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La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema acaba de tomar una decisión sobre el fallido preacuerdo que firmó el exsenador Musa Besaile y el magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal. Este último presentó un recurso judicial con el que pretendía que esa negociación, en la que exsenador le confesó sus delitos por el cartel de la hemofilia, fuera avalado. Sin embargo, ese preacuerdo fue negado en la Sala de Primera Instancia al considerar que Rueda no podía cerrar ese tipo de negociación judicial.
En la reciente decisión, la de la Sala de Casación Laboral, dejó en firme esa negativa y advirtió que Rueda no podía ofrecer este tipo de negociación a Besaile, quien confesó haberse adueñado de $2.300 millones que, en realidad, se debían utilizar en contratos para mejorar la infraestructura del departamento de Córdoba o cuidar a pacientes con hemofilia. La admisión de haberse quedado con plata de los ciudadanos y una carta en la que pidió perdón público era parte de la negociación de Musa Besaile con la Corte. Además, este benfiaba con no ir a juicio y pudiera acceder a una rebaja en su pena.
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En ese documento quedaron consignadas también las pruebas en contra del excongresista, que además es investigado por su presunta participación en el cartel de la toga y también enfrenta un proceso por parapolítica. En el expediente, por ejemplo, reposan declaraciones de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, quien dio detalles de cómo se negoció que un porcentaje de los contratos públicos se debía enviar a las cuentas de Besaile, según declaraciones de Lyons.
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Entre las pruebas también hay testimonios de exfuncionarios de la Secretaría de Salud del departamento, que relataron cómo les ofrecieron dinero a cambio de mentir para falsificar atención de pacientes con hemofilia. A su vez, la Corte añadió al proceso las versiones de contratistas y empresarios que participaron del entramado de corrupción del que Besaile aceptó ser parte. En total, según el alto tribunal, el excongresista del partido de La U se apropió de $2.300 millones.
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La suma ya la confirmó él mismo y, además de confesar su responsabilidad en estos hechos de corrupción, se comprometió a devolver toda la plata y a pedir perdón. Aunque ya devolvió el 50 % del monto y aseguró que el resto lo pagará por cuotas, lo que sí hizo inmediatamente fue pedir disculpas.
A manera de conclusión, el excongresista, que sigue preso, confesó sentirse un hombre renovado. “Le pido perdón a Colombia, espero me lo concedan para reintegrarme a la sociedad y poder vivir el segundo tiempo de mi vida”, se lee en el preacuerdo. Por su confesión, compromiso de devolver el dinero y el perdón, el magistrado Rueda y Besaile negociaron una salida: le reducirían el 50 % de su pena.
El lío es que el excongresista ya pidió perdón público, ya devolvió parte del dinero y se comprometió a reintegrar la totalidad de los $2.300 millones y, además, aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción en Córdoba. Mientras la Corte Suprema termina de resolver el enredo, en los pasillos del alto tribunal no deja de sorprender que un investigado que ya aceptó su responsabilidad tenga que ir a juicio.
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