Durante siete días de audiencia, ocho exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc y 13 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 hablaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre 48 hechos violentos cometidos por ese grupo armado en departamentos del Caribe colombiano. Esto, en el marco del caso 10 de la justicia transicional, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la organización ilegal.
La audiencia, que estuvo presidida por la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, contó también con la participación de 78 víctimas acreditadas de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre. Todas, golpeadas por crímenes cometidos por el antiguo Bloque Caribe de las Farc, que, según la ley, no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados por la justicia transicional.
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Los exintegrantes del Estado Mayor del Bloque Caribe que asistieron son Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”; Gilberto de Jesús Giraldo David, o “Aldemar Altamiranda”; Héctor Enrique Hernández López, alias “Fabio Borges”; Osmany Landero Fajardo, o “Hernando González”; Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias “Manuel Ortiz”; Germán José Gómez López, o “Lucas Urueta”; y Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias “Leonardo Muñoz”. También Hermes Francisco Osorio Reyes, conocido como “Daniel King”.
Durante la diligencia, los exguerrilleros respondieron por su participación en masacres, homicidios, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonal, daños a la infraestructura, tomas guerrilleras y atentados cometidos desde el año 1996. Hechos tan graves como el llamado “burro bomba” detonado cerca a la estación de Policía de Chalán (Sucre), que dejó más de diez policías muertos. Estos son algunos de esos graves episodios.
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El “burro bomba” de Sucre
El caso del ataque a la estación de Policía del municipio de Chalán (Sucre) es uno de los cuales los exjefes guerrilleros hablaron durante la audiencia de rendición de versión libre. El hecho ocurrió el 12 de marzo de 1996 y fue perpetrado por el frente 35 de la antigua guerrilla de la Farc. El grupo armado utilizó al animal, camuflando 50 kilos de explosivos en una carga de plátanos que este llevaba a su lomo.
El burro fue ubicado cerca a la estación de Policía y la carga de explosivos fue activada por medio de un control remoto. Ese hecho causó la muerte de 11 policías de la localidad, un guerrillero y, por supuesto, del animal. Luego de eso, los guerrilleros abrieron fuego en contra de los uniformados. “Los policías se habían rendido después de que se les acabó la munición. Además, los cuerpos de dos uniformados fueron incinerados en la estación de Policía”, reseñó la JEP.
El hecho fue denominado por la justicia transicional como un delito de perfidia, pues fue una infracción al Derecho Internacional Humanitario, calificada como un crimen de guerra en el cual se engañó “para obtener una ventaja sobre un enemigo en el marco de la guerra”. Durante la audiencia, Osmany Landero señaló: “Es un acto que nosotros reconocemos. Con esto se le hizo mucho daño a la población civil. Sentimos esto con el pueblo y estamos reconociendo este dolor”.
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Noche de fuego en Los Palmitos
En la noche del miércoles 22 de octubre de 1997, antes de las elecciones regionales de ese año, hombres del frente 35 de la antigua guerrilla de la Farc llegaron al municipio de Los Palmitos (Sucre), aledaño a los Montes de María. Los guerrilleros aprovecharon la soledad y el silencio nocturno para instalar tres cargas de explosivos cerca a las sedes de la Registraduría, la Notaría y la sede política de Verena Gómez, candidata a la alcaldía.
La detonación de las cargas de explosivos, por fortuna, no dejó personas muertas. Pero sí causó graves daños en las construcciones del centro de la población. Las investigaciones de entidades como la Comisión de la Verdad y la propia JEP han dicho que estas explosiones, más que asesinar a civiles o uniformados, tenían la intención de crear pánico en la población y boicotear los comicios regionales de 26 de octubre de ese año.
Registros de la prensa de esa época señalan que durante toda la noche los guerrilleros estuvieron en el pueblo, haciendo disparos al aire y gritando arengas en las que advertían a los habitantes de Los Palmitos que no debían acudir a las urnas ese domingo. También pintaron mensajes alusivos a las Farc y amenazas de muerte a quienes votaran, en la fachada de la parroquia de la población y de varias de las viviendas del pueblo.
