donde es original no es sensato”. En su criterio, “el modelo que presentan los autores está groseramente subespecificado”, es decir, no incluye variables esenciales para explicar sus conclusiones. Y remató: “Ni para escribir ni para entender este trabajo se requiere algún conocimiento especializado más allá de la estadística descriptiva”.
Otra reconocida académica señaló: “No es cierto que solamente ella (Natalia Springer) podía hacer ese trabajo. La ‘evaluación de impacto’ –método con que trabajó la firma– se usa ampliamente en economía y para estimar los modelos econométricos ya existen paquetes estadísticos; para esto no se requiere un algoritmo patentado”.
El reporte Springer
El documento, que está dividido en cuatro partes, hace en sus primeras páginas un recorrido histórico para reconstruir la génesis de las Farc en 1964 y aportar contextos como el siguiente: “Las Farc-EP, como grupo insurgente, tienen unos fines políticos estructurados en sus principios fundamentales por los que lucha por medios militares. Existen momentos en el desarrollo de ambos en los que la organización debe enfocar la mayoría de sus recursos y miembros al cumplimiento de sus objetivos, encontrándose en encrucijadas que se manifiestan en la ejecución de hechos que no están considerados como medios consecuentes con sus metas, pero que deben llevar a cabo por el sostenimiento y la supervivencia en el tiempo”.
En ese contexto, advierte este reporte preliminar, las Farc incursionaron en el delito del secuestro. El informe busca hacer una correlación entre este delito y los ciclos de guerra de la guerrilla en los últimos 50 años y para ello analiza los planes estratégicos de las Farc que aparecen en sus distintas conferencias. En esa línea de tiempo se hace una diferenciación entre el plagio, la pesca milagrosa, los secuestros políticos y las tomas o emboscadas, con mapas para comparar el fenómeno del secuestro en las Farc y en otras organizaciones ilegales. En pocas páginas y sin mayores detalles, el reporte de la firma Springer Von Schwarzenberg concluye que en la década de los 90 se da el gran salto cualitativo de las Farc en este crimen.
El documento tiene aportes como el que sigue: “El lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, cuyo discurso inaugural es pronunciado por Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en plena apertura del proceso de paz, es una muestra de que, además del poder militar, las Farc-EP tenían ambiciones políticas y buscaban el reconocimiento internacional de sus posturas”. O este: “Los secuestros perpetrados por las Farc-EP están asociados a un efecto contagio”, es decir, que cada vez que incrementaban los plagios, lo mismo hacían otras organizaciones al margen de la ley. Una tesis criticada por los académicos consultados.
Otra de sus conclusiones es que la guerrilla aplicó “una lógica de mercado del secuestro”. Por ejemplo, “al analizar la relación entre el número de secuestro perpetrados por las Farc-EP, el monto solicitado en el rescate y el efectivamente pagado, se observa un ajuste de precios y cantidades. Cuando el volumen de secuestros es bajo, los montos de rescate son altos y cuando el crimen se masifica, se observa una disminución del mismo”, advirtió la firma Springer Von Schwarzenberg.
Todos estos hallazgos iban acompañados de tablas, mapas o algoritmos para identificar el número de personas secuestradas por sexo, modalidad o tiempo; retén o pesca milagrosa; toma, emboscada, canje; filiación política; edades de víctimas y tablas matemáticas en las que se introducían variables de acuerdo a distintas conferencias o plenos de las Farc. Las últimas páginas del reporte son básicamente tablas con números. En criterio de los académicos que evaluaron este informe preliminar, la aproximación cualitativa al fenómeno del secuestro tiene lugares comunes o información muy conocida y nada revolucionaria. Sobre lo cuantitativo los líos son otros: el soporte de los datos y las variables escogidas.
El informe analizó los testimonios de 82 víctimas de secuestro proporcionados por la Fiscalía y recogió el testimonio de la directora de Asfamipaz, Marleny Orjuela, con el fin de reconstruir las llamadas cárceles de las Farc en las selvas de Colombia. También aportó datos sobre este fenómeno criminal y muy someramente caracterizó el período de los “prisioneros políticos” que se tomaría la agenda de los medios entre 1997 y 2009, lapso que combina el momento de mayor poderío militar de la guerrilla (el Caguán) y de declive tras los gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe, aunque no se menciona en el texto.
