Continúa la crisis de seguridad y orden público en el departamento de Norte de Santander, por cuenta de la acción de los grupos al margen de la ley. En la tarde de este domingo 15 de febrero, las autoridades confirmaron que más de 60 familias se han tenido que desplazar forzosamente en las últimas horas por cuenta de enfrentamientos entre grupos de autodefensas en la región.
Los enfrentamientos se han registrado puntualmente en el corregimiento de Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña, cerca de los límites entre Norte de Santander y Cesar, y de los municipios de Río de Oro y San Martín. Familias de las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín han llegado hasta el casco urbano de Ocaña para buscar refugio y ayuda institucional.
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“Estas personas llegaron a resguardarse en casas de sus conocidos y familiares, han recibido el acompañamiento del Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica, así como de la administración municipal”, dijo a medios de comunicación Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña.
El funcionario agregó que mañana, lunes 16 de febrero, las autoridades adelantarán una jornada de toma de declaraciones con el objetivo de hacer un mapeo de la situación, de las familias afectadas y poder brindarles ayuda institucional. Ese trabajo lo adelantarán junto a la Defensoría del Pueblo, que está prestando ayuda a la situación en la región.
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Organizaciones de derechos humanos de la región dicen que, aunque en las últimas horas los enfrentamientos se han intensificado, en realidad desde hace varios días la situación es crítica. Agregan que allí hay influencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), quienes se disputan el control territorial.
La población civil está en medio de ese fuego cruzado y ha sido la principal afectada. “Tenemos por lo menos tres personas heridas que están en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, hay reporte de personas retenidas y desaparecidas. Esta es una situación bastante compleja y muy grave”, dijo Jorge Bohórquez, personero de ese municipio, a La FM.
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Desde hace más de un año la situación de seguridad y orden público en la región del Catatumbo ha estado bajo alerta por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. El 15 de enero de 2025 estalló allí una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, por cuenta de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Más de 60.000 personas se desplazaron forzosamente de los municipios del Catatumbo por cuenta de la oleada de violencia. En medio del fuego cruzado murieron civiles, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y uniformados de la Policía y del Ejército que durante varios meses adelantaron una operación de recuperación del control territorial en la región.
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Casi un año después de ese grave pico de violencia, el pasado mes de diciembre, las confrontaciones entre Eln y disidencias de las Farc se reactivaron y obligaron el desplazamiento de cientos de familias de comunidades que quedaron en medio del fuego cruzado entre grupos al margen de la ley.
Pese a los esfuerzos de las autoridades para recuperar el control de la región, los grupos ilegales libran una batalla a sangre y fuego por el control de ese corredor que es estratégico para algunos de sus negocios ilegales más importantes, como el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina y la trata de migrantes a lo largo de la frontera porosa que comparten Colombia y Venezuela.
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