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Ad portas de las elecciones presidenciales, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció que cancelaba una visita al Eje Cafetero por motivos de seguridad. Según un comunicado público, su equipo conoció de un presunto plan para atentar contra su vida que se estaría gestando en esta región. De hecho, Petro señaló a una temida organización criminal de herencia paramilitar que ha sido vinculada a un sinnúmero de crímenes en Risaralda: La Cordillera.
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La Policía le contestó a Petro, diciendo que “hasta el momento, no tiene ninguna información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del movimiento Pacto Histórico”. Sin embargo, anunció que envió el comunicado a la Fiscalía “con el fin de verificar, desde su competencia, las denuncias que allí se formulan, incluyendo la supuesta amenaza del grupo criminal La Cordillera”.
Esta organización criminal es bien conocida por las autoridades. Dedicada principalmente al sicariato y al tráfico de estupefacientes en Risaralda, La Cordillera ha sido vinculada con asesinatos selectivos, amenazas a líderes sociales y un homicidio que causó revuelo en el paro nacional de 2021: el del estudiante Lucas Villa, ocurrido al finalizar una jornada de manifestación en el viaducto que conecta a la ciudad de Pereira con el vecino municipio de Dosquebradas, relacionado en documentos oficiales como la sede de operaciones del grupo delincuencial.
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Los primeros registros de la amenaza de La Cordillera la vinculan con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Al parecer, tras su extradición a Estados Unidos, dos hombres con los alias de Marulo y Niño Fabián, que serían de su entera confianza quedaron al frente de esta organización criminal. Tras más de una década viviendo de las rentas ilegales en el Eje Cafetero, el grupo persiste en amenazas y, según la Defensoría del Pueblo, se ha expandido y consolidado en los últimos meses.
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Una alerta temprana que emitió la Defensoría en enero de 2022 asegura que La Cordillera se ha atornillado en Dosquebradas y ha ganado terreno, “permitiéndoles el control de zonas estratégicas para el expendio de estupefacientes al menudeo, tránsito y distribución de armas y otras economías ilegales como, los préstamos bajo condiciones de usura (al 10%) llamados ‘gota a gota’, ‘cadenas de ahorro’, tributos ilegales a cambio de ‘seguridad’ y el cobro de extorsiones (vacunas)”.
Una investigación de la Fiscalía señaló a esta organización de desplazar forzadamente a quienes no pagaran las cuotas del ‘gota a gota’. Asimismo, que, con las rentas de esa forma de enriquecimiento ilícito, los jefes de la organización criminal se habrían comprado camionetas gama alta y lujosas casas. Otros negocios ilícitos que incluyen expendios de drogas ilícitas en zonas vulnerables, según la Defensoría, “se camuflan bajo economías legales tales como: casas de apuestas, lotería, y comercio, tanto formal como informal”.
La Defensoría añadió en su alerta temprana señala que La Cordillera estaría explotando la vulnerabilidad de migrantes venezolanos asentados en Risaralda para que hagan de sicarios, campaneros e informantes a servicio de la organización. Y el Ministerio Público registró el caso de una lideresa social afrodescendiente que se tuvo que desplazar tras recibir amenazas de este grupo delincuencial. Episodio que se suma a los de otros tres líderes sociales de Risaralda que recibieron amenazas durante 2021 y están convencidos de que vinieron desde La Cordillera.
Hasta el Gobierno ha reconocido la amenaza que representa La Cordillera. En enero de 2022, el ministro del Interior, Daniel Palacios, acudió a Dosquebradas para hacerle seguimiento a la alerta de la Defensoría. Allí le envió un duro mensaje al alcalde del municipio: “Es importante que tanto la Fiscalía como la Fuerza Pública sigamos en esa acción de debilitar a esa estructura hasta llegar al punto de poder decir oficialmente que salió de la retina de los habitantes de Dosquebradas. Esto se tiene que volver una obsesión suya, alcalde”. A la fecha, como se percibe con la amenaza a Petro, esa “obsesión” no se ha materializado en una desarticulación del grupo criminal.
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