La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó como resultado la exhumación de 46 cuerpos de personas no identificadas en el cementerio El Carmen de Riosucio (Caldas), que podrían ser de indígenas emberá chamí del histórico resguardo indígena de San Lorenzo. Se trata de un territorio priorizado por la JEP, que ha sido corredor de criminales de los ochenta.
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El Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación, de la JEP, aseguró que los cuerpos quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Medicina Legal, que a partir de ahora se encargará de establecer la plena identidad. La JEP explica que los restos podrían ser de personas reportadas como desaparecidas por el mismo resguardo.
Según los registros, las comunidades de San Lorenzo han reportado al menos 200 desapariciones durante el conflicto armado. Como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, a la zona llegaron las plantaciones de coca en los ochenta y consigo las guerrillas del EPL, ELN y FARC. Entrados los 2.000, las tensiones se agudizaron con la presencia del Bloque Central Bolívar de las AUC.
“En los años siguientes, Riosucio y, específicamente, el Territorio Ancestral de San Lorenzo dejaron de ser un lugar de paso para los paramilitares. En algunas de las comunidades se les empezó a ver más a menudo y los asesinatos selectivos, las amenazas y las torturas, entre otros hechos perpetrados por estos actores, aumentaron”, explica el Centro en el libro “Virrúa: territorio sagrado”.
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Aunque el resguardo ha detallado las 200 desapariciones, Medicina Legal explica que solo cuenta con 39 muestras biológicas tomadas a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Supía y Riosucio. Ante tal panorama, se le ordenó a ese instituto y a la Unidad de Búsqueda, una estrategia de tomas de muestras biológicas en lugares apartados de Colombia para tener más probabilidades de identificar los cuerpos.
“Otro reto que enfrentan las entidades es que el lugar donde se exhumaron los cuerpos no coincide con la zona donde la víctima fue desaparecida. Por eso, la Sección le ordenó que acudan a lugares apartados, entre ellos los territorios étnicos, para que sea allí en donde se tomen las muestras biológicas a familiares y se diligencie el reporte por desaparición, como una estrategia real de acercamiento institucional a las víctimas”, agregó la JEP.
Por ello, la Jurisdicción emitió órdenes a la gobernación de Caldas y a las alcaldías de Supía y Riosucio dar el apoyo requerido por todas las instituciones involucradas para implementar la estrategia. Contra todas estas autoridades, representadas por el gobernador Luis Velásquez y los alcaldes Marco Londoño y Marlon Tamayo, iniciaron, además, procesos de desacato por incumplir la orden de apoyar logísticamente recorridos para garantizar la conservación de 15 sitios de interés forense en la región.
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