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Tras las denuncias de la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, en las que señala que más de 19.000 predios incautados a las mafias están en riesgo de ser devueltos a los delincuentes, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia y del Derecho se pronunciaron sobre el tema.
En su comunicado, las tres entidades señalaron que adelantan “de manera coordinada acciones institucionales orientadas a preservar la efectividad de los procesos de extinción del derecho de dominio en Colombia”. En su pronunciamiento, Pérez Parra aseguró que el riesgo de la devolución de los predios se debe a una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro.
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Sobre esto, las entidades señalaron que la decisión provisional del Consejo de Estado, que suspendió la aplicación de la norma sobre la caducidad de las inscripciones en procesos de extinción de dominio, es decir, la posibilidad de que estas pierdan vigencia por el paso del tiempo, ha generado incertidumbre.
Por ello, tanto Minjusticia, como la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, aseguraron trabajar “conjuntamente para atender sus implicaciones, sin perder de vista la necesidad de salvaguardar los fines constitucionales que persigue la acción de extinción de dominio”.
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Asimismo, indicaron que comparten la posición de que la caducidad de una inscripción registral “no equivale a la pérdida de vigencia de la medida cautelar decretada judicialmente”. Según explican en el documento, la medida cautelar permanece activa mientras la autoridad judicial competente no autorice su levantamiento o el proceso no haya concluido mediante sentencia ejecutoriada.
Frente a esto, las tres entidades señalaron haber adoptado algunas acciones, entre las que está la expedición de la Instrucción Administrativa del 13 de febrero de 202, realizada por la Superintendecia de Notariado y Registro, con la que se establecen lineamientos claros frente a las solicitudes de caducidad de inscripciones de medidas cautelares en procesos de extinción de dominio.
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Agregaron que las entidades han instalado mesas técnicas interinstitucionales “con el propósito de analizar la problemática de manera integral y construir soluciones jurídicas y operativas coordinadas, con miras a la suscripción de un memorando de entendimiento que formalice y dé continuidad a este trabajo conjunto”.
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