Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Estado colombiano finalmente indemnizará a la congresista Jahel Quiroga Carillo por la falta de protección y el acoso sistemático que sufrió en la década de los 90 cuando era parte de la Unión Patriótica (UP) y los integrantes de ese movimiento político que fueron exterminados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio el visto bueno al acuerdo entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la senadora y su familia.
Podría interesarle: Capturan a alias “Malayo”, jefe armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra
El acuerdo se hizo por los perjuicios morales y daño a la salud que sufrieron la congresista, sus dos hijos y su nieta. El Tribunal aprobó el acuerdo teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que el Estado colombiano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
Le recomendamos: Magistrada Lombana calificó los señalamientos de Benedetti como un “agravio a la justicia”
En la decisión se lee que para la aprobación del acuerdo se tuvo en cuenta el “patrón sistemático de persecución que se prolongó por más de dos décadas (1998-2021)”, incluyendo amenazas, actividades de inteligencia ilegal por parte del DAS y el homicidio de un escolta de Quiroga. “Aprobar acuerdo conciliatorio prejudicial realizado el 7 de mayo de 2026, suscrito entre la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado y los convocados Jael Quiroga Carrillo, María Del Carmen Santiago Quiroga, Cesar Augusto Santiago Quiroga y Jahel Del Carmen Santiago”, reza en la decisión del Tribunal.
Desde 2023 la CIDH determinó que “el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, a las garantías judiciales y a la protección judicial” de Quiroga y su familia. El patrón del que fueron víctimas “incluyó amenazas persistentes, actividades de inteligencia ilegal, el homicidio de su guardaespaldas, intento de homicidio en su contra y hostigamientos que se extendieron a su núcleo familiar y al exilio temporal de sus hijos”.
Lea también: Ministro de Defensa hace aclaraciones sobre la muerte de alias “Marlon”
Durante las investigaciones se determinó que “las labores de inteligencia que tuvieron como objeto a la peticionaria poseían fines ilegítimos e inconvencionales ya que se trataron de actividades de reunión y análisis de información que identificaron como blanco a la Sra. Quiroga Carrillo que se realizaron de manera arbitraria por la razón de pertenecer a una organización de defensa de los derechos humanos”.
En su decisión, la CIDH dijo que “el Estado no ha realizado una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos, a la individualización de los responsables y a desentrañar las fuentes de riesgo que enfrentaba la Sra. Quiroga Carrillo”.
Quiroga inició como militante de la UP en Barrancabermeja (Santander), donde fundó el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Llegó al Concejo de Barrancabermeja en dos ocasiones, pero en su segundo periodo su secretaria, Blanca Durán, fue asesinada por sicarios que la confundieron con ella en 1991. Desde entonces estuvo exiliada en Estados Unidos y regresó en 1993 a Colombia. Ese mismo año fundó la Corporación Reiniciar para documentar el genocidio contra su partido.
Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) llevaron el caso hasta la CIDH y el Estado colombiano fue condenado por esa Corte por el exterminio en 2023.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
