En una pequeña caja envuelta en papel de regalo estaba empacada cuidadosamente una muñeca de cara sonriente. La muñeca estaba desmembrada. En todo su cuerpo tenía marcas de quemaduras, algunas hechas con cigarrillos. Al fondo, la caja contenía una nota escrita a mano: “Usted tiene una familia muy linda, cuídela, no la sacrifique”.
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La macabra escena llenó de un terror profundo a Soraya Gutiérrez, la primera mujer presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización que lleva más de 30 años dedicada a la defensa de derechos humanos.
Esa fue solo una de las amenazas que en seguidilla recibieron los miembros de esa colectividad por agentes del Estado entre los 90 y años 2000. Fue una década de hostigamientos y perfilamientos que se tradujeron en exilios y en una vida de constante miedo para esos defensores de derechos humanos que se dedicaron a defender casos de víctimas del paramilitarismo y de violencia estatal.
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Y, por la participación de miembros del Ejecutivo de la época y de la fuerza pública en esa época de terror para los defensores, Colombia reconocerá su responsabilidad y pedirá perdón en un acto público hoy en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en el marco del cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La histórica sentencia emitida en marzo de 2024 ordenó 16 medidas de reparación integral, incluyendo un mea culpa.
Durante la lectura de sentencia, la Corte IDH agregó que el Estado colombiano vulneró al Cajar los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad y a las garantías judiciales.
También, a la protección judicial, a la libertad de asociación, a la libre circulación, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y a defender los derechos humanos.
Dentro de los principales casos que representaba el colectivo y que generaron todo tipo de amenazas había procesos relacionados con graves crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, o casos como los de las masacres de Uvos (1991) y Caloto (1992). Los expedientes señalaban vínculos ilegales entre el Ejército y los grupos paramilitares.
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Si bien este acto de perdón fue concebido como una forma de reparación, para Yessika Hoyos, hoy presidenta del Cajar, también es una representación de que el Estado colombiano se quedó corto frente a todo lo que tuvieron que atravesar.
“Este acto nunca tenía que haberse dado. En un país que pregona ser uno democrático, no debieron haber ocurrido estos hechos. Tuvimos que acudir a la Corte porque en Colombia hubo una impunidad muy grande frente a todos los hechos de hostigamiento, persecución, tortura psicológica que tuvieron que enfrentar los defensores integrantes del Cajar y sus familias”, señaló.
A eso se le suma el pendiente de poner en marcha las otras medidas que dictó la Corte y que siguen siendo el constante reclamo de las víctimas. Entre ellas, la orden de adecuar la ley de inteligencia y contrainteligencia y los manuales militares.
Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia llevar a cabo la investigación de los hechos de violencia contra las víctimas y la depuración de los archivos de inteligencia. Hasta ahora, el primer y único paso en dos años, desde que se dictó la sentencia, ha sido realizar el acto de perdón y reconocimiento en plaza pública, a la que se espera que asista el presidente Gustavo Petro.
La violencia por la que el Cajar fue reconocido como víctima
Como si se tratara de una lista, Rafael Barrios enumera uno por uno los hechos violentos de los que fue víctima por ser el cofundador del colectivo de abogados. Cuenta que primero le investigaron toda la vida; segundo, a su familia la amenazaron para que dejara de ser defensor de derechos humanos; pero el tercer hecho fue el que más lo marcó.
“En esa época tenía un Renault 4, lo parqueaba en la brigada militar en la 106 con séptima. Un día salí de los juzgados y noté un ruido de latas, un sonido de metal en el carro, entonces iba despacio. Lo llevé al taller y el mecánico me dijo: ‘Usted se salvó de puro milagro porque le aflojaron las tuercas de las llantas’. Si hubiera cogido carretera, no estaría contando el cuento”, contó.
En ese contexto de amenazas y ataques directos contra los abogados, el punto más crítico de la violencia contra el Cajar se dio en la década de 1990, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hizo inteligencia a los miembros del colectivo: desde la revisión de sus correos electrónicos, hasta la interceptación ilegal de sus teléfonos, lo que llevó a un perfilamiento de todos los defensores de derechos humanos, así como a sus familias.
Según determinó la Corte IDH, estas acciones fueron completamente ilegales y no tuvieron control judicial. A eso se le sumó una fuerte estigmatización y persecución que llevó a varios de ellos al exilio. A raíz de esta ola de violencia, la Corte reconoció los graves impactos que sufrieron producto de las amenazas, agresiones y hostigamientos.
El fallo, más allá de respaldar las denuncias de las víctimas que por más de 30 años sufrieron violencia por su labor, también reconoce la falta de garantías para la defensa de derechos humanos en el país.
Para Yessika Hoyos es urgente que se cree una política pública de garantías para estos defensores. “Falta un respaldo total de todos en el Estado para que no siga la estigmatización, para que cada vez que se hagan protestas o se reclame un derecho, no se diga públicamente que detrás hay un grupo armado organizado. Que la defensa de los derechos no nos cueste la vida”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
