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29 Jan 2022 - 2:10 a. m.

¿Era necesario declarar el ECI para los exfarc? La otra postura de la Corte

Una reñida votación en la Sala Plena de la Corte Constitucional fue la prueba de una división de posturas sobre la declaratoria de la violación masiva de derechos de los excombatientes de las Farc. Cuatro de los juristas confirmaron que hubo vulneración, pero no ameritaba declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
¿Era necesario declarar el ECI para los exfarc? La otra postura de la Corte
¿Era necesario declarar el ECI para los exfarc? La otra postura de la Corte
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Alberto Rojas y Gloria Ortiz coincidieron con la decisión mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional que había vulneración de derechos a los excombatientes de las Farc, en especial en materia de seguridad en su paso a la vida social. Los juristas no se opusieron a algunas de las directrices dadas al Gobierno, pero consideraron que no era necesario declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

El magistrado Ibáñez en un documento de siete páginas consignó no estar de acuerdo con la declaratoria porque “esa figura -de construcción jurisprudencial-, no está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano”. Para el jurista, pese a que desde que se constituyó la Corte se ha analizado casos de latente vulneración a los derechos y la falta de cumplimiento de órdenes por parte del Gobierno de turno, el mecanismo de ECI no tiene una regulación constitucional, ni legal.

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“El Estado de Cosas Inconstitucional ha sido creado mediante decisiones de carácter judicial a partir de la interpretación sobre la competencia del juez de tutela con el objeto de dictar órdenes y hacer el seguimiento de las mismas para resolver problemas estructurales que vulneran o amenazan múltiple y masiva derechos fundamentales. Sin embargo, la Constitución Política, ley estatutaria de la administración de justicia, los Decretos 2067 y 2591 de 1991 ni ninguna otra disposición legal, regula las competencias de la Corte Constitucional para constatar, declarar, hacer seguimiento y posteriormente declarar superado un estado de cosas inconstitucional”, dijo el magistrado.

Para Ibáñez está claro que sea cual sea la gravedad de la situación, el ECI como herramienta dirigida a resolver un problema estructural, no puede generar otro a través de la usurpación de competencias que le son totalmente ajenas a un órgano judicial. A su juicio, el objetivo de un ECI no consiste en que la Corte reemplace en sus funciones a las Ramas Legislativa o Ejecutiva o a los demás órganos autónomos del Estado. Tampoco se trata de diseñar o implementar políticas ni de dictar normas, sino de guiar al Ejecutivo y darle herramientas para poder superar los problemas.

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“De admitirse la figura del ECI, ella está llamada a existir por el menor tiempo posible, mientras se logra cumplir con su finalidad que es la de ayudar a superar los problemas estructurales que impiden la protección de los derechos humanos. La permanencia de la figura o su utilización por lapsos excesivamente prolongados, no solo la desnaturalizan sino que atentan contra el principio de distribución y el equilibrio de los órganos que integran el poder público que establece la Constitución”, resaltó en el escrito.

El magistrado Rojas Ríos no se aportó de la visión de su compañero. Coincidió en que existe vulneración de derechos en los excombatientes de las Farc, incluso, que “entraña un caso complejo de violación de derechos humanos, al punto que están en una situación delicada que obliga al Estado a garantizar el respeto irrestricto de la vida, integridad y actividades políticas de las personas desmovilizadas y sus familias. Sin embargo, ese escenario no alcanza a configurar los requisitos que exige la jurisprudencia para declarar un ECI. La Corte ha constatado que esa figura se emplea para identificar una vulneración generalizada de derechos fundamentales respecto de un número plural de personas causada por fallas estructurales”.

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Para Rojas Ríos las ocho tutelas que llevaron a analizar la situación de los excombatientes de las Farc no son suficientes para llegar a una declaratoria del ECI. Según el jurista, la sentencia no satisface cuantitativamente el requisito de los reclamos vía tutela, ni tampoco identificó que esa vulneración hubiese sido el resultado de una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar derechos.

El magistrado, que culmina su periodo en febrero próximo, resaltó que por lo general los fallos de tutela del alto tribunal impone sendas directrices que deben ser acatadas por las entidades demandadas. De ahí que considere que un ECI es una “valiosa herramienta” que sirve para romper el “marasmo institucional” que se produce cuando hay una vulneración sistemática derechos humanos.

De otro lado, las magistradas Paola Meneses y Gloria Ortiz salvaron parcialmente su voto. Si bien acompañaron la decisión de amparar los derechos de los exmilitantes de las Farc, también se apartaron de la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional, así como de la creación de una Sala Especial de Seguimiento y de la mayoría de las órdenes.

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En concreto, las magistradas consideraron que la decisión mayoritaria declaró la existencia de un ECI sin que estuvieran acreditados los “presupuestos jurisprudenciales” que el alto tribunal ha construido durante varios años. De igual manera, las órdenes proferidas implicaron la ampliación del objeto de la tutela y la extensión injustificada de la decisión judicial a otros componentes del Acuerdo de Paz.

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Estimaron que la intervención de la Corte en este asunto generó obligaciones de corto plazo para el Gobierno en distintas materias, sin tener en cuenta que el pacto firmado en la Habana contiene mandatos progresivos que deben cumplirse en tres periodos presidenciales. Las magistradas, así como Rojas Ríos, además, estimaron que la decisión mayoritaria no logró demostrar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ni tampoco acreditaron la violación masiva y generalizada de los derechos de los excombatientes.

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