Tras su captura en zona rural de Briceño (Antioquia), Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, y Herny Sneyder Herrón Serna fueron enviados a prisión como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra. Uñates López es señalado de cometer secuestros, homicidios y actos de terrorismo al servicio de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales obtuvo la orden de captura contra Uñates López. Esta se hizo efectiva mediante una acción articulada entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en la vereda Santa Ana.
Durante el procedimiento, Herrón Serna fue detenido en flagrancia. Según el ente acusador, ambos se movilizaban en una motocicleta y llevaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición.
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La Fiscalía los presentó ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías, quien les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
A alias “Primo Gay” también le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Uñates López tiene 23 años y habría ingresado a las disidencias de las Farc a los 14. En 2021 habría asumido el rol de coordinador y, tras la captura o muerte de otros jefes, habría escalado a una posición de mayor jerarquía en la estructura 36, al mando de alias “Calarcá”. Allí habría concentrado su accionar en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
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La Fiscalía le atribuye el control de rentas ilícitas, disputas violentas con otras organizaciones armadas y hechos delictivos contra la población civil. Entre estos se encuentran el cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la comercialización de pasta base de coca en el nordeste antioqueño y la planeación de ataques terroristas. Para esto último, habría viajado a otro país a recibir capacitación en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos para atacar a la fuerza pública.
El ente acusador también lo señala de ordenar y participar en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Según los elementos materiales probatorios, presuntamente los retuvo, los ató de pies y manos, los amenazó con asesinarlos y los mantuvo durante 15 días en una vivienda rural de Briceño. Las víctimas lograron escapar y denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía.
En el curso de la investigación se conoció que, desde enero de 2026, alias “Primo Gay” habría dejado las disidencias para incorporarse al Clan del Golfo. Allí, al parecer, continuó con actividades delictivas contra la población civil y antiguos integrantes del grupo al que perteneció. Por otro lado, información de Inteligencia Militar señala que, en un comunicado publicado en julio pasado, el frente 36 de las disidencias de “Calarcá” habría anunciado la expulsión de Uñates López por sus presuntos vínculos con el grupo rival.
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Otro de los hechos que se le atribuyen a Uñates López es el derribo del helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías, el 21 de agosto de 2025, en Amalfi (Antioquia). La aeronave era propiedad del Gobierno de Estados Unidos, país que investiga el caso y ofreció una recompensa de hasta USD 5 millones. Según Noticias Caracol, fuentes que colaboran con el FBI aseguraron que la zona había sido sembrada con cilindros bomba dos años antes y que las pilas de los dispositivos de activación remota se reemplazaban una vez al año.
Alias “Primo Gay” también es señalado de tener relación con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director del medio El Confidente, de Yarumal, quien cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército, así como el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia. El 5 de mayo, el comunicador salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño, y esa fue la última vez que su familia supo de él.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, hombres armados lo interceptaron y lo llevaron a la escuela de un caserío. Allí, alias “Víctor Chalá” lo habría interrogado y revisado su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército. A partir de ese hallazgo, lo habría acusado de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información. Ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco y asesinarlo. Días después, el 8 de mayo, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo, mientras que el celular y los documentos del periodista nunca aparecieron.
El pasado 12 de septiembre, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias “Víctor Chalá” los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de delitos relacionados con armas. El hombre no aceptó los cargos.
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