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La Corte Suprema de Justicia ya empezó a moverse en el escándalo del momento. El magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción tomó varias decisiones este miércoles 8 de mayo, en medio del caso por los supuestos hechos de corrupción que rodearon varios contratos de la Unidad Nacional de Gestión y Desastres (Ungrd). De entrada, llamó a declarar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.
El caso llegó al alto tribunal, luego de que uno de los protagonistas del escándalo señalara que existió una supuesta entrega de dineros a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, para que apoyaran las reformas del Gobierno Petro en el Congreso. Ambos han negado tajantemente su vinculación al caso de corrupción que tiene hasta al presidente Gustavo Petro hablando del tema. Según la Corte, la investigación en contra de los congresistas inicia con la hipótesis de que se habrían cometido los delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito.
El responsable de ese señalamiento fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien está buscando negociar beneficios judiciales en la investigación que en su contra adelanta la Fiscalía. Según su relato, al senador Name le habría entregado $3.000 millones y al representante Calle un total de $1.000 millones. Por eso, la Sala de Instrucción tiene la tarea de investigar estos supuestos hechos de corrupción.
Además de pedir la declaración de Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, la Corte Suprema cito también al actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien renunció el viernes pasado en medio de este terremoto político y judicial. Además de las citaciones a declarar, el magistrado Farfán ordenó otras labores de investigación.
Por ejemplo, hará tres inspecciones claves. La primera será a las instalaciones de la Ungrd para obtener de primera mano la información de los contratos para los carrotanques para La Guajira, uno de los negocios que, al parecer, habrían tenido sobrecostos que sirvieron para pagar sobornos. La segunda será a la Procuraduría también para recopilar datos del caso. Y la tercera será en el Congreso, puntualmente para obtener las certificaciones de fuero de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Para finalizar, el alto tribunal informó que ya inició “los acercamientos con la fiscal general para consolidar el desarrollo armónico de las presentes investigaciones”. En ese escenario, el búnker lleva casi cuatro meses en pesquisas para consolidar el expediente judicial del momento. Lo que empezó como un caso de corrupción en sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira, en medio de la emergencia que declaró el presidente Petro, va ya en que dos de sus protagonistas están negociando con la Fiscalía para acceder a beneficios penales.
Uno de ellos es Sneyder Pinilla, y el segundo es Olmedo López, exdirector de la Unidad y ficha del gobierno Petro en esa entidad. Según ambos exfuncionarios, tienen suficientes pruebas para demostrar los actos de corrupción en varios procesos de contratación en la Ungrd, así como la supuesta participación de los congresistas Name y Calle, y de otros trabajadores de la entidad.
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