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Aunque la Corte Constitucional dejó con vida la ley de Paz Total, que permite al Gobierno Petro negociar con bandas criminales, disidencias de las FARC y guerrillas, —como se viene haciendo desde el comienzo de su mandato—, puso varias condiciones sobre la mesa, como el hecho de declarar inconstitucional la excarcelación de los voceros de paz. Sobre ese punto, el fiscal Francisco Barbosa advirtió este viernes que solicitarán órdenes de captura a los voceros de paz a quienes se les había otorgado la libertad, pero sobre los que considera que se pasó por encima de la independencia de poderes.
Según Barbosa, el fallo del alto tribunal le da la razón: “No era posible que de un plumazo presidencial se sacará a delincuentes de la primera línea de la cárcel”, dijo el fiscal desde Neiva, donde participó del Encuentro Académico de la Jurisdicción Disciplinaria
Y agregó: “La Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y seguramente los fiscales en el marco de su autonomía solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron como voceros de paz y se les concedieron esas libertades. Estamos haciendo el balance de esas personas que salieron como voceros de paz”.
La Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, contenía en el artículo 5 un parágrafo que decía: “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere, puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”. Con la aprobación de la ley de en diciembre pasado, el Gobierno de Petro nombró a esos voceros de paz, algunos de los cuales estaban detenidos por ser de la llamada ‘primera línea’ de las protestas por el estallido social de 2021.
Los nombres de esos voceros salieron de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana —creada también en diciembre con el decreto 2422 de 2022—. Esa instancia, en el marco de la paz total, pretendía que los delegados hicieran recomendaciones al presidente sobre quiénes podían ser candidatos a voceros de paz, es decir, personas que estuvieran privadas de la libertad y que pudieran contribuir a procesos urbanos.
Según fuentes cercanas a ese proceso, en total 17 personas fueron seleccionadas para esas vocerías y sus nombres fueron enviados a jueces que, finalmente, decidieron concederle la libertad, solo cuatro de ellos: Briam Andrés Cabrales Jaramillo, David Esteban López Barrera, Adriana Esperanza Bermeo Sua y Santiago Márquez Charris. Estos dos últimos fueron los primeros en salir de la cárcel.
Márquez es un joven de 19 años, estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y quien estuvo detenido en la cárcel de alta seguridad de Palogordo en Girón (Santander). Los delitos por los que lo acusaron desde noviembre de 2021, en medio del estallido social, fueron concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación del medio ambiente, entre otros.
Lea: Las claves para entender el fallo que dejó con vida la paz total de Petro
Para Barbosa, si bien la Fiscalía había aceptado levantar órdenes de captura a miembros del ELN y las disidencias de las FARC, —amparado dentro del carácter político de las organizaciones y en que son gestores de paz, una figura distinta a los voceros—, esa excepción no aplica con los voceros de paz, que son personas que no hacen parte de grupos armados organizados, para los que considera necesaria una ley de sometimiento. Esta ley ya fue anunciada por el Gobierno Nacional, pero apenas irá al Congreso de la República.
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