Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional de La Guajira imputó a tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a otras cuatro personas por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Esto, por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría afectado la contratación destinada a la atención de la primera infancia y de mujeres embarazadas en comunidades indígenas y rurales en Riohacha y Manaure.
Los exfuncionarios presuntamente involucrados en este entramado de corrupción fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas. Asimismo, los particulares vinculados son Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
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¿Cómo funcionaba el presunto entramado de corrupción?
El ente investigador señaló que los hechos están relacionados con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 por la Seccional La Guajira del ICBF y una asociación privada. Este convenio tenía como objetivo la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial para comunidades indígenas.
Según la investigación de la Fiscalía, los exfuncionarios del ICBF Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por el particular Barliza Rivera. Con esto, habrían desviado millonarios recursos públicos.
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“Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras”, señaló el ente investigador. Asimismo, indicó que los documentos registraban “incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones”.
Además, estos documentos presuntamente habrían sido utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero. De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los COP 860 millones.
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Así lo dio a conocer la fiscal durante la imputación de los delitos: “Ustedes, Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, permitieron que Barliza Rivera se apropiara de manera irregular de la suma de COP 860 millones, ya que se ha podido determinar, con probabilidad de verdad, que revisaron y aprobaron el pago de 12 actas con sobrecostos en el componente de alimentación”. Ninguna de estas personas aceptó los delitos imputados.
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