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La sangrienta toma de Córdoba
Entre el 3 y el 4 de agosto de 1998, los habitantes del municipio de Córdoba (Sucre) estuvieron a merced de la barbarie y la sevicia de la antigua guerrilla de las Farc. Al menos 200 hombres armados se tomaron la población, a la que para entonces solo se podía llegar desde Zambrano o Carmen de Bolívar (Bolívar). Cinco civiles fueron asesinados por los guerrilleros y cinco policías quedaron gravemente heridos. Tres personas fueron secuestradas y otras tres desaparecidas.
“Esa vez afectaron la estación de Policía, atacaron la alcaldía y otras construcciones con artefactos explosivos. Además, instalaron retenes en las vías cercanas, donde detuvieron a periodistas y funcionarios públicos”, reseñó la JEP sobre la que fue, según los registros históricos, la primera gran toma guerrillera que sufrió el municipio de Córdoba durante esa década sangrienta para todas las poblaciones del Caribe colombiano.
La prensa de la época destacó en ese momento que el municipio de Córdoba, a pesar de estar en las estribaciones de los Montes de María, durante años estuvo blindado de la acción de los grupos armados. Pero en agosto de 1998, ese blindaje se rompió y tras la toma guerrillera, las autoridades locales y los habitantes organizaron una marcha por la paz en Cartagena, se trasladaron hasta allá y se movilizaron por la liberación de los secuestrados.
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Terror en Cartagena y Barranquilla
Además de la violencia en pequeños municipios y corregimientos, o contra poblaciones rurales, los exintegrantes de las Farc hablaron en la audiencia reciente sobre su participación en hechos violentos que sembraron el terror en algunas de las capitales más importantes del Caribe, como Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico), entre los años 2002 y 2003.
En Cartagena hablaron sobre la bomba contra el Edificio Inteligente Chambacú, donde funcionaban las oficinas de la empresa Electrocosta. El 19 de abril de 2002. Sobre las 5:30 de la tarde explotó la primera carga de explosivos, oculta en una matera con palmeras a la entrada del edificio. Uno de los vigilantes y una empleada murieron. Hora y media después, en el barrio Manga, tres policías intentaban desactivar otro explosivo instalado en otra sede de Electrocosta. La carga se activó, dejó a dos uniformados heridos y el otro murió. Ambas construcciones quedaron destruidas.
Sobre Barranquilla se refirieron a la arremetida de atentados que sembraron el horror en la tarde del 16 de diciembre de 2003. Dos explosivos instalados en dos sedes de los almacenes Olímpica y uno más en el almacén Viveros, que a esa hora estaban llenos de personas que hacían compras navideñas, cobraron la vida de una joven de 18 años y dejaron a 65 personas heridas. “Fue un golpe seco, solo veía una humareda. No sabía qué hacer, era como si todo se acabara, de pronto me vi en el suelo, me dolía todo el cuerpo y tenía sangre”, le contó Jairo Barraza, una de las víctimas, a la prensa de la época.
“Nosotros defendíamos al pueblo y luchábamos por un pueblo, pero aquí hay una contradicción, porque también se generaron afectaciones al mismo pueblo. Las dimensiones del daño son incalculables”, dijo Luis Alejandro Cuadras durante la audiencia. “Algo que nosotros no medíamos es el nivel de afectación que podía tener la población que no está acostumbrada a escuchar bombas, balas, gritos”, concluyó Abelardo Caicedo.
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Tras esas audiencias recientes, los exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc se presentarán a una nueva diligencia que se desarrollará del 2 al 4 de diciembre en Sincelejo (Sucre). Ese día seguirán hablando sobre los crímenes cometidos por el Bloque Caribe. Luego, las víctimas podrán formular sus observaciones a los comparecientes, la información que resulte de esas contrastaciones de la JEP, le servirá a la Sala de Reconocimiento para definir el listado de máximos responsables.
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