Consultado por este diario, el fiscal Montealegre hizo énfasis en que este no fue el informe final de Springer, que tras las observaciones la firma entregó un nuevo producto corregido de 120 páginas titulado “El secuestro como forma de esclavitud” y que los aportes revelados por este documento son contundentes. “Me siento enteramente satisfecho con el trabajo de la doctora Springer”, resaltó el alto funcionario.
Los enredos del contrato
Al margen de sus apreciaciones, desde que la Fiscalía suscribió el primer contrato con Natalia Springer la controversia ha estado latente. Primero internamente. Y luego de forma pública tras las revelaciones de El Espectador sobre contratos directos por más de $11.000 millones entregados durante la administración Montealegre. Documentos de la Fiscalía conocidos por este diario dan cuenta que durante la ejecución del primer contrato de Natalia Springer, esta consultora pidió cambiar uno de los informes que debía entregar sobre violencia sexual en el marco del conflicto por uno sobre desaparición forzada, por la dificultad para recopilar los datos. La Fiscalía se negó al recordarle el compromiso pactado.
Hay dos versiones diametralmente opuestas en este caso. Por un lado, las objeciones del exjefe de la Unac, Alejandro Ramelli, quien siempre ha sostenido que lo entregado por Springer –que hoy revela este diario– es un informe lleno de lugares comunes y nada revelador sobre las Farc; y lo expuesto por el fiscal Montealegre en el sentido de que análisis matemáticos como estos jamás se habían realizado en Colombia o América Latina para investigar penalmente a un grupo ilegal. Lo que Alejandro Ramelli, exjefe de la Unac, calificó de vago, inútil, innecesario o absurdo, para Montealegre, en cambio, constituye la ruta de la revolución penal. ¿Quién tiene razón sobre los resultados de Natalia Springer?
Ella, el 10 de enero de 2014, le envió un documento al fiscal Montealegre en el que aseguró que la Unac, en cabeza de Ramelli, le había obstaculizado el acceso a fuentes de información fundamentales para su labor y que varios de los archivos que sí había recibido, estaban dañados. “Por culpa del erudito Ramelli la Fiscalía casi cae en un incumplimiento de contrato”, reprochó el fiscal general. En contraste con esa versión, en poder de este diario hay documentos internos de la Fiscalía que van de septiembre a diciembre de 2013, constancias de que la firma de Springer había recibido información solicitada y, a la vez, dejado de recoger otra.
Pero hay otras cosas. El 24 de enero de 2014, en medio del choque entre Springer y Ramelli por este primer reporte, el fiscal, a través de un acta de trabajo, aceptó a satisfacción los resultados de la politóloga y cinco días después ordenó el pago del primer avance del contrato: $225 millones. Esa acta, en poder de El Espectador, tiene una particularidad: el membrete es de la firma de Springer (lea aquí la página 1 y la página 2 del acta). ¿Por qué un documento tan importante no tiene el membrete de la Fiscalía? El fiscal manifestó que no era necesario, que era irrelevante. “¿Fue usted hasta la oficina de Springer para recibir sus resultados?”, le preguntó este diario a Montealegre. “No”, respondió categórico y añadió: “No conozco ese lugar”. “¿Dónde los recibió entonces?”, insistió este diario. “No me acuerdo, yo tengo muchas oficinas por seguridad”, respondió sin misterios.
En criterio del fiscal, esa acta no tiene irregularidad alguna y lo que denota es la diligencia suya para solucionar cuanto antes el problema entre Ramelli y Springer y marcar la ruta que se viene en justicia transicional. Este diario, en una reunión que tardó más de seis horas con Montealegre en las instalaciones de El Espectador, interrogó al alto funcionario por este y otros temas de la contratación de Springer. El fiscal sostuvo que todo estaba en orden, reiteró que el primer reporte de Natalia Springer no fue definitivo y exaltó las calidades académicas de la consultora. Añadió que las denuncias en su contra no lo trasnochan, que defenderá su buen nombre a contracorriente y que la prensa también tiene límites.
Mientras tanto, queda en el aire otro interrogante: si, como se puede apreciar en el reporte preliminar, la firma de Natalia Springer trabajó con información que ya existía en bases de datos y lo que hizo fue buscar tendencias, y además las Farc ya conocían de la nueva metodología a la que le está apostando la Fiscalía, ¿qué había en este trabajo que pudiera considerarse de seguridad nacional, como ella se lo afirmó a este diario?
jlaverde@elespectador.com